Fiscalía imputa cargos a 16 empleados por cartel de la seguridad privada

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, y el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunciaron que por la conformación de un presunto cartel de vigilancia y seguridad privada se les imputa cargos a 16 empleados que fueron vinculados a la investigación.

El Vicefiscal explicó que se trata de un cartel que involucra a ocho empresas y 30 personas naturales, a quienes se les abrirá un proceso de carácter penal por crear una red de contratación y de licitaciones con falsa documentación.

“Estas personas deberán responder por el delito de acuerdos restrictivos de la competencia que contempla una pena entre seis a 12 años de cárcel”, dijo el Vicefiscal.

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, señaló que a partir de estas actuaciones, “se formuló pliego de cargos contra ocho empresas: Centinel, Cobasec, Starcoop, Expertos, Gaurdianes, Sejarpi, Insevig y Segurity Management Group; que se 'cartelizaron' en 252 contrataciones públicas adelantadas ante 149 entidades estatales entre 2010 y 2012”.

“No tenemos pruebas ni decisiones con relación a la participación a cualquier título de empleados públicos en esos procesos licitatorios. Por eso, no podemos hablar de una persona en particular, sino de 32 que hoy en día tienen pliego de cargos en los temas de la presunta 'cartelización'”, dijo el superintendente Robledo.

En el listado de personas con pliego de cargos según la Superintendencia se encuentra el exfuncionario y exdirector de la desaparecida Caja Popular Cooperativa, Jorge Arturo Moreno Ojeda.

Así destaparon el cartel

La investigación preliminar que dio origen a este pliego de cargos se inició en el año 2011 a raíz de una denuncia presentada por el ICBF, según la cual varias empresas que se presentaban como supuestos competidores individuales, estaban actuando de manera coordinada en la presentación de sus ofertas en una licitación pública.

Después de adelantarse las primeras visitas administrativas por parte de la Superindustria en el año 2012, se advirtió que los presuntos actos de 'cartelización' se habrían presentado no solo en la licitación del ICBF, sino en 252 procesos de contratación estatal en 149 entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

En diciembre pasado, el exrepresentante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de los acuerdos, su funcionamiento y la forma de hacerle seguimiento.

“La actuación de este exempleado culminó con la efectiva suscripción de un Acuerdo de Colaboración por Delación, según el cual, como persona natural, recibirá la exoneración total de la posible sanción a imponer, de acuerdo con lo establecido en la ley”, dijo el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

El presunto cartel montaba una empresa y cada uno de sus integrantes montaba, a su vez, otra empresa, de esta manera buscaba lograr la adjudicación de al menos 252 contratos, cuyo valor ascendía a una suma superior a $320 mil millones.

Entidades afectadas

- Contraloría General de la República.

- Fiscalía General de la Nación.

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Rama Judicial.

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

- Superintendencia de Notariado y Registro.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

- Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornate).

- Así mismo, 13 gobernaciones, 37 alcaldías y otras varias entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.