Colectivo presenta pruebas ante la JEP contra oficial activo por "falsos positivos"

Bogotá. En los despachos de la Jurisdicción Especial para la Paz, reposa información suministrada sobre crímenes perpetrados en el marco del conflicto armado, que vinculan presuntamente al general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, actual comandante de la XIII Brigada del Ejército con sede en Bogotá y Cundinamarca. 
Los procesos que vinculan al oficial fueron presentados el pasado 31 de diciembre, por el Colectivo de Abogado José Alvear Restrepo (Cajar). Allí se pretende demostrar la responsabilidad del general en al menos 26 ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería número 10 'Atanasio Girardot' entre el 25 de octubre de 2006 y 16 de abril de 2007 y posteriormente, como comandante del Batallón de Infantería número 27 'Magdalena', entre el 5 de diciembre del 2007 y el 2 de septiembre del 2009. 
De acuerdo con el colectivo de abogados, estos batallones pertenecen a unidades militares que han sido señaladas por la organización internacional defensora de derechos humanos Human Rights Watch, y mencionadas en los informes sobre actividades del examen preliminar de la CPI, como aquellas con el mayor número de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, razón que comprometería la responsabilidad de su comandante por la práctica sistemática y generalizada de estos hechos. 
En relación con sus subalternos, el colectivo de abogados señaló, que han sido investigados, juzgados y condenados por su participación en estos homicidios. Por ejemplo, "en julio de 2009, los soldados Diomedes Rafael Carey Tovar, Luis Fernando Betancur Londoño, Santiago de Jesús Escudero Uribe y Carlos Enrique Zabala Zapata, miembros de un grupo contraguerrilla, adscrito al Batallón Girardot de la IV Brigada, fueron condenados por el homicidio del ingeniero Gonzalo Correa Roldán y a su amigo Mauricio Mazo Zapata". 
Por otra parte, en uno de esos casos que involucra al Batallón Magdalena, el de la ejecución extrajudicial del campesino Ever Urquina Rojas, fueron condenados a una pena de 20 años de prisión por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado a los militares: Cabo Tercero José Roldán López Cerón, Sargento Segundo William Andrés Capera Vargas, soldados profesionales Jorge Eliécer Urbano Ortiz, Jhon Kennedy Guevara Campo, José Alfredo Córdoba, Humberto Javier Cerón, José Yati Anacona, Óscar Mauricio Álvarez, Eliécer Alfonso Jojoa Ruiz, Darío Zúñiga Ruiz, Yiminson Hurtado Hurtado y Faiver Hernán Buesaquillo, todos integrantes a la compañía ‘Ébano’, bajo la comandancia del entonces teniente coronel Pinto Lizarazo. 
Del mismo modo, se estableció que el crimen contó con la participación del comandante del pelotón 'Azteca 2', el Sargento Segundo William Andrés Capera Vargas, que por varios meses permaneció prófugo de la justicia, y fue capturado en Medellín el 19 de agosto de 2016. 
Según Cajar, en el interrogatorio posterior a su captura, el sargento Segundo aseguró que el comandante de la Unidad Militar a la que pertenecía era el Coronel Pinto Lizarazo, de quien afirmó no comprender "como no se vaya a dar cuenta que en la unidad que lidera se estén realizando falsos positivos o que le muevan armas dentro de las oficinas y que no se haya dado cuenta de eso, si yo vi todo lo que sucedía, él con más razón” (sic). 
Según investigaciones del colectivo de abogados, en septiembre de 2016, el sargento segundo Capera Vargas fue condenado por otro de los casos que se le atribuyen al Batallón Magdalena, a la pena principal 42 años de prisión, como coautor del delito de homicidio agravado de los habitantes de calle, Juan Perdomo Claros y Alber Augusto Lizcano Cedeño. 
De igual forma, por este caso se encuentran condenados nueve autores materiales, y el comandante de operaciones del Batallón 27 Magdalena, Francisco Adrián Álvarez Calderón, integrante de la plana mayor de esta unidad militar presidida por Pinto Lizarazo. En el caso de Juan Diego Martínez, otra de las víctimas habitante de calle de la ciudad de Neiva, están condenados dos de los autores materiales. 
De acuerdo con Cajar, todos los implicados en estos casos se acogieron a la JEP y recibieron el beneficio de libertad condicionada y anticipada. 
Por otra parte, las decisiones que ha proferido la jurisdicción ordinaria demuestran el grado de compromiso que tenía esta unidad militar en la comisión de estos crímenes, aseguró el colectivo de abogados. 
Colprensa se comunicó con el general Pinto para conocer su versión, pero manifestó que por el momento no se pronunciará sobre el tema.