Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
La Fiscalía General de la Nación concluyó que no existen elementos para considerar que por las actuaciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el colapso de basuras que se presentó en la ciudad en el 2012 se hayan cometido delitos, razón por la que archivó esa investigación.
El ente acusador archivó la actuación por los delitos de contratos sin el lleno de requisitos legales, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
Frente a esta decisión el primer mandatario de los bogotanos celebró en su cuenta de Twitter la determinación de la Fiscalía y dijo: “Archivo de la investigación penal contra mí es un triunfo de toda Bogotá, de la Bogotá democrática y progresista. De la justicia y la democracia”.
Ante el cierre de la investigación penal, el procurador General, Alejandro Ordóñez, afirmó que respeta las decisiones de la justicia pero aclaró que estas no afectan los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público.
Otros investigados
Aunque el ente acusador archivó la investigación en contra del alcalde Petro, concluyó que sí existen elementos materiales probatorios para imputar cargos por el delito de prevaricato por acción contra algunos funcionarios del Distrito por este mismo caso.
En especial contra Nelly Mogollón Montañez, exdirectora de la Uaesp por declarar la urgencia manifiesta en diciembre del 2012 sin existir los requisitos necesarios para que esa figura fuera necesaria.
Así mismo, a Carlos Rojas Rivera, exsubdirector de Asuntos Legales de la Uaesp se le imputará el delito de prevaricato por acción por las limitaciones que este funcionario habría impuesto al libre acceso al relleno sanitario Doña Juana.
La investigación también arrojó que la ausencia de recolección de basuras durante los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012 no generó contaminación ambiental en los términos del Código Penal, conclusión que se hizo después de los estudios periciales sobre contaminación del ambiente en Bogotá en esa época.
Antecedentes
El 9 de diciembre del año pasado el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 15 años del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por irregularidades que se presentaron a la hora de definir el nuevo esquema de aseo de Bogotá, en hechos presentados hace dos años.
El Ministerio Público encontró responsable al alcalde Petro de tres faltas disciplinarias y señaló que se encontró probado que el alcalde de "manera libre, conciente y voluntaria" tomó las decisiones sobre el nuevo modelo de basuras que terminaron en una grave emergencia los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012.
Sin embargo, la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá aún está pendiente de una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado, corporación que ya escuchó a varios testigos que han confirmado el supuesto complot en contra del Mandatario Distrital.
Benficiados
La decisión beneficia al alcalde Gustavo Petro; a Diego José Fernando Bravo, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá y a Henry Romero Trujillo, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp).
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