COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Con muchos cuestionamientos por el real alcance que tendrá la ley, las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara, votaron en la noche de este lunes la ampliación por un año más de la norma que impediría que salieran de las cárceles al menos 4000 presos vinculados a delitos considerados como graves.
El proyecto, que fue presentado por los Ministerios de Justicia e Interior, al igual que la Fiscalía General de la Nación, suscitó polémica por distintos sectores políticos, que si bien a la hora de su refrendación lo acompañaron, sí dejaron esas inquietudes.
La senadora liberal Viviane Morales, cuestionó que ni el Gobierno y la Fiscalía tienen claro el número de reos que están próximos a beneficiarse con la actual vigencia de la ley, la cual dispuso que el 6 de julio es la fecha máxima para que los jueces decidan su suerte.
“No se dice cuántas audiencias en un año se van a hacer. Esto es contrario a un estado democrático de derecho, esta es una violación de los mínimos de derecho”, sostuvo la senadora.
Consideró que esta ley se refiere a derechos constitucionales, en donde se debe defender el debido proceso y respetar el principio de la inocencia.
Una voz también crítica la dejó el senador Germán Varón, quien planteó que “ojalá no volvamos a estar en un año en lo mismo... Lo que no es lógico que nos llamen para algo que se había advertido”.
LAS CIFRAS
A su turno, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, precisó que el objetivo central es que no salgan 4000 presos que están imputados de delitos considerados como graves. De dicho grupo hacen parte los homicidios, las violaciones, los actos sexuales, el concierto para delinquir, entre otros.
Precisó que queda vigente sí la posibilidad que un grupo de más de diez mil presos que fueron procesados delitos menores, como por ejemplo los hurtos pequeños, si puedan solicitar a un juez su liberación.
Sin embargo esto no significa que en julio ellos salgan de forma inmediata, pues deberán solicitar al juez a que se proceda con la solución del caso.
A su turno el fiscal general, Jorge Fernando Perdomo, informó que las cifras que maneja la entidad sobre detenidos en las cárceles por delitos son: 997 investigadores por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 1053 investigador por acto sexual con menor de 14 años, 1907 por homicidios, 1528 por concierto para delinquir, 2694 por porte ilegal de armas, 2913 por tráfico de estupefacientes y 531 por extorsión.
El jefe del ente acusador defendió ante el Congreso el papel que jugó esta entidad para hacer las imputaciones ante los jueces, pero advirtió que el sistema acusatorio es muy lento, por lo que considera que en un año se tendría que estar pidiendo un nuevo aval del Congreso para que los jueces procedan a buscar la solución de estos presos.
La ley pasará en una semana a las plenarias respectivas del Senado y la Cámara.
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