El registro nacional de desaparecidos indicó que en lo corrido de 2014 se han reportado 4539 personas como desaparecidas. Se presume que, de ellas, al menos 99 han sido objeto de desaparición forzada.
El reporte también indica que las cifras han descendido desde 2011, cuando se registró el número más alto, con 7966 personas desaparecidas.
Las cifras se dieron a conocer en el Día Internacional de los Desaparecidos, durante la presentación del protocolo interinstitucional para la entrega digna de cadáveres de personas desaparecidas.
Para la coordinadora general del Programa de Fortalecimiento a la Justicia de las Naciones Unidas (PNUD), Isabel Albaladejo, el fenómeno, no deja de ser preocupante y más en Colombia: “El caso se halla entre los más graves del mundo, no solo por la desaparición forzada y el número de víctimas, sino por la gravedad con que el hecho ha ocurrido. Este es un mal endémico que aqueja a toda Latinoamérica, pero en Colombia ocurre con regularidad y por un periodo prolongado”.
Albaladejo indicó que en el país la desaparición se consagró “como método de terror represivo, por la clandestinidad del procedimiento y porque la ausencia del cuerpo asegura la impunidad de los ejecutores. Los cementerios clandestinos y las fosas comunes han establecido lo que se ha venido llamando como el crimen perfecto”.
La funcionaria llamó la atención sobre diversos factores que tampoco funcionan bien en el caso del proceso de denuncia: “Está ligada a factores que limitan su visibilización, como el subregistro; el temor de las familias, de sus abogados y de las víctimas; la desconfianza con el sistema judicial; la estigmatización social y los vínculos de grupos ilegales con el Estado".
Estas son algunas de las razones por las que, según la coordinadora, “las familias de estas personas son ejemplo de la lucha, por recuperar a sus seres queridos, por demostrar su relatos como reales y porque las conductas inmersas en el fenómeno se hacen por medio de patrones como la tortura, las privaciones y violaciones a otros derechos humanos".
Finalmente indicó que el PNUD apoya los esfuerzos que Colombia ha hecho, los compromisos acogidos, los procesos que se están realizando y que ve como una buena iniciativa el protocolo para la entrega digna de cadáveres de personas desparecidas, liderado por la comisión de búsqueda. Espera que promuevan reuniones, la participación de las familias en procesos de verdad y justicia y que se trabaje en situaciones de orden público, para facilitar las búsquedas y bajar el nivel de riesgo.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indicó que la guía dispuesta para la entrega de cuerpos es un proceso que será supervisado por todas las entidades y que se deberá cumplir obligatoriamente.
De igual forma indicó que esta modificación se hace pensando en las víctimas: "Son las que ahora pueden decidir, en coordinación con las autoridades, el modo como desean recibir los cuerpos de sus familiares, si se debe hacer una entrega simbólica o colectiva para que se respete su voluntad, creencias y opiniones", afirmó Otálora.
El defensor específico que el cambio no es casual, sino que hace parte de la propuesta para que el proceso se haga con dignidad, en el marco del ordenamiento jurídico. "Así se busca garantizar el respeto sin distingos, sin revictimización, de manera concertada, con la comprobación de la identidad y que sea un acompañamiento a los familiares en todo el proceso".
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