Así va la recuperación de los bienes de la Farc

ALEJANDRA BONILLA MORA

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La desmovilizada guerrilla de las Farc entregó oficialmente en su inventario al Gobierno Nacional en agosto del 2017 bienes por un total de 963 mil 241 millones de pesos, más 450 mil dólares y 267 mil 524 gramos de oro. Esto, representado en dinero en efectivo, bienes inmuebles, ganado, caletas y otros ítems como “infraestructura vial”, “enseres” y “bienes confiscados a la mafia”.

Estos bienes pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), encargada de su administración y manejo, y que ha venido adelantando trabajos junto con la Fuerza Alternativa del Común (Farc), que ha entregado coordenadas, y las Fuerzas Armadas para su recuperación efectiva.

De acuerdo con un documento de la SAE conocido con corte al pasado 21 de febrero, se han recuperado efectivamente de ese inventario 18 mil 330 millones de pesos. Se trata 3 mil 292 millones de pesos (incluyendo los 450 mil dólares) y 135 mil 762 gramos de oro avaluados en 15 mil 38 millones de pesos.

Para eso se han hecho operativos. Uno en septiembre 22 del 2017 en Dabeiba Antioquia en donde se recuperaron mil millones de pesos y 32 mil 525 gramos de oro (3 mil 602 millones de pesos). Otro más en diciembre pasado en Medellín y Anorí en donde se obtuvieron 499 millones de pesos y 500 gramos de oro (55 millones).

Igualmente, otro operativo en La Macarena (Meta), del pasado 14 y 15 de febrero, en el que se obtuvieron 102 mil 737 gramos de oro (11 mil 380 millones de pesos) y los 450 mil dólares que equivalen a mil 282 millones de pesos.

Asimismo, en Caño Indio, Norte de Santander, se obtuvieron el 15 de febrero pasado 500 millones de pesos. Una operación más, pensada para el pasado 21 de febrero en el norte del país, se tuvo que aplazar por motivos de seguridad y fue reprogramada para finales de mes. La idea es recuperar allí 20 mil gramos de oro por un valor de 2 mil 215 millones de pesos.

El oro que por el momento se ha podido recuperar está en custodia de una empresa de valores y se iniciará mañana su entrega al Banco de la República, mientras que los dineros recibidos durante el 2017 se encuentran en una cuenta especial de Bancolombia.

Este proceso hace parte del mandato legal del decreto de los bienes de la antigua subversión y está relacionado con el inventario oficial del actual partido político y es una tarea titánica si se tiene en cuenta que ese documento da cuenta de 698 inmuebles por 441 mil 503 millones de pesos, entre los cuales hay restaurantes, fincas, locales, cultivos y casas, entre otros, en Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, Meta, Cundinamarca, Vichada, Guaviare, Caquetá, Arauca, Putumayo, Nariño, Casanare, Magdalena y La Guajira.

Pero estos bienes de la Farc son diferentes a los que la Fiscalía General de la Nación relaciona con la antigua guerrilla y que ha incautado a presuntos testaferros. De acuerdo con la directora de la Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho del Dominio, Andrea del Pilar Malagón Medina, desde el año pasado, ya con acuerdo de paz, se han incautado bienes por 1.3 billones de pesos.

“Desde el año 2011 a la fecha han sido 5 mil 632 bienes los afectados por valor de 2.9 billones de pesos, de los cuales el año pasado llegamos al billón 300 mil millones de pesos”, explicó.

Esta tarea de la Fiscalía, que tocó en la semana pasada a los supermercados Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, puso en evidencia dos hechos de debate nacional: no solo la continuación de los hallazgos de más bienes que al parecer serían de la Farc y que no habrían sido reportados en su inventario oficial, con las consecuencias que ello podría acarrear; sino también lo álgido del debate político que la desmovilizada subversión convertida hoy en partido político tendrá que enfrentar ahora que están empezando a hacer política.

La directora Ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente, lo pone así: “La Farc tiene que entender que esta es la democracia y que la realidad es que muchos colombianos no los quieren y eso es lo que se está reflejando. Ellos han cumplido con dejar las armas, pero no podían pensar que sería un jardín de rosas. Aquí en la picota pública hay muchos políticos y eso hace parte del juego político”.

