La ley de Justicia y Paz deja muchas quejas y poca reparación

Luz Carime Hurtado González

Contar la verdad, solicitar el perdón y reparar a las víctimas eran los mínimos que debían cumplir los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz (que cumplió ocho años de ejecución), para disfrutar de sus beneficios, el principal de ellos, una condena reducida a prisión por sus delitos. Sin embargo, para muchas de las personas que padecieron los crímenes de estos grupos ilegales, ninguna de esas tres condiciones se ha vuelto real.

“Me desplazó el bloque de las AUC en Córdoba. La casa que tenía me la quitaron, después me llamaron con amenazas de que mataban a mi familia, por lo que debí firmar un papel entregando mi propiedad”, relato una de las víctimas.

Agregó: “En el caso mío no ha existido ninguna reparación, ni justicia, ni nada, porque perdí todo lo que tenía. Antes quedé inválido, porque tengo problema de la columna a causa de que me atacaron y tiraron en un pozo. Terminé criando a mis hijos pidiendo limosna, después de tener mi casa. Nunca me he sentido en paz. Porque el malo es malo todo el tiempo. Siempre he vivido aturdido”.

El relato de este hombre es igual que el de miles de personas que a diario llegan a los Tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, buscando a alguien que los escuche y se entere de que nunca han sido reparados y de que sus verdugos, aún presos, siguen ejerciendo el terror en regiones del país.

Ello pese a que en el informe de priorización de la Fiscalía, publicado este año, el Fondo de Reparación a Víctimas dice que a 30 de junio de 2014 se reconocieron en sentencias a 3469 víctimas y que se efectuaron pagos de reparación por $53.203.677.402 del presupuesto general de la Nación.

OCHO AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

La Ley de Justicia y Paz cobija a más de 4500 exparamilitares quienes, por el calibre de los delitos cometidos, se acogieron a este mecanismo que les ofrecía una pena máxima de ocho años a cambio de contar la verdad, pedir perdón y reparar a las víctimas.

A partir de sus confesiones, se detectaron más de 48 mil delitos y se han exhumado 3800 fosas con casi cinco mil cadáveres. Pero otras cifras no son tan halagüeñas: hasta final de septiembre pasado, según datos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General, sólo se han emitido 16 sentencias condenatorias a los desmovilizados; de los 4500 postulados, apenas 313 (mediante declaración pública) han restablecido la dignidad de la víctima; mientras que 1173 han pedido perdón a las víctimas, 1083 han manifestado públicamente su arrepentimiento y 1143 han prometido no repetir los delitos.

Las que sí aterran son las cifras que muestran el tamaño del daño paramilitar: en total se han confesado 39.546 hechos delictivos a través de este proceso, que incluyen más de mil masacres, alrededor de 25 mil homicidios, 11 mil casos de desplazamiento forzado y 3400 casos de desaparición forzada.

Tantos han sido los afectados por esta clase de violencia, que cerca de 80 mil víctimas han participado en las versiones libres.

De los procesos, además, se tomaron decisiones para compulsar copias y abrir investigaciones a 1124 políticos, 1023 miembros de fuerza pública y 393 servidores públicos.

LOS JEFES PARAMILITARES EXCLUIDOS

Otra muestra de que el proceso de Justicia y Paz no ha funcionado como se esperaba es que jefes paramilitares que podrían estar terminando sus sentencias, no han obtenido la libertad o han sido retirados de los beneficios de la Ley, por sus incumplimientos reiterados.

Por ejemplo, el pasado septiembre la Fiscalía ordenó la exclusión de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso Sierra’ o ‘El Ojón’, desmovilizado del Bloque Héroes de Granada.

Entre las causales de exclusión el ente investigador consideró que Sierra Ramírez se valió del grupo armado para desarrollar actividades relacionadas con el narcotráfico. Los delitos por los que eventualmente Juan Carlos Sierra tendría que responder ante la justicia ordinaria son concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, lavado de activos y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

Después vino la exclusión de Marcos Tulio Pérez Guzmán alias ‘El Oso’, quien incumplió con sus obligaciones legales y en particular mintió durante sus versiones libres, al negar su responsabilidad en hechos de violencia sexual, ocurridos en los corregimientos de La Libertad, Sabanetica y Alto de Julio del municipio de San Onofre (Sucre), la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla lo excluyó del proceso de justicia transicional, en decisión que fue apelada por su defensor ante la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, una jueza de ejecución de sentencias negó la libertad a Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'El Iguano', excomandante del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en Cúcuta y su área metropolitana. Según la jueza, la razón principal por la que le fue negada la libertad es porque aún no ha cumplido el tiempo de pena alternativa.

El caso más reciente es el de Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, quien después de cumplir ocho años de cárcel y de estar cobijado por el beneficio de Justicia y Paz, esperaba que la Corte Suprema le otorgara libertad. Pero el exjefe de las Autodefensas no contaba con la decisión que promulgó un juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, que lo condenó a pagar 40 años de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes, por considerar que incumplió los compromisos asumidos al acogerse a la ley.

En años pasados, en un marco similar, fueron excluidos: Rubén Giraldo Giraldo, alias ‘Raúl’, comandante urbano del Bloque Resistencia Tayrona; Rafael Armando Forero, alias ‘Zarco’, comandante de zona del Bloque Cundinamarca; Johnny Delgado Hincapié, alias ‘Caicedo’, del Bloque Cundinamarca; John Jairo Palomeque, Omar Egidio Carmona y Nelson Enrique Bejarano, del Bloque Puerto Boyacá, y Hiller de Jesús Paniagua, alias ‘Fiera’, comandante supervisor del Bloque Sur Putumayo (de este último se desconoce su paradero).

LA FISCALÍA INSISTIRÁ

Ante este balance poco alentador una fuente del ente investigador señaló que la Unidad de Justicia y Paz seguirá realizando “audiencias de formulación de imputación, formulación de cargos e incidentes de reparación integral en contra de quince máximos responsables o excomandantes de las estructuras desmovilizadas”

Y agregó que la Fiscalía seguirá adelante “con los procesos que cursan en contra de los postulados que recobren su libertad y estará vigilante frente al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ellos en materia de verdad, justicia y reparación, solicitando la revocatoria de los beneficios o su exclusión del proceso en caso de que incumplan con sus compromisos”.

(((RECUADRO)))

CIFRA DE DESMOVILIZADOS A 2014

Total desmovilizados… 32.592
Postulados activos… 2670
Postulados ya excluidos… 2117.

* Cifras del Sistema de información Judicial de la Fiscalía.

LOS PROCESOS PENDIENTES

La Fiscalía trabaja en esclarecer quiénes conformaban la ‘junta directiva’ de las AUC y cuáles eran los funcionarios y los empresarios que los apoyaban, con el objetivo de neutralizarlos y desmantelar por completo el aparato paramilitar en el país.