El Chocó pone a prueba la paz

LAURA BARROS

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Chocó, históricamente afectado por el olvido estatal, es escenario de una fuerte disputa por territorios de los que salieron las Farc y una prueba de los retos que tiene Colombia antes de ver cristalizada su pacificación.

Seis meses después de concretarse un acuerdo de paz con las Farc, esta región, que hace frontera con Panamá y tiene costas en los océanos Atlántico y Pacífico, ha visto multiplicadas sus tribulaciones por las disputas entre el Eln y bandas criminales de origen paramilitar.

Conforme avanzan los choques entre bandos crecen las denuncias de desplazamientos e intimidaciones a las comunidades y ganan terreno delitos como la explotación minera ilegal que amenaza el río Atrato, el tercero navegable del país después del Magdalena y el Cauca, y el secuestro, el más reciente perpetrado el pasado 7 de mayo.

Ese día presuntos integrantes del Eln, guerrilla comprometida desde febrero pasado en diálogos de paz con el Gobierno que se celebran en Quito, retuvieron a ocho personas que fueron puestas en libertad dos días después ante la presión de la tropa.

"El Chocó está en una condición de infrahumanidad", dijo Dilon Martínez, secretario ejecutivo del Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, organización que lidera desde el pasado miércoles una huelga indefinida para exigir al Gobierno que cumpla con los compromisos que asumió en agosto del año pasado.

En concreto, el Gobierno prometió atender las necesidades en temas como educación, vías, salud, la controversia por los límites de la localidad de Belén de Bajirá, servicios públicos, deportes, alternativas productivas, reingeniería institucional, comunicaciones y políticas públicas, derechos humanos y seguridad.

Pero, según Martínez, el Gobierno no ha cumplido sino un 5 % del acuerdo después de ocho meses, lo que llevó nuevamente a las calles a los habitantes del Chocó, un departamento que cerró 2015 con un índice de pobreza extrema de 37,1% y de pobreza del 62,8% frente al 7,9 y 27,8% que tiene el país, según cifras oficiales.

Martínez lamentó igualmente que ese departamento afronta más conflictos que los que tenían antes del proceso de paz.

"Los espacios que dejó las Farc están siendo ocupados por otras fuerzas al margen de la ley, lo cual tiene a muchas comunidades rurales nuestras confinadas y no pueden siquiera acceder a los alimentos y menos a la movilidad libre", denunció.

El dirigente apuntó que, además de los problemas de seguridad, sufren la falta de infraestructura educativa y de salud, extremo que obliga a muchos pacientes a salir a otras regiones del país por vía aérea, ya que en el Chocó, un territorio en su mayor parte selvático, las carreteras son escasas y están en malas condiciones.

Desde la Defensoría

"Tenemos un contexto de crisis humanitaria muy grave, porque no solamente el conflicto armado interno está matando y poniendo en riesgo los derechos de la población civil sino también un vacío o una debilidad en la garantía de derechos que está en cabeza del Estado", advirtió el defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo.

Para el funcionario, el posconflicto no se ha sentido en el Chocó, debido al incremento de acciones de grupos armados ilegales que ponen en riesgo la vida de las comunidades.

"A partir de la salida de las Farc de los territorios que históricamente tenían controlados, se ha exacerbado el conflicto armado interno entre el Eln, que ha pretendido también copar esos espacios, y la avanzada fuerte de un grupo armado ilegal posdesmovilización", que son las Autodefensas Gaitanistas, que derivaron en la banda criminal el Clan del Golfo, apuntó.

Murillo advirtió también que los ataques contra integrantes de la fuerza pública están expresando un total agravamiento del contexto humanitario y del conflicto armado interno.

"Esto ha arrojado en cuatro meses de este año más del doble de las víctimas que tuvimos en los años anteriores, hablando en términos de confinamiento, de desplazamiento, de secuestrados, de accidentes por artefactos explosivos y de afectaciones e intimidaciones a líderes y líderes sociales", añadió.

Más quejas

El vocero de la Federación de Mineros del Chocó, Ariel Quinto, explicó que además de las vías y la mala atención en salud, la corrupción es otro gran problema que aqueja al departamento y por eso reclamó acciones de la Procuraduría y la Contraloría General, para que se determine qué ha pasado con los recursos que el Gobierno Central ha destinado.

A esto se suma, igualmente, lo que Quinto denomina incumplimientos de una mesa de trabajo en la que se ha solicitado por cinco años la posibilidad de otorgar títulos y formalizar a los pequeños mineros del departamento.

Lo que buscan es un cambio al código minero, que permita formalizar la minería artesanal que es la principal fuente de empleo en el Chocó, y que se revisen los cerca de 280 títulos otorgados a grandes empresas, al parecer, sin la debida consulta a las comunidades étnicas. De hecho, buscan un plan piloto en el Chocó para esta formalización ya que estiman que las exigencias para obtener un título parecen inalcanzables.

Quinto además denunció que las autoridades no estarían apoyándolos en las denuncias que han hecho por el cobro de vacunas, por parte de grupos al margen de la Ley: “Lo hemos denunciado y el Estado no nos colabora, no nos apoya, porque nosotros supuestamente somos ilegales y no se apoya al pequeño minero para que se le solucione la ilegalidad”, dice al indicar que, al menos, 24 municipios del Chocó se dedican principalmente a la actividad minera y a reclamar una solución política, más que policiva.

“La comunidad internacional y nacional está mirando como un problema humanitario el Chocó. Es así efectivamente y esperamos que, así como se sale corriendo a solucionar paros en otros lados, el Gobierno Nacional atienda el clamor de estas comunidades que, aunque distante de la Colombia que muchos conocen, también tenemos derecho”, puntualizó.

Y así mientras gran parte de Colombia da los primeros pasos hacia la reconciliación, el Chocó, un rincón con el que el Estado tiene una histórica deuda social, le recuerda al país que como, reza el refrán, "del dicho al hecho, hay mucho trecho".

Según la Defensoría del Pueblo, de 4.605 familias que están afectadas por el confinamiento en Chocó, 706 se ubican en el Bajo Calima, 2.092 en el Bajo San Juan; 518 en el Baudó, 317 en el Alto Atrato, 815 en el Bajo Atrato y 155 en la Costa Pacífica. A estas se suman 977 familias que se han tenido que desplazar forzadamente en lo que va del año.

Según información recibida por el Consejo de Estado hubo al menos 16 niños fallecidos para mediados del año 2016, pertenecientes a las comunidades indígenas que agrupan la Organización Indígena Orewa.

De acuerdo con el DANE en enero de este año la tasa de mortalidad infantil (TMI) en el Chocó fue de 43.35, mientras que la TMI total nacional es de 19.20, teniendo en cuenta cifras del 2014, las últimas disponibles.