Crónica de un fiscal anunciado

LA PATRIA | MANIZALES *

El favoritismo de Néstor Humberto Martínez se comprobó con los 17 votos que logró en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que lo eligió ayer como fiscal general de la Nación, en reemplazo de Eduardo Montealegre Lynett, quien concluyó su periodo en marzo pasado.

Martínez, que fue ministro de la Presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015, obtuvo un voto más de los necesarios, mientras que el exministro de Justicia Yesid Reyes logró solo dos al igual que Mónica Cifuentes, exasesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ellos completaron la terna presentada por el presidente, Juan Manuel Santos, en la que siempre sonó como favorito el nuevo fiscal.

Desde que se conoció la inclusión de Néstor Humberto Martínez en la terna comenzó la polémica, entre otras cosas, porque se dice que desde hace un año venía haciendo campaña en la Corte Suprema para lograr su nombramiento el cual capitalizó con una amplia ventaja sobre sus rivales que son expertos en derecho penal a diferencia de él que es especialista en derecho comercial, pero con una amplia experiencia en política. Nada más el año pasado renunció al cargo de superministro que creó Santos, pero que fracasó y debió regresar al de secretario General de la Presidencia.

También se desempeñó en la carteras de Justicia en el Gobierno de Ernesto Samper, y del Interior en la administración de Andrés Pastrana.

También se le criticó su cercanía con los conglomerados económicos del país, además de que era el candidato predilecto de Santos, pero también de Álvaro Uribe, al igual que del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, y del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez.

Sumado a eso en la audiencia pública que realizó la Corte para conocer las propuestas de los aspirantes propuso descriminalizar la violencia intrafamiliar, su planteamiento no cayó muy bien, pero ni esa idea criticada por varios sectores impidió que lograra llegar a presidir en el ente acusador.

Tras elegir como nuevo Fiscal General de la Nación a Néstor Humberto Martínez, la Corte Suprema de Justicia señaló que espera que cumpla su funciones.

La presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco, señaló que en la próxima Sala Plena programada para el jueves de la próxima semana se deberá realizar un trámite de ley que consiste en confirmar la elección, con la presentación de documentos oficiales, hecho que se daría de trámite a menos que algo excepcional se presente. Luego, se podrá dar la posesión ante el presidente de la República.

Cabello Blanco señalo que la Corte era consciente que debía elegir prontamente el fiscal y que confía en la propuesta de Martínez sobre la reingeniería a la entidad para que haya un mayor acceso, eficiencia y denuncias.

Sobre la posición que presentó Martínez Neira para que la violencia intrafamiliar sea descriminalizada, Cabello Blanco explicó que los derechos de petición que hicieron varias organizaciones de mujeres fueron respondidos y remitidos a los ternados.

"Oímos la exposición del doctor Néstor Humberto y la Corte está convencida que el doctor sabe manejar los temas de género, sabe a qué se enfrenta en su posición de fiscal y tiene un conocimiento claro de lo que es la problemática tan grande en el país como es el tema de género y que preocupa. La Corte es consciente que el doctor Martínez sabe qué es lo que debe resolver", señaló.

Perfil

Martínez Neira, hijo del también abogado y humorista Humberto Martínez Salcedo. Tiene un magíster en Sociedades, y una Especialización en ciencias Socio–Económicas y Derecho Comercial de la Universidad Javeriana.

Se destaca por su participación como vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá (1981-1986), Superintendente Bancario delegado para las Instituciones Financieras (1986-1988), Superintendente Bancario de Colombia (1988-1991), miembro de la Junta Directiva del Banco de la República (1991-1992), embajador de Colombia ante Francia (1996-1997) y conjuez del Consejo de Estado (2013).

Además, fue el fundador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Paralelamente, ha fungido como profesor universitario. El jurista se dedicó en los últimos meses a la defensa de varios de los ingenios azucareros, tras la millonaria multa de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los retos

Al terminar hace tres meses la administración de Eduardo Montealegre, el ente acusador quedó con varios retos frente a la administración de justicia en el país, el más inmediato la recopilación del actuar delictivo de las Farc, antes de la firma del proceso de paz.

En 2012, cuando Montealegre Lynett asumió su cargo en el ente investigador y prometió modernizar la entidad para hacerla más eficiente se creó la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac), con el objetivo de priorizar las investigaciones, y realizar indagaciones en los que se identifique el actuar criminal, esta dependencia fue la que tomó el mando en casos como la muerte del exministro Rodrigo Lara Bonilla, la del político Bernardo Jaramillo Ossa, y la del dirigente José Antequera.

