COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Ni con la presencia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el Gobierno Nacional pudo lograr, ayer, que el Congreso de la República siguiera con la discusión del proyecto de ley que adopta el reglamento de operación para la Justicia Especial de Paz (JEP), de las columnas vertebrales del acuerdo de paz con la ya desmovilizada guerrilla de las Farc.
Este, que se consideró como el mano a mano entre el gobierno saliente y el entrante, lo volvió a ganar el presidente electo Iván Duque, quien desde la semana pasada había enviado un mensaje al Congreso para que no aprobaran esta ley, porque se debe esperar primero a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la Ley Estatutaria de la JEP.
La suerte del proyecto quedó prácticamente echada el lunes cuando la plenaria del Senado negó seguir el trámite y suspender el mismo hasta después del 20 de julio, a la espera del pronunciamiento de la Corte y de la llegada del nuevo gobierno.
Ayer en la plenaria, ante la programación nuevamente del proyecto en el orden del día, el Centro Democrático presentó una proposición para sacar el mismo de la programación, la cual fue liderada por el senador Ernesto Macías, la misma se impuso con 43 votos contra 25.
Tras la reiterada negativa a seguir discutiendo el proyecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, sostuvo que “la paz sale muy averiada después de esta decisión, es muy importante que la JEP cuente muy urgentemente con unas reglas de procedimiento, lo que claramente está ocurriendo es que las mayorías en el Congreso no tienen voluntad para apoyar la paz. Quedan en el limbo jurídico los miembros de la Fuerza Pública que recuperaron su libertad con el compromiso de someterse a la JEP, quedan en el limbo las víctimas que están esperando que la JEP empiece a operar con el pleno de sus competencias”.
Frente al llamado de las sesiones extras, que fue reiterado por el presidente, Juan Manuel Santos, precisamente ayer, el ministro Rivera sostuvo que el proyecto volverá a aparecer en el orden del día de la plenaria del Senado y que el gobierno no descartará las sesiones extras.
“La salvación es que exista conciencia de que los únicos perjudicados por la decisión mayoritaria del Senado son las víctimas del conflicto, que van a tener que esperar a que la JEP pueda empezar a actuar”, declaró el ministro. “Este es un asunto de Estado y nos parece indolente con las víctimas”, agregó.
La Cámara de Representantes tiene en su orden del día el proyecto, pero se prevé que el mismo no pueda avanzar, ya que se replicaría la misma decisión del Senado.
Sin embargo, el representante por Caldas Hernán Penagos, ponente de la ley, hizo un llamado al presidente electo, Iván Duque, y al actual mandatario, Juan Manuel Santos, para que, junto con sus equipos de empalme, se reúnan mañana y redacten un texto conciliado, que sea estudiado y aprobado en Senado y Cámara durante las sesiones extras.
Al respecto, Iván Duque dijo que lo que se está realizando en el Congreso es "la reglamentación de una ley estatutaria que todavía no ha pasado por la revisión de la Corte Constitucional".
"Esa revisión es a mi juicio una condición de existencia de esa ley porque si no pasa por la revisión de la Corte, la ley estatutaria no existe, luego si el Congreso decide reglamentar una ley inexistente a mi juicio se estaría incurriendo en un vicio de forma grave", manifestó Duque.
Entre tanto, el izquierdista Gustavo Petro, que perdió la segunda vuelta presidencial del domingo con el mandatario electo, consideró que el Congreso desobedeció "el mensaje de urgencia del presidente para aprobar la reglamentación de la JEP".
"La paz quedará en manos de la iniciativa de Duque. Todas las fuerzas amigas de la paz deben comenzar a alistar la movilización ciudadana", detalló en Twitter Petro, exalcalde de Bogotá y quien será senador a partir del próximo 20 de julio.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, manifestó su "preocupación" por el aplazamiento, aunque aseguró respetar "las decisiones que se adopten en el Congreso".
"No puede el país dilapidar una opción como esta y más cuando (...) el país entero, las víctimas, nosotros mismos y la comunidad internacional reclaman la urgencia de tener unas normas de procedimiento que se han venido construyendo", agregó Linares, citada en un comunicado de la JEP.
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