Duque sigue sin sancionar ley que reglamenta la JEP

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Justicia Especial para la Paz (JEP) pidió ayer al presidente de Colombia, Iván Duque, que sancione la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento y que aprobó el Congreso el año pasado.

Ese tribunal es el encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado del país y fue creado tras la firma del acuerdo de paz en noviembre del 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político.

La JEP detalló que la sanción de la ley beneficia a 9 mil 691 desmovilizados de las Farc, mil 958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado que hasta el momento se han sometido.

La Corte Constitucional declaró en agosto aplicable la ley estatutaria para la administración de la JEP, aunque denegó cambios hechos en ella por el Legislativo, que aprobó el funcionamiento del tribunal casi dos meses antes.

Ante esto, el tribunal agregó que la Corte "de manera inequívoca y perentoria (...) remitió el proyecto de ley estatutaria al presidente del Congreso para que el texto 'se firme por los presidentes de ambas cámaras y se remita al presidente de la República para su sanción y promulgación'".

Entre tanto, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, envió ayer una carta a Duque en la que expresó sus preocupaciones sobre la ley estatutaria.

Martínez se refirió a los estatutos sobre los reinsertados que continúen en actividades de narcotráfico después de la firma del acuerdo y la exclusión de los beneficios de la JEP a quienes cometieron delitos después de esa fecha.

De igual forma, se pronunció sobre la suspensión de las investigaciones a los actores del conflicto armado por la Fiscalía y a la "impunidad" que tendrán los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Por ejemplo, el fiscal dice que "los reinsertados que continúen en el narcotráfico (...) podrán conservar beneficios de la JEP" y no serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria.

Además, expresó su preocupación porque reincidir en delitos como secuestro, narcotráfico y homicidio no implica "pérdida de todos los beneficios del sistema de la JEP".

Martínez también afirmó que puede existir impunidad porque, si entra en vigencia la ley estatutaria, se podría "llegar a eximir" de toda responsabilidad penal a los autores de esos delitos "cuando no sean considerados máximos responsables".

Activistas de derechos humanos, víctimas del conflicto armado y ONG le pidieron ayer al mandatario aprobar "sin dilaciones" la ley estatutaria de la JEP.

Las organizaciones solicitaron a través de una carta que "se materialicen los derechos que han sido conculcados por distintos actores tras 50 años de conflicto".

"Sin la ley estatutaria de la JEP, las víctimas nos encontramos desprotegidas sin la posibilidad de hacer seguimiento a esta situación y solicitar, en virtud de la ley, la revisión de esos beneficios", añadieron.

De igual forma, las organizaciones afirmaron que si Duque objeta el proyecto de ley, como lo han pedido sectores políticos, eso generaría "una situación de impunidad en el país que pondría en entredicho el compromiso del Gobierno Nacional con la construcción de la paz".