Minería colombiana carece de institucionalidad

Durante la presentación del libro ‘Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista’, por parte de la Contraloría General de la República, varios expertos y analistas que participaron en su publicación advirtieron los riesgos de la ausencia de una institucionalidad regulatoria.

Asimismo, la contralora general, Sandra Morelli, denunció políticas públicas paralelas que podrían entrar en conflicto en su ejecución con el uso de la tierra en Colombia: “Si las mismas tierras de reparación de víctimas terminan siendo las que están destinadas a las concesiones mineras vamos a tener un conflicto. La misma cobija no va a alcanzar para tapar tantas personas”, dijo.

Investigaciones de la entidad de control determinaron que esta situación origina desplazamiento en la medida en que el titular de la tierra cede su derecho para dar lugar a la explotación minera, además de presencia de bandas criminales que administran la actividad. Algunos casos detectados por el estudio están relacionados con el lavado de activos, por ejemplo el de la frontera entre Chocó y Antioquia, donde encontramos una serie de prácticas que muestran que un departamento que no es productor aparece como tal y unas empresas que registran como productoras de una renta que no han creado, situación que ya se denunció a la Policía, la Fiscalía y la Dian.

En ese sentido Morelli propuso una evaluación global de las políticas que tienen que ver con el uso de la tierra, pues el actual mapa geopolítico revela que las zonas de explotación minera coinciden con las áreas de desplazamiento y altos niveles de pobreza que “a su vez coinciden con las tierras más fértiles que son las destinadas al desarrollo agropecuario y agrícola”.

Los autores del libro, invitados como panelistas, se cuestionaron las promesas de desarrollo frente a riesgos como violación del ordenamiento territorial, tensión entre sectores productivos, extracción irresponsable de recursos naturales, inequidad en el reparto de la renta, falta de institucionalidad, degradación en la normativa de regulación, violación de zonas protegidas o territorios indígenas, carencia de un código minero actualizado y poca regulación en la expedición de licencias ambientales.

A su paso, la Contralora se preguntó si los dos billones de pesos anuales que quedan de la explotación minera compensan el impacto social, ambiental y económico que tiene la actividad, también criticó que el régimen tributario dista mucho de ser equitativo, “así lo dijimos durante el proceso de reforma, porque no respeta los principios de distribución que impone el ordenamiento jurídico colombiano”, indicó.

Durante su intervención, Morelli advirtió que “Colombia tiene una debilidad institucional no solamente en el aspecto ambiental y minero” y explicó que el Estado “se ha venido debilitando notablemente”, lo que refirió como una ausencia de capacitación técnica y facultades jurídicas “para intervenir de manera mucho más oportuna y evitar determinadas afectaciones al interés público”.

El analista económico y consultor internacional Luis Jorge Garay, quien dirigió el estudio, llamó al Gobierno a entender que no basta un régimen regulatorio estricto que se quede en las sentencias y en la constitución. “Han creando una jurisprudencia en jerarquización de derechos, pero eso no basta para poder definir casos concretos en un país donde más de 7 millones de hectáreas particulares están en proceso de restitución, más del 45% de la tierra no tiene título de propiedad y hay 22 millones solicitud de licencia minera”.

Garay denunció la necesidad de un activismo judicial para aclarar la jerarquización de derechos alrededor de la minería, pues “si bien la ley le da prioridad al derecho del desplazado en proceso de despojo, no se atreve a subordinar la aprobación de licencias mineras”, situación que genera un conflicto de intereses y que ha llevado a la jurisprudencia nacional a ser considerada como “insuficiente” por el experto.

Para el autor y coordinador el contexto minero en el país implica relaciones entre agentes fuertes trasnacionales e instituciones débiles locales. “Hoy en Colombia no existen autoridades suficientemente solidas y capaces para evaluar los daños de la explotación en el país para exigir compensaciones debidas por los daños. Mientras más mercado, más estado, más regulación y más fiscalización”, pidió.

Finalmente, Luis Jorge Garay le recordó al Gobierno que le compete garantizar la debida remuneración de los recursos no renovables y la adecuada tributación en todos y cada uno de los impuestos de las empresas que explotan los minerales del suelo nacional, así como el cumplimiento de las normas laborales.

“Se ha creado la falsa imagen de que hay que traer inversión extranjera dando dadivas, la renta minera es totalmente regresiva a favor de las transnacionales, las regalías son bajas y las deducciones y tratamientos preferenciales llegan al punto de que por cada 100 millones que pagan de impuestos reciben dadivas por 200”, lamentó el académico para quien en conclusión no hay verdadera tributación sino un régimen plagado de exenciones.

“En Colombia las multinacionales pagan mucho menos que en cualquier otro país del mundo y acá se nos olvidan que ellas llegarán a donde estén los recursos sin tener que bajar los estándares, porque eso es un regalo, es la doctrina que ha predominado por más de 12 años. Si hay reglas claras no se necesita nivelación por lo bajo, sino una institucionalidad regulatoria confiable, creíble que no se tiene, o si se tiene es perversa”, concluyó.