Los que ganan y pierden con la ley de financiamiento

Cristian Ruiz

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Desde que se conocieron los detalles de la ley de financiamiento, radicada esta semana por el Gobierno de Iván Duque ante el Congreso, un fuerte debate político, económico y ciudadano se ha generado sobre a quiénes afecta y a quiénes beneficia esta reforma, con la que se espera cubrir el déficit de 14 billones de pesos que tiene el Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

En medio del paquete tributario, lo que más polémica ha generado es la extensión y unificación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) al 80% de la canasta familiar, con una reducción progresiva al 18% en el 2019 y al 17% en el 2022. En ese sentido, productos de consumo diario como la leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras serían gravados con IVA del 18% a partir del próximo año y seguirían excluidos los servicios de educación y salud, el transporte, los servicios públicos, los medicamentos y productos de bienestar, la construcción de obras civiles y edificaciones, los arrendamientos, entre otros.

Esta medida, según cifras reveladas por el Gobierno, permitiría recaudar 11,3 billones de pesos en el 2019 y 12 billones en el 2020.

“Creo que hay que dejar que estas discusiones en el Congreso tomen su curso, tomen su camino. Pero lo que no podemos seguir propiciando es impuestos que generan inequidad porque las personas de mayores ingresos son las que más se benefician de los excluidos y los exentos del IVA”, indicó Duque.

Impacto

Precisamente, para enfrentar el impacto que tendrá la norma en las clases de menores ingresos, el proyecto radicado por el Gobierno contempla la devolución del pago del IVA a las familias que ganan cada mes entre 214.582 pesos y 789.215 pesos, a través de un sistema apalancado en el Sisbén en donde se realizará una consignación de 51.300 pesos mensuales a estas personas.

Pero a pesar de la compensación planteada por el Ejecutivo, son varios los sectores que insisten en que los primeros perdedores de esta medida serán las clases de ingresos medios y bajos, además de verse afectado el consumo e incluso el empleo.

La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) fue de los primeros sectores en pronunciarse rechazando la medida. El gremio argumenta que extender el IVA como lo propone el Gobierno llevaría a que los hogares adquieran menos productos y se afecte a los productores de alimentos en el país.

El docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración José Roberto Acosta también indicó que la más afectada con el proyecto del Gobierno será la clase media, que tendrá que asumir un pago de impuestos que nunca se había visto en el país con las pasadas reformas tributarias y que además no tendrá la posibilidad de recibir una compensación por su pago de IVA.

“El recaudo neto de la reforma, si llegara a pasar, sería un total de 14 billones de pesos y esto no solo es atrevido sino que está desconectado de la realidad, porque lo máximo que han recaudado las últimas reformas son 7 billones de pesos. Esto es una reforma improvisada y abusiva porque no ha habido alguien que le saque de los bolsillos a los colombianos estos recursos, principalmente a la clase media, que pagaremos 8,7 billones de pesos”, explicó Acosta.

En medio de este complejo escenario para el consumo, según los expertos, habría otro perdedor con la iniciativa: la inflación del próximo año, que tendría un incremento por varios factores. Así lo explicó el experto en temas tributarios y presidente de la firma Tributar, Carlos Lizcano, quien aseguró que en la actual coyuntura económica se presentan al menos tres circunstancias que dispararían el indicador.

“La primera consiste en que, como lo pronostica el Ideam, existe un 90% de probabilidad de que inicie un fenómeno de El Niño. La última vez que se presentó en Colombia (2015), la inflación se elevó al 6,77 %. El segundo es la Tasa Representativa del Mercado (TRM), pues esta se encuentra en niveles superiores a los 3.200 pesos y es evidente que esta situación afecta la inflación, pues muchos de los productos de la canasta familiar y materias primas son importados. En tercer lugar, está la propuesta de gravar los alimentos básicos con el IVA, ya que al eliminar la exclusión que los cobijaba nos conlleva a un aumento inflacionario”, explicó Lizcano.

Con esta postura coincidió Erick Behar Villegas, decano de economía de la Universidad Central, quien aseguró que uno de los aspectos preocupantes con el tema de la inflación es que se va a generar una presión al Banco de la República frente a las tasas de interés, por lo que el Emisor sería uno de los perdedores al tener que asumir decisiones complejas en materia económica.

En materia de empleo, organizaciones sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central General de Trabajadores (CGT) también se pronunciaron rechazando la propuesta del Gobierno.

“En esta reforma tributaria, la número 14 en 30 años, se propone recoger 19 billones el próximo año y es presentada por el Gobierno Nacional como una fórmula para reactivar la economía y generar empleo, el mismo argumento utilizado en las anteriores reformas tributarias, sin que, en estos ya largos 30 años, haya evidencia real ni de lo uno ni de lo otro. Por el contrario, la economía real sigue sin despegar, dependiendo siempre de los oscilantes precios de materias primas como el petróleo y con una tasa de desempleo de alrededor del 10%, la más alta de América Latina”, manifestó la CUT.

En ese sentido, el presidente de Asoleche, Jeffrey Fajardo, indicó que al sector lácteo le preocupa que la propuesta del Gobierno desencadene una informalidad en los productores, impactando el consumo de los hogares, pero también afectando los empleos que genera la ganadería lechera en el país. “Las empresas formales van a ver una disminución en el consumo y esto podría generar un impacto en los 800.000 empleos directos que tiene el sector”, indicó Fajardo.

Ganan

En cuanto a quiénes ganan con la reforma del Gobierno, los analistas aseguran que indudablemente en esa lista están los empresarios del país.

En ese sentido, desde su campaña presidencial, Duque venía anunciando la necesidad de disminuir la carga tributaria de las empresas con el fin de mejorar la competitividad, incrementar el aparato productivo, estimular la inversión y generar más empleo en el país.

Para eso, el Gobierno plantea reducir gradualmente el impuesto de renta de las personas jurídicas del 32% en 2020 a un 30% en 2022, además de realizar el descuento del 100% del IVA por la adquisición de bienes de capital y una disminución gradual del 3% al 0% de la renta presuntiva, en otras medidas.

El decano de Economía de la Universidad Externado, Julián Arévalo, aseguró que indudablemente los ganadores con esta propuesta son las empresas, porque “ven que se les cumple la promesa que les hicieron en la campaña".

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, indicó que el debate de la reforma no solo se debe concentrar sobre el tema del IVA, ya que con la ley de financiamiento también se busca financiar el gasto social, además de tener otros aspectos que son positivos para la economía del país y la generación de empleo.

Esta medida, según cifras reveladas por el Gobierno, permitiría recaudar 11,3 billones de pesos en el 2019 y 12 billones en el 2020.