Masacres exponen indefensión de víctimas en Colombia

EFE | LA PATRIA | Bogotá

La indefensión de las víctimas de las recientes masacres en Colombia, que dejan 37 muertos, entre ellos varios menores, alerta sobre el creciente poder de los criminales y la incapacidad del Gobierno para proteger a la población en las zonas más apartadas dominadas por el narcotráfico.

"Que se haga justicia, que eso no quede impune", reclamó ayer en Popayán, Lucila Huila, de 53 años, durante el sepelio de sus hijos Heiner y Esneider Collazos Huila, dos de los seis asesinados el viernes en las afueras de la localidad de El Tambo (Cauca).

La sensación de indefensión es la misma de las demás familias de los asesinados en siete masacres perpetradas en las dos últimas semanas y que, según el Gobierno y analistas, todo apunta a que fueron cometidas por narcotraficantes para sembrar el terror en zonas alejadas en las que tienen su negocio criminal.

"Las zonas donde ocurren las masacres, no solamente en Nariño también en el Cauca y Arauca, son zonas neurálgicas para actividades criminales relacionadas tanto con el narcotráfico como con la minería (ilegal)", dijo la profesora e investigadora Irene Cabrera, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Cabrera, experta en seguridad y conflicto armado, señaló que algunos lugares de las recientes matanzas, como Samaniego (Nariño), donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes que hacían un asado en una casa de campo, están en zonas codiciadas por narcotraficantes, lo que expone a sus habitantes a la violencia indiscriminada.

"Zonas como Samaniego son un punto neurálgico porque constituyen tanto un corredor en términos de la conexión del Piedemonte y el Pacífico, pero también es un punto muy importante catalogado por Naciones Unidas como un enclave de consolidación de producción de coca", afirmó.

Áreas estratégicas

Esa ubicación estratégica hace que en amplias zonas de Nariño y el Cauca, ambas en el suroeste y con costas sobre el océano Pacífico; Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, o la región antioqueña de Urabá, limítrofe con Panamá y con salida al mar Caribe, proliferen bandas de narcotraficantes en disputas con disidentes de las Farc e incluso con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y con la banda criminal del Clan del Golfo.

Cabrera destacó que en Nariño, donde fue perpetrada otra masacre hace cuatro días, que dejó seis muertos en La Guayacana (Tumaco), es "un punto neurálgico" no solo por ser de los departamentos con más hectáreas cultivadas de coca sino por su salida al Pacífico y cercanía a la frontera con Ecuador.

Según la experta, los grupos armados recurren "a la intimidación para asegurar justamente su control" territorial y mantener a las comunidades con miedo, y asesinan para mostrar su poder.

Pasividad del Estado

Todo eso ocurre ante la mirada impasible del Estado que dejó que otros grupos armados ilegales llegaran antes que la autoridad a áreas que dejó la guerrilla de las Farc tras la firma del acuerdo de paz de noviembre del 2016.

Cabrera explicó que la mayoría de estos grupos están conformados por unos 200 hombres, una cifra baja para un país que tuvo guerrillas con 15.000 integrantes, lo que "obviamente es un reto, pero no necesariamente supera la capacidad del Estado".

"El reto es hacer intervenciones integrales no solamente a partir de objetivos militares y acciones de la Policía, incluso de investigaciones de la Fiscalía, también de tomar medidas de protección" de las comunidades, haciendo caso por ejemplo a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, explicó.

Sin embargo, el Gobierno parece más preocupado por hacer comparaciones cuestionables desde el punto de vista estadístico entre sus resultados y los del anterior, de Juan Manuel Santos, y por discusiones semánticas para evitar llamar masacres a las masacres, que según el presidente, Iván Duque, son "homicidios colectivos".

La cifra

37 personas han sido asesinadas en siete masacres ocurridas en las dos últimas semanas en Nariño, Cauca, Arauca, Valle del Cauca y Antioquia.