Información reservada, al alcance de la Comisión de la Verdad

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le solicitó la Sala Plena de la Corte Constitucional que dé su visto bueno al Decreto Ley 588 de 2017 que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Gil Botero señaló que no hubo vicios en la construcción del Decreto, que desarrolla asuntos como que la Comisión podrá acceder a información oficial reservada, protocolos de intercambio de información, entre otros.

“Resulta claro que el Decreto no reguló asuntos con reserva de Ley Estatutaria y por tanto no padece de ningún vicio de inconstitucionalidad”, dijo.

Sobre el acceso a la información oficial, el Ministro destacó decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que el Estado no puede acudir a argumentos como el secreto de Estado para dejar de aportar información requerida por las autoridades judiciales o administrativas.

“La ley de Inteligencia tiene como límite de aplicación el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Ley de Transparencia también establece que cuando se trate de violaciones a los derechos humanos no se puede aplicar cortapisa de ninguna naturaleza al acceso a la información”, dijo.

Por eso, señaló el Gil Botero, la Comisión podrá tener acceso a toda información oficial, sin obstáculo alguno, para el desarrollo de sus funciones, elemento que es crucial para garantizar y satisfacer los derechos de las víctimas.

“Se dispuso la obligación perentoria de todas las entidades de colaborar como un imperativo con el acceso a la información requerida por la Comisión, así como la facultad de solicitarla a las nuevas entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas”, aseguró.

Por su parte, la Procuradora Delegada para Asuntos Constitucionales, Laura Ospina Mejía, señaló que la Comisión de la Verdad no podrá tratar como reservada la información que se refiere a violación de derechos humanos y de lesa humanidad.

No obstante, dijo Ospina, esto no quiere decir que “la información pueda circular libremente” y, en consecuencia, la reproducción de la información debe proteger a las víctimas y evitar la revictimización.

“Solo puede haber una divulgación parcial que garantice la no publicidad de aquellos aspectos que sean datos sensibles o que afecten el derecho a la intimidad”, señaló.