COLPRENSA | LA PATRIA | CALI
El hombre que tiene en jaque el transporte de carga en Colombia hace 39 días, Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, ha dejado su impronta como el zar de los camiones en cada kilómetro de la geografía nacional; pero también son muchas las millas que ha transitado por los juzgados y tribunales del país.
Solo en la última década, Aguilar Rodríguez ha acumulado también una flotilla de procesos ante la Fiscalía General de la Nación por supuestos delitos que van desde constreñimiento ilegal, falsedad en documento privado y daño en bien ajeno, hasta concierto para delinquir, amenazas y obtención de documento público falso.
Aunque su nombre solo ve la luz pública cuando aparecen los reclamos de los transportadores de carga por los costos del combustible o el valor de los fletes, desde hace varios años la Fiscalía le sigue el rastro por una serie de irregularidades que involucra a su círculo cercano de familiares y amigos.
Esa suerte de anonimato del que venía disfrutando quedó tirada en carretera cuando la exministra de Transporte Cecilia Álvarez y el líder de la Asociación Gremial de Transportadores, José Montealegre, quien aseguró que viene recibiendo amenazas de muerte, denunciaron que Aguilar paralizó el país solo para favorecer sus intereses personales, representados en centenares de tractomulas.
Si bien Aguilar aseguró el miércoles en medios nacionales que solo es dueño de 15 tractocamiones, a su nombre figuran siete tractomulas en las secretarías de Tránsito de Cali y Buga. Lo que llama la atención, es que en registros oficiales figura al menos 20 vehículos a nombre de otras personas, pero con las mismas direcciones o correos electrónicos con los que aparecen los carros de Aguilar en Cali y Yumbo.
“Aguilar es dueño de por lo menos 300 tractomulas que tiene escondidas en parqueaderos de Cali. No están a nombre de él, sino de testaferros. Él integra la cruzada camionera, que no es otra cosa que el cartel de la chatarrización”, aseguró Montealegre.
Curiosamente, fuentes de Tránsito aseguraron que todos los vehículos de Aguilar han sido trasladados paulatinamente a la Secretaría de Tránsito de Puerto Tejada, en el Cauca, señalada como una dependencias del país donde más se cometen irregularidades con los registros.
Tampoco ha pasado desapercibido el hecho de que Aguilar tenga registradas 18 filiales de su asociación en 16 ciudades del país, según el Registro Único Empresarial. Es decir, tiene más asociaciones que camiones.
La chatarrización
A juzgar por las declaraciones de la exministra Álvarez, lo peor para el zar de los camiones está por venir. Según la exfuncionaria, Aguilar junto a miembros de su familia están detrás del llamado cartel de la chatarrización, que habría cometido estafas millonarias al Estado con el proceso de depuración de vehículos de carga.
Ya en el 2014 la Asociación de Camioneros de Colombia había quedado en el ojo del huracán cuando personal del Grupo Automotores de la Dijín, en coordinación con la Fiscalía, desarticularon en Cali una organización que obtendría beneficio económico por falsas chatarrizaciones.
Entre los capturados no solo estaba un coordinador regional del Ministerio de Transporte en el Valle, sino Luis Aguilar, hermano de Pedro Antonio Aguilar y cinco personas más que estaban vinculadas de alguna manera a su asociación.
De acuerdo con información obtenida de fuentes del Grupo de Automotores, lo que hacen es alterar los documentos de los vehículos postulados para chatarrizar que se encontraban en la secretarías de tránsito de Puerto Tejada, Cauca; Quimbaya, Quindío; o Candelaria, Valle.
Igualmente, alteraban las resoluciones de cambio de servicio de los vehículos de carga, modificaban en los documentos las características y los tipos de vehículos o alteraban las licencias de tránsito y los Formularios Únicos.
“Se armaron siniestros, hurtos que no existieron para reclamar un cupo. Desafortunadamente los fiscales se prestaron, las mismas autoridades, la corrupción es por todo lado”, dijo Montealegre, quien aseguró que “a los pequeños camioneros los engañaban diciéndoles que la chatarrización se iba acabar y les compraban el carro por $5 millones o $6 millones” y luego ellos lo vendían por $70 millones u $80 millones.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, en una situación similar a la de Aguilar se encuentran entre 12 y 15 grandes transportadores de carga, quienes vienen siendo investigados.
Destacado
1,19 billones de pesos se asignó entre 2008 y 2012 para chatarrización. 25 mil vehículos se han desintegrado hasta la fecha, de los 120 mil estimados.
Su paso por el Congreso
Pedro Antonio Aguilar tuvo un paso fugaz por el Senado de la República en reemplazo de Jesús Enrique Piñacué y en su tiempo declaró el apoyo al proceso de chatarrización vehicular, el cual viene impulsando desde 2004.
Aguilar fue candidato en el 2002 al Senado con el aval de la Alianza Social Independiente, ASI, y luego volvió y lo intentó en el 2010 y el 2014 por el Partido de la U, pero en las dos veces no le alcanzó la votación para llegar al Congreso.
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