Fondos ambientales son insuficientes para mitigar problemas en la amazonía

COLPRENSA | LA PATRIA

La explotación inadecuada de recursos, la deforestación, los cultivos ilícitos y los grupos ilegales son problemas constantes en la Amazonía, los cuales el Gobierno busca mitigar mediante los fondos ambientales, pero al parecer han sido insuficientes. 

Así lo asegura un estudio de la Universidad Nacional el cual busca aportar, desde el derecho, elementos de juicio y alternativas para que el Gobierno produzca instrumentos para el control y manejo del medioambiente, especialmente en la Amazonía. 

Según Gregorio Mesa, profesor de la Facultad de Derecho de dicha universidad, la figura de los fondos ambientales se sostiene en el deber estatal de protección del medioambiente como derecho colectivo, amparado por la Constitución Política de 1991. 

Manifiesta que “Los fondos ambientales son un mecanismo para la negociación, canalización y distribución de recursos de la cooperación técnica y financiera internacional, destinada a la ejecución de proyectos medioambientales en la Amazonía”. 

Aclara además que desde el Gobierno, dichos fondos están adscritos al Ministerio de Ambiente y son un instrumento de apoyo para la ejecución de proyectos, políticas públicas y manejo de recursos naturales renovables en la Amazonía, mediante actividades, estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos de utilidad pública e interés social. 

En este orden de ideas, argumenta que esta región afronta una problemática compleja, sostenida en la depredación indiscriminada, los usos indebidos del suelo, los cultivos ilícitos y la violencia, por lo que el papel de los fondos ambientales ha sido insuficiente y se hace necesario diseñar una ley estructural sobre estos. 

Cabe mencionar que la Amazonía ocupa el 29 por ciento del territorio nacional y tiene el 57 por ciento de la deforestación (alrededor de 120.933 hectáreas, entre enero y diciembre de 2013), mientras que en cultivos ilícitos la cantidad de hectáreas cultivadas en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vichada y Putumayo supera las 14.000, es decir, más del 26 pro ciento del total nacional. 

Ante este panorama, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales propone un diseño y una reestructuración de los fondos ambientales que permita ampliar el margen de acción, fortalecerse y consolidarse a nivel orgánico, administrativo y financiero. 

La universidad justifica que para ello es otorgando personería jurídica a los fondos, conforme a las tendencias actuales, con el fin de que obtengan capacidad para encontrar y acudir a procedimientos jurídicos de manera directa. 

También dice que es importante que los fondos cuenten con la suficiente capacidad financiera, no solo con los recursos del erario sino con los aportes del sector privado, además, de que “se debe consolidar una estructura administrativa de planta y personal capacitado que se integre a otras dinámicas de instituciones estatales e internacionales con fines similares”, menciona el docente. 

Concluye que los aspectos de jurisdicción y competencias de las instancias directivas de los fondos deberían basarse en principios ambientales de acuerdo a los factores jerárquicos, subjetivos y territoriales, además de que se hace necesario unificar los criterios administrativos y definir con claridad las áreas perentorias y los proyectos que tendrán mayor impacto social y aportarán soluciones reales a la problemática de la Amazonía. 

Cabe resaltar que los resultados de esta investigación conforman uno de los capítulos del libro Conflictividad ambiental y afectaciones a derechos ambientales, que será presentado por dicha universidad a finales de septiembre de 2015.