COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Luego de la tormenta viene la calma. Literalmente así fue lo que pasó en el Congreso de la República, ayer se volvieron a votar los proyectos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, por medio del fast track, luego del ajuste que le hizo al mismo la Corte Constitucional en su fallo de la semana pasada.
Y fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien indicó que se demostró nuevamente que la mayoría de los partidos acompañan la reglamentación de los acuerdos y que se equivocaron quienes “anticipaban la semana anterior” que el fast track se había prácticamente acabado.
Precisamente la prueba la pasó este mecanismo con un acto legislativo que generó controversia entre los partidos que apoyan el proceso de paz y el uribismo, el que determina que el monopolio de las armas es exclusivo del Estado.
Este proyecto hace parte de un pacto al que llegó el Gobierno con las Farc, en donde se determina un compromiso pleno del Gobierno Nacional para enfrentar a los grupos ilegales.
El artículo, único de la reforma, señala que: “Como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”.
Al respecto, el Centro Democrático se apartó del mismo por considerar que era necesario mencionar a la guerrilla también dentro del artículo, incluso radicaron una reforma en tal sentido, pero al momento de votarla los cuatro senadores se retiraron de la discusión.
Frente a esa posición, el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, manifestó que le sorprendió esa posición del uribismo, porque fue este mismo partido el que pidió reformar la ley 418, para excluir la expresión de los grupos guerrilleros.
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El presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, señaló que el fallo ya se empezó a cumplir, aunque precisó que los trámites de las normas de paz o cualquier otro, siempre se han dado con una discusión abierta. "Cualquier senador puede presentar una proposición y la puede defender para buscar el consenso”.
Este acto legislativo del monopolio de las armas, recordó Motoa, se aprobó con 12 votos, lo que representa un poco más de la mayoría que requiere para su discusión. "La verdad no veo el criterio apocalíptico ni el desastre para la implementación de la paz", señaló.
Frente a lo aprobado en este proyecto, el senador dijo que lo que se busca es evitar a futuro la formación de nuevas autodefensas en Colombia.
El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Telésforo Pedraza, igualmente consideró que se dará la discusión necesaria a los proyectos, siempre respetando la presentación de nuevas propuestas de los congresistas.
El Gobierno Nacional radicó ayer ante la Secretaría General del Senado los proyectos de ley por medio de los cuales se reglamenta la Justicia Especial para la Paz y la que determina una partida presupuestal para financiar la seguridad de los miembros de las Farc que así lo requieran.
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