Imputan cargos a vinculados en apropiación de recursos del posconflicto

Colprensa | LA PATRIA

Ante el Juzgado 52 con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a María Elvira Valencia Gómez, José Domingo Árdila Neira, Yessica Carolina Gómez Builes y Bibiana Marleny Arias Garzón quienes presuntamente harían parte de una red criminal, liderada por Marlon Marín Marín, que pretendía lucrarse de los recursos destinados para el posconflicto.

En la audiencia no se presentó Marín, sobrino del exguerrillero Iván Márquez, debido a que se encuentra en Estados Unidos compareciendo ante las autoridades extranjeras por su presunto envío de droga hacía el exterior. Sin embargo, su abogado llegó para dejar constancia que se presentaron una vez fueron requeridos. La audiencia tardó cerca de tres horas.

El fiscal del caso anunció que con las investigaciones pudieron detectar actuaciones irregulares a través de la búsqueda de adjudicaciones de contratos relacionados con la malla vial terciaria, la estructuración indebida de proyectos productivos y la intermediación irregular para la adjudicación de proyectos a financiarse de fondos con esquemas de paz. 

De acuerdo con el fiscal, estos hechos se realizaron valiéndose de su conocimiento en la estructuración de proyectos productivos, temas de contratación y experiencia laboral. “El propósito común que se observó después del acuerdo fue obtener un provecho económico ilícito contrariando todo el marco legal y que ha sido dispuesto para el beneficio general de la comunidad particularmente en las víctimas, los reincorporados y la sociedad”, dijo.

Según la Fiscalía el provecho económico que buscaban los procesados se traducían en porcentajes para los mismos, en caso de ser adjudicatarios de los contratos. Para la Fiscalía es claro que se conformó una red de personas en entorno a Marlon Marín.

El provecho económico ilícito se obtendría a través de diferentes líneas de acción irregular que leídas en conjunto demuestran la intención de vulnerar el marco normativo que rige el posconflicto.