COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
En los 100 días de gobierno del presidente, Iván Duque, el Congreso de la República sigue sin respaldar sus iniciativas legislativas, aunque el jefe de Estado prefiere llamarlo respeto e independencia.
Esa relación desde el 20 de julio, cuando se instaló el Legislativo, se avizoró que sería compleja, en donde no tendría mayorías como era tradicional que cada gobierno nuevo llegaba con un amplio respaldo.
Y fue en septiembre, un mes después de estar gobernando, cuando el panorama quedó claro, Duque tan solo aseguró como partidos de gobierno al Centro Democrático, La U, el Partido Conservador y los partidos cristianos Mira y Libres; mientras dos partidos de alta influencia al momento de las votaciones, Cambio Radical y Liberal, se fueron por la independencia, y en la oposición se declararon la Alianza Verde, Polo Democrático, Farc, Decentes y los indígenas.
Esa situación, que es novedosa en la reciente historia de Colombia, ha llevado a que el trámite de reformas clave como las enmiendas constitucionales de justicia y política avancen con el respaldo justo para ser aprobadas. El paquete de normas anticorrupción ha corrido una suerte similar, sin mayores acuerdos.
Por ejemplo ayer las comisiones primeras de Senado y Cámara no pudieron votar todo el texto de la vigencia de la ley de orden público debido a que el quorum se rompió ante la división que hay frente al proyecto.
Esta norma es la que le da al Gobierno nacional las facultades para poder manejar el orden público, incluyendo la posibilidad de adelantar negociaciones de paz, tal y como se viene haciendo desde 1997 en el gobierno de Ernesto Samper Pizano.
Tan solo se logró votar el informe de ponencia, con lo cual se abrió la discusión formal, pero la aprobación del articulado se frenó porque no hubo la asistencia suficiente en el Senado para aprobar las normas. Este proyecto tiene mensaje de urgencia de parte del gobierno, porque la vigencia de la ley tan solo va hasta el 18 de diciembre, de ahí el afán para que se vote rápidamente.
Los puntos de discordia siguen siendo los cambios que se proponen hacer a los planes de desarrollo territorial, los cuales eran de los compromisos del acuerdo de paz con las Farc. Frente al tema de la creación de un nuevo fondo para el manejo de los recursos para el apoyo a la paz, el Gobierno cedió y aceptó que haya una subcuenta especial en los fondos especiales, en los cuales se podrán incluir los proyectos nuevos que incluya la administración Duque.
El ponente, Germán Varón de Cambio Radical, al explicar los motivos de la demora en aprobar el proyecto, sostuvo que “hay modificaciones que no comparten algunos miembros del Senado y la Cámara, modificaciones que tienen que ver con que el Consejo Nacional de Seguridad no puede desarrollar focalizaciones en territorios en donde pretende el Gobierno recuperar el orden público y hacer inversión social. El argumento que se esgrime es que esos PDET acordados en La Habana se estarían incumpliendo y perdiendo su autonomía. En la proposición modificatoria se preservan los mismos para cumplir los acuerdos”.
Desde el uribismo, el senador Santiago Valencia reconoció que las mayorías del Gobierno en la Comisión Primera son débiles, porque la mitad de la misma está con los partidos de oposición e independientes, a lo cual se suma que por estos días el senador José Obdulio Gaviria (uribista) está de permiso médico y se rompió el equilibrio.
Para el senador de Mira Carlos Eduardo Guevara la votación no avanzó porque hay un temor válido de algunos congresistas de que los programas de desarrollo territorial se vayan a desfinanciar y no se cumplan los acuerdos. “Lo complicado, si no avanzamos rápido, es que puede haber algunos días en que nos quedamos sin ley de orden público”, aseveró Guevara.
La nueva cita en comisiones será el lunes en la mañana y en opinión del gobierno y ponentes, se espera ese día poder aprobarlo y que así pase a las plenarias respectivas.
Las últimas cuatro semanas que quedan de esta legislatura será además clave lo que pase con la cuestionada Ley de Financiamiento.
Igualmente, de la agenda del Gobierno ha llegado al Congreso el acto legislativo que prohíbe que los delitos de secuestro y narcotráfico sean conexos con los delitos políticos, que fue parte de la base del acuerdo de paz con las Farc.
El presidente del Senado, Ernesto Macías, asegura que la discusión se está dando en el Congreso de los proyectos, tanto del gobierno como de los congresistas, incluyendo las reformas del paquete anticorrupción.
La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano es más tajante en decir que el gobierno ha sido desordenado en el trámite de las reformas, y que en el tema del mandato de la consulta anticorrupción al mismo le están haciendo “conejo”.
Destacado
El 16 de diciembre termina el periodo legislativo del 2018. Si Duque lo desea puede llamar a extras.
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