Montoya se niega a reconocer víctimas de ejecuciones

EFE | COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El general retirado Mario Montoya, que fue comandante del Ejército, no reconoció ayer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a 102 víctimas de los casos de ejecuciones por los que se le juzga.

"Lo hemos reiterado muchas veces, la JEP es nuestro juez natural y ante este juez empezaremos a demostrar la absoluta inocencia del general Montoya", dijo el abogado del general, Andrés Garzón.

Montoya, que tiene investigaciones por "falsos positivos", como se conoce en el país a las ejecuciones de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate, firmó el formato de sometimiento a la JEP el 17 de julio.

La audiencia de ayer, en la que se iba a formalizar el sometimiento del general en retiro, fue suspendida luego de cuatro horas debido a que no hubo el reconocimiento de las víctimas.

El abogado de los familiares, Germán Romero, exigió que fueran reconocidos como víctimas, pero la defensa de Montoya insistió en que este no puede responder por los crímenes cometidos por sus subalternos.

"La defensa de Mario Montoya ha manifestado una situación del absurdo y es que no se reconozca a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales porque, según su criterio, al ser comandante del Ejército entre el 2006 y el 2008, no tenía capacidad de mando sobre las unidades tácticas y menores que cometieron tales crímenes", dijo al respecto Romero.

Durante la sesión se leyeron indagaciones que se realizan en la justicia ordinaria contra el oficial por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, entre 2007 y 2008, además de excesos en la operación Orión en Medellín en el 2002.

Las indagaciones son adelantadas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en donde el coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal mencionó el nombre del general Montoya en casos como el de Saleth de Jesús Caldera, quien fue víctima de una ejecución en el corregimiento de Sincé (Sucre) el 29 de enero del 2008, cuando Borja comandaba la Fuerza de Tarea Sucre. Este oficial en el 2002 confesó su responsabilidad en 57 ejecuciones, por los que fue condenado a 40 años de prisión.

El segundo caso que se mencionó fue el de los presuntos excesos en la operación Orión, desarrollada por el Ejército, la Fuerza Aérea, el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Fiscalía y la Policía Nacional, con el fin de enfrentar a los grupos armados (paramilitares, Farc, Eln) que delinquían en la Comuna 13 de Medellín, desde el 16 de octubre del 2002.

Sin embargo, días después empezaron a denunciarse presuntos delitos como los que sufrieron Jhon Wilmar Rodríguez Cartagena y Germán de Jesús Montoya, heridos el 17 de octubre; Juan Carlos Cano Giraldo, Elkin de Jesús Ramírez Vélez, fueron asesinados ese mismo día; también fueron reportados como desaparecidos Arles Edisón Guzmán Medina, Dani Ferney Quiroz, Iván de Jesús Herrera, Blanca Lilia Ruiz Marín, Jhon Fredy Sánchez Castrillón y Diana Marcela Granada; mientras, Carlos Mario Muñoz fue torturado.

Otras indagaciones que se mencionaron tienen que ver con los casos de Francisco Segundo Sierra Salazar y Víctor Alfonso Pérez Osorio, asesinados el 3 de diciembre del 2007 en Turbo, Antioquia; Daniel Suárez Martínez, 5 de diciembre (Ocaña); Jorge Luis Villanueva, 6 de diciembre (Guatapurí - Cesar); Camilo Andrés Valencia, 7 de diciembre (Abrego – Norte de Santander); y así se mencionaron en total 60 casos de ejecuciones en los que los familiares de víctimas esperan respuestas del general (r) Montoya.

“Hoy es un día histórico para las víctimas, que durante muchísimo tiempo han escuchado explicaciones sobre ‘hechos aislados y manzanas podridas’, siendo que para nosotros se trató de una decisión institucional. Nosotros queremos que Mario Montoya Uribe reconozca su participación en esto y establezca la responsabilidad de móviles, autores intelectuales y materiales por las graves violaciones de derechos humanos de las que sería responsable. Tenemos esperanza de que en la JEP llenen los vacíos de la justicia ordinaria para hacer justicia para las víctimas”, expresó Álvaro Frías Cruz, integrante del Colectivo Orlando Fals Borda.

En un sentido similar se pronunció Beatriz Méndez Piñeros, madre y tía de tres víctimas de ejecuciones cometidas en el sur de Bogotá, en el 2004.

“Necesitamos que el general (r) Montoya diga la verdad que nosotros queremos, no la que ellos tienen preparada. Él debe delatar a sus superiores, porque él fue cabeza del Ejército en el tiempo que ocurrieron estos atroces crímenes, qué diga quién le dio órdenes, porque no se mandaba solo. El general debe ayudar aliviar la zozobra que hemos sufrido las madres tras el asesinato de nuestros hijos desde hace más de 10 años”, expresó.

Frente a la sede de la JEP, en Bogotá, afectados por las ejecuciones se presentaron con pancartas y gritaron arengas en contra de Montoya, entre los artífices de la Operación Jaque en la que fueron liberados secuestrados por las Farc.

"Queremos que Montoya diga la verdad", gritaron los manifestantes.

La JEP deberá fijar una nueva fecha para la audiencia de Montoya en la que se oficializará su sometimiento a esa justicia.