Los escenarios para el sometimiento del Clan del Golfo

Si el Clan del Golfo buscaba mostrarse como una organización política con el anuncio de un cese de hostilidades para esta Navidad, es claro que por ahora solo tiene entre las posibilidades un sometimiento individual a la justicia y que no se interrumpirá bajo ninguna circunstancia la acción de la Fuerza Pública en su contra.

Aunque se ha rumorado la posibilidad de agilizar el sometimiento vía decreto, fuentes consultadas por Colprensa no ven este camino como una opción y señalan que el paso correcto es el mensaje de urgencia que se le dio al proyecto de ley de sometimiento, luego de que se cayera en el fast track.

Expertos consultados aseguraron que es claro que el mensaje que da el Clan del Golfo es acertado de cara a la ciudadanía, en tanto que dicen estar “comprometidos con esfuerzos que nos permitan contribuir con una paz integral, total y duradera con el compromiso de no repetición”. Incluso, invitaron a disidentes de las Farc, a los Pelusos y a los Puntilleros a sumarse y a parar la violencia.

El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, estimó que ese cese de hostilidades es bastante positivo y “una muy buena noticia para Juan Manuel Santos y el país. Las Farc ya no existen como un grupo armado ilegal, el Eln está en un proceso de cese bilateral y ahora este anuncio del cese del Clan es muy productivo”.

No obstante, para que el sometimiento se lleve a cabo todavía falta mucho. “Falta que el Congreso apruebe el proyecto de ley de sometimientos colectivos que tenía que haber pasado por fast track y que no pasó (…) lo que significa es que el sometimiento no será ya. Eso tardará unos cuatro, cinco o seis meses al menos, mientras pasa el proyecto de ley”, dijo Ávila.

El analista resaltó que a pesar de este anuncio y de sus intentos de consolidarse como un grupo con ideología política y como Autodefensas Gaitanistas, el Clan “no tendrá negociación política, serán beneficios como lo hace el gobierno de Estados Unidos de poca cárcel, mucha información, entrega de algunos bienes y ellos se quedarán con algunos para poder vivir”.

El exfiscal general de la Nación Guillermo Mendoza Diago enfatizó en que actualmente la ley colombiana no contempla el sometimiento colectivo por lo que, en dado caso que quieran dejar ya las armas, el grupo ilegal tendría que hacerlo como personas que cometen actos relacionados con el crimen organizado.

“En realidad no hay normas que manejen esa figura del sometimiento colectivo. La persona que se quiera someter a la justicia tiene que presentarse ante la Fiscalía y plantear su deseo”, afirmó Mendoza Diago.

Dicho esto, Otoniel tendría que someterse a la Ley 906 del 2000 (Sistema Acusatorio Oral), que permite algunos beneficios judiciales como rebaja de pena por aceptación de cargos, la posibilidad de llegar a preacuerdos o a principios de oportunidad a cambio de colaboración.

Para Mendoza Diago, el Clan del Golfo es una organización criminal que no debe tener hechos parecidos a una desmovilización o a una concentración en ciertas zonas: “hay que separar muy radicalmente los episodios de la Farc, el M-19 y el Clan”.

En todo caso, los expertos consultados consideran que lo que se haga debe guardar proporción con el resto de la política criminal. Por ejemplo, el abogado penalista Francisco Bernate, si bien celebró el anunció de la organización criminal, catalogó como incoherente que se esté adelantando un nuevo proyecto de ley para favorecer a las bandas criminales que han surgido en el país.

“Debe haber una política criminal coherente, debe haber unas leyes que puedan resistir este tipo de procesos y no debe suceder que para cada tipo de desmovilización toque cambiar la ley colombiana”, aseguró el penalista.

La vía del sometimiento

El anuncio de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, consiste en un cese unilateral de acciones militares, según el comunicado de prensa que publicaron el 13 de diciembre pasado, sin especificar cuánto tiempo va a durar, pero sí haciendo un llamado a la ciudadanía para que se haga una verificación del cumplimiento del mismo.

Citando el derecho a la paz consagrado en el artículo 22 de la Constitución Nacional e invitando a una Navidad tranquila y sin zozobra, el anuncio llegó 18 días después de la muerte de Luis Orlando Padierna, alias Inglaterra, y en medio de una ofensiva de la Fuerza Pública que no da tregua, la misma que ha llevado al presidente Juan Manuel Santos a insistir en que “el camino que tienen es el sometimiento a la justicia”.

Precisamente, el jueves pasado, el presidente Santos incluyó el proyecto de ley por medio del cual “se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”, dentro de un paquete con cuatro iniciativas más para que el Congreso les dé trámite de urgencia durante la legislatura que comienza el próximo mes de marzo.

El proyecto de ley es el mismo que se anunció en meses pasados, que tiene como intención adecuar los procedimientos penales existentes de investigación y judicialización, creando un sometimiento colectivo y diferenciado a los Grupos Armados Organizados (GAO) de los Grupos Delictivos Organizados (GDO).

Los primeros son aquellos que están bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte del territorio un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concentradas, usan la violencia armada contra la Fuerza Pública, Instituciones, la población civil, entre otros; y su nivel de violencia supera los disturbios y tensiones internas.

Los Grupos Delictivos Organizados (GDO) se entienden como un grupo de 3 o más personas que actúa sobre cierto tiempo concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener un beneficio económico o cualquier otro beneficio de orden material.

El proyecto contempla once requisitos para sujetarse de manera colectiva a la justicia, a través de un representante que sus miembros deleguen mediante poder formalmente otorgado, entre los cuales está hacer una manifestación expresa, libre, voluntaria y debidamente informada de la decisión, entregando información precisa que permita identificar la estructura, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes.

Además de hacer actas individuales, se deberán detallar los delitos que reconocerán de manera colectiva o individual, “en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas”.

Todo esto, con la posibilidad de una rebaja del hasta el 50 % de la pena en la investigación, pero teniendo en cuenta que seguirá tanto la extradición, como la extinción de dominio.