El Senado a la espera de la renuncia de Uribe

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Senado de la República se quedó esperando ayer la carta de renuncia del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien tan solo se pronunció en una declaración pública de 18 puntos sobre su situación judicial. Y aunque la dimisión llegue en lo que queda de la semana, solo se podrá discutir hasta el martes cuando se reúna de nuevo la plenaria del Senado.

Y serían diversas las razones por las cuales la renuncia no llegó al Congreso. La primera de salud, porque el exmandatario goza de una licencia médica por un mes, esto porque tiene una costilla fracturada por un accidente al caer de una yegua.

La segunda sería que al interior de su partido le insisten en que se quede en su curul de senador, porque su orientación será clave, más porque el gobierno de Iván Duque apenas arrancará el 7 de agosto.

Una tercera sería la estrategia política con la que se está enfrentando la controversia que el anuncio del martes generó. Tal vez por esta razón, a los pocos minutos de levantada la sesión en el Senado, Uribe emitió la nueva comunicación en donde se refirió al llamado de la Corte Suprema.

En su pronunciamiento de 18 puntos hace una explicación judicial de lo que él considera ha sido todo este proceso, en donde sostiene que irá a la Corte Suprema a ampliar estas pruebas que tiene sobre lo que califica un montaje contra él y otros miembros de su partido.

Precisamente ayer se vivió ayer una jornada activa en el alto tribunal, luego del llamado a indagatoria a Uribe Vélez, a quien se le abrió una investigación por presunta manipulación de testigos, por lo que se le podrían imputar cargos por fraude procesal y soborno.

Estos cargos tienen relación con presuntas presiones que habría sufrido Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso de supuestas relaciones con paramilitares que hay en contra de Santiago Uribe Vélez, a quien personas cercanas al expresidente Uribe habrían contactado para que supuestamente cambiara su versión en contra del hermano del exmandatario y así armar un caso por falsos testigos en contra de Iván Cepeda.

Por este caso también fue llamado a indagatoria el congresista Álvaro Hernán Prada, a quien señalan de haber intermediado para presionar a Monsalve. Por esta razón, sobre las 9:00 de la mañana, Prada llegó a la Secretaría de la Sala de Casación Penal del alto tribunal para notificarse de la citación y solicitar las pruebas en su contra para armar su defensa en compañía de su equipo de abogados.

El congresista recalcó que una vez leído parte del expediente en su contra, considera que tiene las pruebas suficientes para demostrar que no ha participado en ningún plan ilegal para afectar alguna investigación en la Corte. “Es muy probable, como lo manifesté en un comunicado, que se esté fraguando un plan criminal en contra del presidente Uribe y contra mí”, dijo el representante a la Cámara.

Prada también estudia presentar una tutela tras considerar que no se le respeta el debido proceso e incluso analiza llevar este tema a instancias internacionales para garantizar sus derechos.

Asimismo, sobre las 11:00 de la mañana de ayer, asistió a la Corte el abogado Jaime Granados, quien representa al expresidente Uribe, también para presentar una solicitud formal de pruebas para empezar a organizar la defensa del senador.

Una vez Uribe supo de su llamado a indagatoria escribió un mensaje en su cuenta de Twitter anunciando la situación y expresando su intención de renunciar a su curul en el Senado, argumentando que no quería afectar su trabajo en el Legislativo por concentrarse en su defensa.

Y es que dicha dimisión tendría implicaciones jurídicas, porque al salir del Congreso pierde su fuero, por lo que la Corte Suprema de Justicia debería trasladar el proceso a la Fiscalía General de la Nación, hecho que en sectores políticos calificaron como una estrategia para acogerse a un proceso judicial más favorable. Ante esta hipótesis, el propio senador Uribe Vélez respondió.

“Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, dijo Uribe.

Opiniones

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, consideró que el expresidente tiene todo el derecho a renunciar a su fuero para ser procesado en otro tribunal, lo que no implica ninguna estrategia cuestionable en términos jurídicos.

“Mientras no se haga efectiva la renuncia, sino se la acepta el Congreso, la Corte puede adelantar la diligencia de indagatoria, pero en el momento que se conozca que cesaron las funciones, tiene que analizar si es competente o no para continuar con el proceso”, dijo Arrubla.

Jorge Aníbal Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la competencia del caso depende de los delitos por los que se pretende procesar a Uribe, que para el caso son soborno y fraude procesal, lo que significaría que son delitos propios, es decir, que no tienen que ver con su desempeño como funcionario público.

“Los asuntos que tramita la Corte contra congresistas están sometidos al procedimiento de la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal anterior al 2005). Si se pasara a la Fiscalía, se le aplicaría un procedimiento diferente, que es el de la Ley 906, un procedimiento acusatorio en el que la Fiscalía investiga y acusa y es un juez el que adelanta el juzgamiento”, argumentó Gómez.

El exmagistrado también explicó que no hay un tiempo estipulado para pasar el caso de la Corte Suprema a la Fiscalía. En caso de ser necesario, el alto tribunal remitiría los expedientes en el momento que advierta que los delitos no tienen que ver con su función pública.

Gómez también aclaró que de llegar a darse una indagatoria en la Corte, dicha versión puede ser tomada como prueba en el proceso, como lo estipula la Ley 600, mientras que si lo llama la Fiscalía se trataría de un testimonio o declaración juramentada, como se señala en la Ley 906.

Asimismo, el exmagistrado aclaró que en la Ley 906 el procedimiento a seguir por la Fiscalía para vincular a alguien en un proceso judicial es mediante una audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías. En caso de darse, el ente investigador es autónomo para decidir cuándo cita las audiencias, las cuales se programan cuando se considera que cuentan con las pruebas suficientes.

El exvicefiscal general Francisco Javier Cintura destacó que en el sentido práctico de la palabra no hay diferencia entre un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia y ante un juzgado.

“Desde el punto de vista de una justicia objetiva, veraz e imparcial, no hay ninguna diferencia, da lo mismo ser juzgado por la Corte o por un juez ordinario, obviamente cuando juzga la Corte es por razón de un fuero”, explicó Cintura.

Destacado

El proceso contra Álvaro Uribe Vélez se lleva a cabo bajo la administración del magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, un abogado graduado en la Universidad Militar Nueva Granada con especializaciones en Derecho Penal. Barceló tiene 36 años de experiencia.

Juan Guillermo Monsalve Píneda es el hombre que tiene en jaque a Álvaro Uribe Vélez. Está recluido en una casa fiscal ubicada dentro de la cárcel Picota de Bogotá, fue condenado por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Asegura que en la hacienda Guacharacas que era propiedad de los hermanos Uribe Vélez se fraguaron masacres y se constituyó el Bloque Metro.

El expresidente Álvaro Uribe insinúo ayer que el actual mandatario, Juan Manuel Santos, y el servicio de espionaje británico MI6 interfieren en su caso. Santos aseguró anoche en Caracol Radio que esa afirmación le parecía "estrambótica y un irrespeto con el gobierno británico".