Según la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de 2014 se han registrado 119 casos de menores de edad que fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
Para la Defensoría “resulta alarmante que 10 niños, niñas y adolescentes sean reclutados ilegalmente cada mes. Sin embargo, la cifra puede ser más alta si se tiene en cuenta que la mayoría de estos hechos son perpetrados en zonas rurales donde las víctimas no tienen oportunidad ni garantía de acceso a la justicia, ni acceso fácil a las autoridades para denunciar estos actos”.
Según Esiquio Manuel Sánchez Herrera, vocero de la Defensoría del Pueblo, los departamentos más afectados por esta problemática son Cauca, Arauca, Antioquia y Huila, donde se han identificado acciones en las que se utiliza a los menores desde los 8 años de edad para hacerlos partes del conflicto y del delito, lo cual significa una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
De la misma forma, la Defensoría estableció que los grupos armados ilegales conformados tras la desmovilización de las AUC y que se conocen como bacrim, al igual que la guerrilla de las Farc son lo principales actores generadores de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños en ilícitos y crímenes.
Formas de vinculación
Según Sánchez, las formas de vinculación implican la fuerza o la violencia, las amenazas directas a la vida e integridad del menor o a su familia y el estímulo o inducción al consumo de sustancias psicoactivas, para generar dependencia al grupo, y controlar su voluntad, como se observa en Buenaventura y Quibdó, donde operan 'Los Gaitanistas' y los 'Rastrojos'.
Otra de las modalidades que utilizan, es el secuestro express, el cual se enfoca en raptar menores entre los 10 y 12 años, quienes son utilizadas por los cabecillas de estos grupos al margen de la ley como esclavas sexuales durante temporadas cortas, para luego devolverlas a sus familias con amenazas.
"El conflicto armado no puede ser una alternativa viable, para los ciudadanos que están en un proceso de formación. Es por ello que el Estado no debe abandonar su preocupación y seguir previniendo está situación", puntualizó Sánchez.
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