Igualmente, la Dinac asumió las investigaciones por los crímenes del Eln y las Farc, por lo que el nuevo fiscal tendrá tareas inmediatas, dado que este año la Fiscalía tendrá que acompañar la creación del Tribunal Especial para la Paz, en caso de que los diálogos en la Habana den fruto.

Según datos oficiales consultados en la Fiscalía, tan solo contra civiles hay 1500 investigaciones que estarían enmarcadas dentro del conflicto armado. Este tipo de procesos tendrían que ser puestos en conocimiento del Tribunal Especial, en caso de que los involucrados deseen someterse a este tipo de justicia.

Igualmente, a integrantes de las Farc la Fiscalía les adelanta 11 mil procesos por diferentes delitos, los cuales también serían puestos en conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si la guerrilla del Eln decide someterse a la justicia, el ente acusador tendría que compulsar copias por 15 mil procesos adicionales.

A la par, la Fiscalía recibe en promedio un millón 250 mil denuncias al año, por diferentes delitos, que también deben ser estudiadas. Será la tarea del nuevo fiscal determinar cómo atender ese elevado número de procesos que llegan diariamente a la entidad.

Además tendrá que resolver procesos de relevancia nacional como el caso contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Bedoya; la presunta relación de Santiago Uribe con paramilitarismo; la señalada red de prostitución masculina dentro de la Policía Nacional; la finalización de la judicialización de los implicados del desfalco de Interbolsa y el carrusel de la contratación en Bogotá; y el proceso por acoso sexual y maltrato laboral contra el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.

* Con información de Colprensa

Responde el nuevo fiscal

- ¿Cómo recibió la elección?

Quiero expresar mi profunda gratitud a la Corte Suprema de Justicia por el honor que me ha deferido por designarme como fiscal. Es una designación que me compromete y me llena de profunda emoción, porque siempre he querido culminar mis años de vida pública al servicio de la justicia. Quiero agradecerle al señor presidente de la República que en todo momento confió en mi designación.

- ¿Cuál será el papel de la Fiscalía frente al proceso de paz?

Tengo la convicción que vamos a hacer un papel muy importante en la Fiscalía para que todo el proceso de paz, en lo que tiene que ver con la Justicia Transicional, se desarrolle como se ha venido planteando, para aclimatar y consolidar este proceso por el cual estamos clamando todos los colombianos.

- ¿Pero qué trabajo en específico necesita realizarse?

Va a proveer los informes que van a nutrir todas las investigaciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tenemos un compromiso decidido de organizar en el más breve término la Unidad de Defensa de Derechos Humanos, para que los dirigentes de derechos humanos y de organizaciones sociales no vayan a tener ningún menoscabo en su integridad física y puedan desarrollar sus actividades en el entorno que ofrece la democracia. No permitiré ningún grado de impunidad frente a estos dirigentes sociales.

- ¿Qué reformas necesita la Fiscalía?

Frente a los impedimentos del fiscal general de la Nación, considero fundamental que en adelante sea un fiscal ad hoc, designado por la Corte Suprema de Justicia, el que tenga conocimiento de estos casos y los lleva hacia adelante. No considero conveniente que deba seguirse desarrollando el caso de los impedimentos a través de funcionarios que son designados por el propio fiscal en conflicto de interés. Me parece importante que frente a los casos de faltas absolutas, en adelante la interinidad sea cubierta por la propia Corte Suprema de Justicia, de tal manera que no se creen estímulos para que las interinidades se prolonguen como ha ocurrido en el inmediato pasado.

Y, por último, me parece fundamental que haya un control de la Fiscalía autónomo.

- ¿Se mantiene su posición frente a la descriminalización de la violencia intrafamiliar?

Me ratificó en la necesidad de que como complemento de la legislación que hoy prevé sanciones en materia penal contra quienes afectan la integridad familiar, haya políticas públicas preventivas que fue el alcance de mi intervención ante la Corte. Y, por supuesto, quien lacere la integridad de la mujer, de nuestros niños, de nuestros ancianos en la vida familiar, respondan en materia penal, como es el propósito de la legislación vigente.

¿Está impedido en algún caso, teniendo en cuenta que es socio fundador de la DLA Piper Martínez Neira?

En este momento no conozco realmente que pueda existir un impedimento, pero yo si quiero decirle a los colombianos que, de existir, creo que me llenaría de satisfacción saber que el funcionario que deba acometer el conocimiento de esos temas, no depende funcionalmente del fiscal general sino que es objeto de una designación ad hoc por parte de la Corte Suprema.

¿Qué se puede esperar de su Fiscalía?

A partir del momento en que asumamos el cargo vamos a trabajar para honrar los principios que gobiernan el ente judicial como es la Fiscalía, que ejercer el poder acusatorio del Estado, con independencia, sin agenda política y sin rencores en el alma.