Aunque hay avances con la paz, Colombia deberá atender los Derechos Humanos

Bogotá.- Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el cuarto informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia y aunque indica que la paz es clave, explica que las violaciones a los derechos en el país no pueden quedar en la impunidad.

Se trata de un documento que traduce el resultado de un detallado monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país y en cómo han evolucionado en torno al conflicto armado, presente en el territorio nacional por más de cinco décadas.

El texto se compone de siete capítulos donde se abordan problemas como la desaparición forzada, el marco normativo sobre justicia transicional, los mecanismos de reparación y describe la situación de los grupos especialmente afectados en el contexto del conflicto armado.

La presentación estuvo liderada por el relator comisionado José de Jesús Orozco, quien calificó el informe ‘Verdad, justicia y reparación’ como un logro para la búsqueda y la consolidación de una paz duradera.

“La comisión advierte con preocupación, que la desaparición forzada de personas continúa siendo un grave fenómeno extendido en Colombia, pues los avances alcanzados son aún incipientes en comparación con el número de personas desaparecidas”, indicó Orozco.

Asimismo, la CIDH considera que Colombia ‘se rajó’ en la implementación de planes o políticas eficaces para dar un tratamiento adecuado al fenómeno de la desaparición.

Los investigadores aseguran que durante su visita, la sociedad civil les explicó que hay ciertas falencias estructurales en el plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo, la pérdida o destrucción de información necesaria para el hallazgo de personas desaparecidas y un bajo número de personas identificadas en relación con la cantidad de restos exhumados.

EL DERECHO A LA VIDA

Lo reportado durante la visita indica que el número de falsos positivos habría empezado a disminuir desde 2012 y que ha aumentado el número de procesos abiertos y sentencias condenatorias.

Aun así el informe revela que en ese año existía un total de 2.003 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales que afectaban a más de 3 mil víctimas, de las cuales solo 52 se encontraban en etapa de juzgamiento.

“La comisión reitera en el informe que tanto sus decisiones como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, han enfatizado en forma consistente que la jurisdicción militar debe aplicarse solamente cuando se atente contra bienes jurídicos penales castrenses, en ocasión de las particulares funciones de defensa del Estado, nunca para investigar violaciones de derechos humanos”, señaló el experto.

En ese sentido, la Comisión se refirió frente a la voluntad de ampliar la jurisdicción de la justicia penal militar, iniciativa que “sería un grave retroceso en materia de Derechos Humanos”, ya que aunque reconocen que la Corte Constitucional declaró inexequible una sobre el tema en 2012, aseguran que este “es un debate que se encuentra vigente en Colombia, y respecto del cual las autoridades estatales han anunciado que continuarían analizando los temas incluidos en ella”.

La Ley de Víctimas, una de las más destacadas por parte del Gobierno Nacional, fue criticada por la CIDH, ya que aseguran ha traído trabas y desorden en su implementación.

“La Comisión advierte que esta situación se ha traducido en demoras para la población, incluso en la provisión de medidas de atención urgente, en virtud de la parálisis de las instituciones estatales o de la falta de conocimiento de los procedimientos y rutas de acción, por parte de las propias autoridades encargadas de aplicar los mecanismos previstos en la Ley”, indica el texto.

LA IMPUNIDAD

La impunidad es otra de las violaciones al derecho que más preocupa al organismo, por ejemplo, dejó en claro que es contraproducente que se le haya dado el nombre de ‘Bacrim’ a los grupos que surgieron del paramilitarismo, pues excluye a víctimas que no serán tomadas en cuenta en el conflicto armado.

En el contexto actual de las negociaciones de paz y tomando en cuenta las dificultades que surgen en torno a la prolongación del conflicto, la Comisión se mostró preocupada por la situación de riesgo que enfrentan los defensores de los Derechos Humanos, así como periodistas y líderes sociales y sectoriales.

Para afrontar lo que vendrá, la Comisión pide que el Gobierno busque “garantizar que mientras persista la situación del conflicto armado interno, todas las víctimas de violaciones de derechos humanos sean tratadas de conformidad con el principio de igualdad ante la ley, que las protecciones y garantías para prevenir las violaciones sean fortalecidas”.

Por lo anterior, no dejó atrás el tema de la reintegración a la sociedad de personas que se desvincularon de grupos armados al margen de la ley, explicando que deberá darse en el marco de una estrategia que respete los derechos de los colombianos.