Derechos de los niños indígenas y afrodescendientes son los más vulnerables

Bogotá.- El escenario del conflicto evidencia que en territorios donde hay presencia de actores armados los niños sufren la violación de sus derechos. Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el Informe Alterno sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez en Colombia.

El documento fue presentado este miércoles por varias organizaciones sociales, que realizaron el estudio con más de 1.200 niños de todo el país, haciéndolos partícipes en las propuestas orientadas a generar políticas públicas.

Presentado dos meses antes del aniversario número 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el próximo 20 de noviembre, la fundación alemana 'Terre des hommes' y su vocero William León, en diálogo con COLPRENSA, evaluó la situación de los cerca de 17 millones de menores en Colombia.

- Presentado el Informe, ¿en qué situación están los menores del país y la garantía de sus derechos?
Hay evidencia de que hay muchos derechos de los niños y niñas que están en permanente riesgo o que ya se han vulnerado o violado. Según la región, el contexto sociocultural y la realidad que viven los niños (urbano, rural o de comunidades afro e indígena), hay una gran gama de derechos que son frecuentemente violentados.

- ¿Cuáles?
Todo depende del contexto. En el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, juega bastante lo que tiene que ver con la discriminación, la falta de inversión del Estado para las necesidades de los niños y las comunidades; los riesgos que se imponen en esos territorios. Más o menos en el 40% del territorio nacional está concesionado o en proceso de concesión para labores de producción minera y energética, y la mayoría de esos territorios donde hay intereses es donde están presentes esas comunidades.
Todo eso sumado a 50 años de conflicto armado permanente, en donde se amplía el marco de derechos que han sido violados. Violencia sexual, reclutamiento, asesinato, ejecuciones extrajudiciales, son algunos de ellos.

- ¿En qué contextos existe mayor y menor garantía de derechos a la niñez?
El informe refleja que hay dos países. Uno donde hay todo un avance en la implementación de las políticas de atención a las niñas y a los adolescentes, pero desafortunadamente se da con indicadores en ámbitos urbanos grandes. Si se mira la política social de Bogotá o Medellín, hay un buen nivel de cumplimiento en cobertura, infraestructura, programas de ayuda a niños y niñas. En departamentos como Chocó, Guaviare, o en una comunidad indígena, se encuentra otro país. Esos índices altos de cumplimiento allí dicen lo contrario: no hay acceso a la salud, educación, etc.

- ¿Cuál es el mayor problema que trae el conflicto armado a la niñez?
No podemos trabajar con cifras. El reclutamiento es un delito que se ha catalogado como de lesa humanidad. La violencia sexual en muchos casos no es denunciada por diferentes factores. Eso no nos permite decir cuál tiene más relevancia, pero lo que se ha encontrado es que están todos conexos. En un entorno donde hay un actor armado, por lo general, se presentan altos niveles de reclutamiento, de violencia sexual o de desplazamiento y secuestro. Son permanentes esos factores.

- Se evidencia ausencia del Estado...
Sí. Entendiendo que la presencia del Estado va más allá de un batallón militar o de una institución que no cuenta con las herramientas para cumplir, como el Icbf. Esa es una de las instituciones del Estado que está al frente de la protección de los derechos de la niñez y tienen sedes en todo el país, pero las condiciones para desarrollar el trabajo es limitada.

- Los niños reclaman participación y en el informe estuvieron presentes más de 1.200. ¿Qué papel tuvieron?
Los niños desde hace unos 10 años han estado reuniéndose. Ese es un aporte valioso. Su papel fue el de romper el temor a que lo que dicen no tuviera relevancia, porque ellos parten de que el adulto no tiene su punto de vista. Aquí reconocieron que fueron tenidos en cuenta y que su voz tiene un papel importante. Ellos han logrado reconocerse como sujetos de sus derechos y que pueden plantear propuestas y críticas frente a sus derechos. Más de 1.200 niños y niñas participaron, lo que evidencia que es una generación que le duele su país y quiere hacer cosas por el.

- En el informe se menciona participación de los niños en La Habana. ¿En qué sentido?
Desde el proceso de unidad de víctimas que se ha estado desarrollando se ha empezado a reglamentar esta participación. Un gran triunfo es ese, que ya cuando se habla en el espectro de víctimas hay que tener en cuenta la voz de los niños y niñas que han sido víctimas. En este caso más que exigencia al Estado, se encuentra que hay unas condiciones para esa participación. Se invita es que no sea una participación desde la perspectiva de lo que quieren los funcionarios estatales ni los adultos que son víctimas, sino que se reconozca la condición de la niñez, su idiosincrasia, su capacidad para poder aportar.

- ¿Qué información se recogió en materia de delitos de los que son víctimas y delitos cometidos por menores?
Mediáticamente ha habido una fuerte carga que trata de identificar que los problemas que sufre la sociedad son generados por menores. Esos delitos, en su mayoría urbanos, si bien son cometidos por menores, se les da tratamiento de adulto, manifestando que son delitos graves y se deben castigar. Infortunadamente no se tiene en cuenta que muchos de esos menores actúan más producto de un ámbito social que no los reconoce ni tiene en cuenta.
Vienen de sectores populares que no ha encontrado oportunidades incurriendo en esos delitos. Cuando se presentan esta serie de situaciones hay que tener en cuenta normas internacionales que cobijan a estos menores que han sido infractores de la ley y debe haber un tratamiento especial.

- ¿Cómo tratar esos menores?
Lo anterior no quiere decir que los niños y las niñas no se les involucre en un proceso jurídico. Tendrán que asumirlo porque eso hace parte de la forma en que la justicia tiene que operar. Eso implica que no estén en espacios donde estén los adultos para el ejercicio de resocialización. Además de otros elementos, como la dirección de la Política Pública. No es suficiente la creación de centros para recluir a jóvenes que han tenido conflicto con la ley, eso no es suficiente.