"Las decisiones judiciales tienen que ser respetadas"

Colprensa | LA PATRIA

Una controversia política y jurídica se ha generado luego de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, decidiera no acatar la orden judicial de la juez 16 administrativa de Bogotá para que enviara a la Presidencia de la República el proyecto de reforma constitucional que crea las 16 circunscripciones de paz para su promulgación.

Cepeda manifestó que “tal acto legislativo no existe” y añadió que fue un proyecto, y resaltó que el Congreso es autónomo en la aprobación de las reformas constitucionales.

Se le consultó sobre este tema al presidente del Consejo de Estado, magistrado Jorge Octavio Ramírez, quien señaló que más allá del caso particular, es deber de todas las autoridades acatar las decisiones judiciales y mantener ese respeto como un valor institucional.

El Presidente del Senado no acató la decisión de una jueza de enviar para promulgación el proyecto de las circunscripciones de paz, ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sobre la decisión concretamente no me puedo referir, pero sí creo que es necesario enfatizar en que la gran fortaleza institucional de nuestro país, de nuestro Estado de derecho es un poder judicial independiente e imparcial que siempre ha sido acatado por los servidores públicos. Los jueces nos podemos equivocar, pero lo que sí es cierto es que sus decisiones tienen que ser respetadas. Y, si no se está de acuerdo con ellas, se deben impugnar por las vías legales.

¿Qué mensaje da al país el que un autoridad como el presidente del Senado no acate decisiones judiciales?
La tradición en Colombia es que los servidores públicos acaten las decisiones judiciales con las discrepancias o diferencias que puedan tener frente a las mismas, pero siempre han sido controvertidas por las vías legales. Ese valor institucional es el que hay que rescatar, preservar y mantener como obligación de todos los servidores públicos, jueces, magistrados, parlamentarios, presidente de la República, alcaldes, gobernadores, etc.

Se ha generado un debate sobre si es conveniente acudir a los jueces para controvertir una discusión que es del Congreso de la República, ¿qué opina?
En todo Estado de derecho el principio fundamental debe ser el control de las decisiones de sus autoridades y, en ese orden de ideas, ese también es una ventaja que tiene Colombia frente a otros países porque la posibilidad de que la ciudadanía pueda acudir a los jueces para controvertir las decisiones de las autoridades es un logro para la democracia.

En algunos sectores políticos se aseguró que el decreto del Ministerio de Justicia que modifica el reparto de las tutelas supuestamente se expidió hace poco para direccionar todo estas acciones que se están presentando. ¿Esto es así?
Todas las circunstancias actuales generan suspicacias pero lo cierto es que ese decreto se conoce desde antes. El proyecto de decreto se conoce desde principios de octubre, mucho antes de que se discutieran estos asuntos en el Congreso de la República. Si usted confronta el texto del proyecto de decreto que se colgó en la página del Ministerio de Justicia con el decreto final, encuentra que no hubo en ese punto alguna diferencia.

La idea del decreto era racionalizar el reparto de las tutelas y, en ese sentido, no creo que pueda establecerse un nexo temporal entre lo ocurrido la semana pasada en el Senado y el decreto.

¿Estas discusiones políticas afectan la imagen de la ciudadanía sobre los jueces?
El gran dilema del juez es que tiene que decidir un asunto entre dos partes, donde alguna de ellas quedará inconforme. Pero, lo cierto es que la independencia y la imparcialidad que nuestro sistema jurídico le otorga al juez, es lo que garantiza la vigencia de una democracia y de un Estado de derecho.