Fiscal que favoreció a Otto Bula fue enviado a la cárcel

Colprensa | LA PATRIA

Un magistrado con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del fiscal Rodrigo Aldana, quien aceptó los cargos que le fueron imputados por favorecer al exsenador Otto Bula.

El magistrado consideró que Aldana es un peligro para la sociedad y que puede afectar el proceso que se lleva en su contra. Además, dijo que no imponer la medida sería “un mal ejemplo para los otros funcionarios públicos”.

Aldana aceptó los delitos de cohecho propio, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública y prevaricato por omisión que le imputó la Fiscalía ayer.

Tras conocerse la aceptación de cargos, el fiscal General Néstor Humberto Martínez señaló: "Nuestra lucha contra la corrupción empieza por casa". Además, la entidad solicitó que la reclusión se haga en un centro carcelario y no en un club de la policía o militar.

Según la Fiscalía, Aldana, que para 2015 dejó de ser fiscal especializado de extensión de dominio a fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, mantuvo en su poder un proyecto de resolución sobre un caso de extinción de dominio de los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff durante ocho meses, por lo cual se registra el prevaricato por omisión.

"(...) Porque la acción se concretó respecto a unas acciones judiciales específicas y se negó a cumplir el mandato legal", indicó la Fiscalía, lo que hace el delito agravado.

A eso se suma la asociación para la comisión de un delito en contra de la administración del Estado, y de cohecho propio por: "recibió a través de Useche, con quien tenía una relación amorosa o era una persona muy cercana, aceptó recibir un apartamento en el Edificio Pentagrama de esta ciudad".

Margarita María Useche, quien fue capturada por los mismos delitos es la expareja del fiscal.

La relación con el exsenador Otto Bula, se da porque entre el proceso de extinción de dominio que se estaba adelantando estaba la empresa Agropecuaria Central, de la que él es representante legal. Y al fiscal se le habría pedido declarar la extinción improcedente.