Las 772 víctimas por las que responderían las empresas relacionadas con las Auc

Bogotá. La Fiscalía General de la Nación declaró como un crimen de lesa humanidad la financiación a los grupos paramilitares por parte de empresas bananeras, esto para el periodo entre 1996 y 2004, y en el territorio comprendido para la región del Urabá. Según la entidad estos hechos dejaron 7742 víctimas.

Para la Fiscalía, las empresas entregaron dineros a los integrantes de las Auc a cambio de recibir seguridad. En medio de esa alianza, el ente investigador estableció que varios civiles fueron “estigmatizados”, por los paramilitares, y fueron asesinados y desplazados.

“La lucha contrainsurgente provocó la estigmatización de un grupo de civiles que terminaron siendo objeto militar por parte de estos grupos armados organizados al margen de la ley, que utilizaron toda su fuerza bélica para cometer toda suerte de delitos contra la población civil, fuerza que encontró su financiación en determinados grupos económicos regionales que se hacían los desentendidos ante esta situación de violencia en el país”, señala la resolución de la Fiscalía.

En ese mismo documento, el ente investigador señala que el exjefe paramilitar Raúl Emilio Habón Mendoza, conocido como ‘Pedro Bonito’, no habría podido desplegar el accionar de los paramilitares en Córdoba y Urabá, sin el apoyo de las empresas.

La Fiscalía documentó que ‘Pedro Bonito’ y sus hombres dejaron 2449 víctimas en Apartadó, 3381 en Turbo, 1205 en Chigorodó y 707 en Carepa, dejando un total de 7742 víctimas, quienes fueron afectadas por diferentes conductas delictivas.

“Se establece que las estructuras que comandó Raúl Emilio Habón Mendoza, no hubieran podido cometer estos delitos, de no ser por el apoyo financiero voluntario y eficaz de los empresarios bananeros de la región”, indica el documento.

Alcances

La Fiscalía advirtió que en caso de que se detecte que terceros financiaron a las Farc al Eln y a otro tipo de grupos paramilitares tendrán el mismo tratamiento que este caso, es decir, que serán declarados como de lesa humanidad. En un principio los empresarios serán investigados por el delito de concierto para delinquir agravado.

“Aunque no es un motivo de esta investigación, es posible sostener que igual tratamiento de concierto para delinquir agravado como crimen de lesa humanidad, deberá darse y habrán de soportar aquellos empresarios bananeros, que en la denominada zona del Urabá Antioqueño, por convicción o convivencia, contribuyeron y financiaron voluntariamente a grupos armados al margen de la ley, entiéndase Farc, Epl, y Eln”, explicó el director de la Unidad de Justicia Transicional, Carlos Villamil.

Anteriormente, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que las empresas que financiaron a los grupos paramilitares y a las Farc, pero que fueron obligadas por dichos grupos, no tendrán que rendir cuentas ante el Tribunal Especial para la Paz, sin embargo, si lo harán los empresarios que buscaron su beneficio, y apoyaron voluntariamente a los grupos armados ilegales.

"Aquellos empresarios que por fuerza de la coacción fueron obligados a financiar a los grupos ilegales, pueden tener la seguridad de que no serán llevados ante el Tribunal Especial para la Paz, sin embargo, no pasará lo mismo con los terceros que se beneficiaron de estos grupos", señaló el fiscal General, el pasado 2 de septiembre de 2016.

Hasta que no se dé la creación del Tribunal Especial para la Paz, estos proceso estarán bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la Nación, y luego de que estos delitos fueran declarados como de lesa humanidad, no tendrán prescripción penal.