Y es que los saqueos a los supermercados podrían obedecer no solo a un robo, sino también a un descontento de la ciudadanía. Eso sí, tras los saqueos, los supermercados Supercundi y Merkandrea, con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, fueron puestos a disposición de la SAE que anunció que trabajará para poder reabrir los establecimientos.

La SAE designó ya para su administración a dos depositarios quienes, con los empleados, tendrán que verificar el inventario de los supermercados en primer lugar, teniendo como primer objetivo mantener el empleo de los trabajadores de estos, que nada tienen que ver con las acciones de la Fiscalía.

“En relación con el pago de la nómina, SAE a través de sus depositarios adelanta las gestiones administrativas necesarias para garantizar el salario del personal correspondiente al mes vencido”, agregó la entidad.

¿Pierden beneficios?

No se puede perder de vista que el trabajo de la Fiscalía por ahora es una hipótesis que deberá demostrar ante los jueces y que la misma guerrilla ha pedido esclarecer, a fin de que se aclare si tienen o no relación con estos supermercados.

Ya Henry Castellanos, conocido como Romaña, negó tener relación con los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Mora Urrea, quienes según la Fiscalía se prestaron para aparecer como dueños de estos establecimientos que en los años 90 eran de un empresario de Cundinamarca que fue víctima de secuestro.

Entre las pruebas de la Fiscalía hay unos testimonios y documentos que dan cuenta de la comisión que habría hecho el secretariado de la desmovilizada guerrilla a los hermanos Mora Urrea para administrar esos supermercados.

No obstante, la Farc como partido político aseguraron que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, adelanta un espectáculo que busca entorpecer la implementación del acuerdo de paz, como una maniobra “mediática” e “irresponsable”.

Iván Márquez, cabeza de lista al Senado, aseguró que la Fiscalía debe esclarecer estos hechos y cómo obtuvo las pruebas que está presentando; y que cuando se fijó el inventario y el fiscal Martínez dijo haber descubierto bienes adicionales por 1.5 billones, le pidieron que les explicara cuáles eran para agregarlos al inventario.

“Si aparecen dineros que no conocíamos que existían pues simplemente se recogen y se colocan en la lista para que ese dinero vaya a beneficiar a las víctimas del conflicto y para que sirva a la reincorporación de los combatientes”, aseguró Márquez.

Esta postura de Márquez podría dar a entender que para ellos basta con que lo nuevo incautado pase al inventario, mientras que para otros sectores el tema no es tan sencillo y podría ser incumplimiento de lo acordado en La Habana.

El representante a la Cámara por Caldas, Hernán Penagos, por ejemplo, resaltó cómo la Corte Constitucional condicionó los beneficios del acuerdo al cumplimiento de requisitos como decir la verdad.

“Si omitieron esa obligación y se prueba que no solo son testaferros sino que hay cabecillas que siguen usufructuando esos bienes o que omitieron intencionalmente la denuncia de los testaferros, entonces están en líos y pueden perder el trato especial e, inclusive, podrían ser extraditados si se trata de bienes objeto del narcotráfico”, dijo.

Pero ¿quién determina si hubo incumplimiento a lo acordado si la Jurisdicción Especial para la Paz no ha entrado en funcionamiento propiamente? Para Penagos, la Fiscalía puede actuar en este momento y no la JEP, “porque estamos hablando de delitos que se están cometiendo en este momento”.

Se trata de un presunto lavado de activos o un enriquecimiento ilícito, que serían hechos nuevos cometidos después del 1 de diciembre del 2017. “Todo delito cometido después de esa fecha ya no es competencia de la JEP sino de la Fiscalía, es decir, la justicia ordinaria”, agregó Penagos.

El exfiscal general de la Nación Guillermo Mendoza Diago reiteró que la entrega de bienes era un requisito, por lo que claramente su ocultamiento sería un incumplimiento que implica que es la justicia ordinaria la encargada de investigar lo relacionado a bienes no declarados.

Ahora, entre tanto se define esta situación, la Fiscalía deberá continuar con la investigación y aclarar realmente si fue un ocultamiento de bienes o no, cómo fueron las relaciones de los testaferros con los exjefes guerrilleros y si estos están mintiéndole al país cuando niegan conocer a las personas detenidas como los dueños de los supermercados.

El Gobierno y el actual partido político Farc firmaron en noviembre del 2016 un acuerdo de paz por el que la entonces guerrilla dejó las armas y comenzó su tránsito para reincorporase a la vida en sociedad.