Condenan a la Policía por herir con gas lacrimógeno a profesora durante protesta

El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional a pagar más de 310 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a una profesora que fue herida con gas lacrimógeno durante las protestas adelantadas por los educadores frente a la Secretaría Distrital de Educación en mayo del 2000.

Aunque el propósito del operativo policial era despejar la Carrera 30, vía principal de la Capital de la República que había sido obstaculizada por los manifestantes, la profesora de una institución distrital fue herida con uno de los gases, lo que le ocasionó la pérdida funcional de uno de sus ojos y una incapacidad de dos meses.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, explicó que se probó la falla del servicio debido a que la Policía utilizó los gases lacrimógenos de manera contraria a lo que establecen los manuales de atención, manejo y control de multitudes, pues los artefactos fueron disparados hacia los manifestantes, lo cual está prohibido.

Igualmente quedó demostrado el daño ocasionado a la profesora y que este se produjo con uno de los gases disparados por la Fuerza Pública.

Aunque en principio se dijo que no había certeza que el impacto lo hubiera recibido con uno de los gases lacrimógenos, la Sala señaló que se demostró que dicha lesión no pudo ser causada por otro artefacto y los indicios dieron prueba de que sí fue ocasionada por uno de los gases.

“En la operación adelantada el día de los hechos se hizo uso de las municiones no letales disparándolas hacia la multitud, tal como lo demuestra la misma lesión sufrida por la señora, así como el testimonio de un patrullero, que afirmó que se usaron gases y que incluso uno fue enviado hacia la tarima del evento, donde lógicamente se encontraban la mayoría de los asistentes”, señala la decisión.

En el fallo, el Alto Tribunal recordó que cuando un funcionario público se vale de su investidura y ocasiona un daño el Estado debe responder.