COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
En Colombia cada vez toman más fuerza las protestas sociales. Los casos más recientes se dan en los últimos días, en el Urabá Antioqueño y en La Vega, departamento del Cauca, que se acentúan bajo la violación de la ley del Código de Policía.
En Urabá lo que tenía como intención ser una protesta pacífica en señal de desacuerdo con la ubicación de tres nuevos peajes en la zona, terminó en disturbios, bloqueos de vías y enfrentamientos entre los manifestantes y la Fuerza Pública.
Entre tanto, en La Vega se presentan bloqueos de vías a raíz del inconformismo de pobladores de la zona rural por los cortes en el servicio de energía por la Compañía Energética de Occidente (CEO). Incluso, según medios locales, funcionarios de la electrificadora fueron retenidos por varios manifestantes.
Si bien es cierto que la protesta social y la movilización son derechos legales, los bloqueos, los enfrentamientos y agresiones a la Fuerza Pública y los daños a los bienes ajenos son ilegales y atentan contra otros derechos, como el de la vida y el trabajo.
De acuerdo con Gabriel Clavijo, docente del programa de Derecho del Politécnico Grancolombiano, “todo bloqueo que atente contra la economía y la institucionalidad es ilegal, pero es una forma válida de expresión. Estas vías de hecho tienen implicaciones económicas, sobre todo en el caso de Urabá que es una región comercial, además pueden ser utilizadas por grupos al margen de la ley para favorecer sus propios intereses”.
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