Fiscalía pide casa por cárcel para la excontralora Morelli

 La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento de detención domiciliaria para la ex Contralora General de la República Sandra Morelli Rico, por irregularidades y sobrecostos en la contratación del edificio de la entidad en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá.

Por estos hechos a Morelli le fueron imputados los delitos de celebración indebida de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

El fiscal del caso, Carlos Mejía, indicó que la medida debe otorgarse por tenerse claro que Morelli no asistirá al proceso, ni cumplirá ninguna condena en caso de que esta se produzca, toda vez que está en Italia. De hecho, la exfuncionaria se hizo presente en la audiencia desde ese país vía Skype.

"Se cuenta con los elementos probatorios y evidencia física recogidos y asegurados e información obtenida legalmente que permitan inferir de manera razonable que María Sandra Morelli Rico es autora de los delitos imputados. Segundo, se poseen los elementos de juicio que permiten pronosticar que la imputada no comparecerá materialmente al proceso y, por ende, no cumplirá con una eventual sentencia", señaló.

Mejía indicó que en este caso hay irregularidades en los estudios previos para la celebración del contrato de alquiler y arrendamiento del edificio toda vez que Morelli habría forzado la necesidad de trasladarse del lugar donde funcionaba la entidad en el centro de la ciudad.

El fiscal Mejía argumentó que Morelli "direccionó la toma decisiones con un referente equívoco y precario en términos de planeación", a pesar que sabía que dichos estudios para el arrendamiento no eran, supuestamente, idóneos.

En audiencia que tuvo que ser celebrada en salas de Corte Constitucional por motivo del paro judicial, el fiscal señaló que las supuestas irregularidades fueron advertidas entonces por el Ministerio de Hacienda, cuyo titular, habría indicado que el nuevo arrendamiento era "irracional".

Además, reprochó que Morelli no aceptó una solución planteada por dicha Cartera sino sólo para poder tener un cupo de más de 28.870 millones de pesos y a la larga buscar el arrendamiento de la Sede de Ciudad Salitre.

A esta hora, el fiscal Mejía sigue argumentando la necesidad de la medida de aseguramiento.