Magistrados siguen en medio de la polémica

EFE | COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

No han sido fáciles los últimos días para los magistrados de la Corte Constitucional, quienes han sido blanco de ataques y presiones. El viacrucis de los nueve magistrados de la Sala Plena empezó con las denuncias en las que manifestaron su preocupación al sospechar que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas. La hipótesis se confirmó tras la confirmación del propio fiscal, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que tenía conocimiento de tales hechos desde enero, pero ayer el fiscal designado para investigar el caso desmintió a su propio jefe y descartó las intervenciones.

Estando en el tema de las chuzadas saltó al panorama nacional el retiro de las visas del gobierno de los Estados Unidos a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, sin embargo, la Embajada indicó que había sido por cuestiones de procedimiento, por lo que se les reintegró.

Declaración

Ayer la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, rompió su silencio frente a las cancelaciones de las visas de sus colegas e informó que ese procedimiento discrecional del Gobierno de los EE.UU. no tuvo relación con su labor en el alto tribunal.

“La Embajada de Estados Unidos solicitó una documentación que ellos aportaron por conductos y días regulares. Con esto ayudaron a esclarecer las dudas que se generaron (…) no queremos entregar señalamientos, tan solo queremos decir que tienen unos jueces que pueden tomar decisiones sin presiones”, argumentó la magistrada.

Según Ortiz, estos momentos de “cambios y ajustes” son los que buscan presionar ciertas decisiones. Sin embargo, consideró que el estudio de temas álgidos en la Corporación no responde a acciones particulares.

Ortiz estuvo acompañada por la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Bermúdez.

En el comunicado conjunto que leyeron ayer enfatizaron que “la integridad, independencia e imparcialidad de la judicatura son requisitos esenciales para la protección efectiva de los derechos humanos y la garantía de un orden jurídico justo”

Embrollo

En principio se habló de que la decisión de las autoridades estadounidenses era un mecanismo de presión del Gobierno Trump frente al alto tribunal en atención a los fallos sobre las objeciones de la JEP y el pronunciamiento del uso del glifosato para combatir la expansión de los cultivos de cocaína, temas que preocupan a los estadounidenses.

Esa hipótesis la reforzó ayer el expresidente César Gaviria (1990-1994) quien aseguró en una carta que existe complicidad entre el Gobierno de Duque y el de Estados Unidos para la revocatoria de visados de magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.

Gaviria, director del partido Liberal, manifestó su "preocupación por la indebida presión que se viene ejerciendo sobre las supremas cortes y la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), ya no solo por el Gobierno sino por los Estados Unidos".

Según Gaviria, estas presiones se hacen "de una manera que desvirtúa por completo el marco de cooperación que en materia de lucha contra el narcotráfico hemos construido a lo largo de varias décadas".

Tras la polémica, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, respondió que "la relación de Colombia con los Estados Unidos es de cooperación en muchas áreas, toda vez que tenemos objetivos comunes, no de temor, subordinación ni complicidad".

Nueva versión de la Fiscalía

Fabio Espitia, director de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y designado para adelantar las pesquisas ante las sospechas que tenían de los magistrados sobre posibles interceptaciones, señaló que no hay indicios de chuzadas. “Ninguno de los teléfonos privados de los señores magistrados de la Corte Constitucional ha sido objeto de interceptaciones, esto es una evaluación técnica que se ha podido hacer”, dijo el funcionario.

De acuerdo con su versión, a dicha deducción llegaron, supuestamente, a través de unas indagaciones directas a los sistemas de la Fiscalía y con la verificación a las empresas de telefonía celular con las que los magistrados tienen sus respectivas líneas.