Aprueban código de la JEP con modificaciones del Centro Democrático

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La larga novela que se vivió durante tres semanas en el Senado por la suerte de la ley que crea el código de procedimiento de la Justicia Especial de Paz (JEP) terminó ayer con cambios que podrían llegar a ser sustanciales.

La aprobación total del articulado se dio con el respaldo parcial que otorgó la bancada del Centro Democrático (CD), el 90% de los artículos, pero se apartó en los temas referentes a la extradición y la sala especial de juzgamiento para los militares.

Esa postura la defendió la senadora Paloma Valencia, del CD, quien insistió en que la JEP no podrá estar potestada a practicar pruebas a las solicitudes de extradición que algún gobierno, como los Estados Unidos por ejemplo, hagan de jefes del grupo desmovilizado de las Farc.

Según lo aprobado, la JEP solo podrá verificar si los delitos fueron cometidos antes de la desmovilización o si fueron en fecha posterior, las decisiones de fondo sobre el envío eventual de algún desmovilizado, se ratifica, quedan en la Corte Suprema.

El segundo tema que logró imponer el CD es el referente al acceso de los militares a la JEP. Según la senadora Valencia, esa posibilidad se mantiene y para eso en el articulado se incluyó que se darán 18 meses para que el gobierno tramite una reforma constitucional en la cual se determine que los militares tendrán una sala especial, la cual será compuesta por otros magistrados que se encargarán de esos temas.

Hernán Penagos, ponente del proyecto en la Cámara de Representantes, donde se aprobó la ley la semana pasada, explicó que en el caso de los militares que se acogieron pueden mantenerse en la JEP o si quieren se les puede suspender el proceso y los que no se han acogido pueden esperar a que se apruebe la nueva ley que crea la sala especial.

El Gobierno Nacional, por intermedio de los ministros del Interior y Justicia, y el ponente Roy Barreras, del Partido de la U, no compartieron que hayan sido aprobadas las propuestas del CD, esto porque en su concepto son inconstitucionales y se caerán en la revisión que haga la Corte Constitucional.

Pese al revés en esos asuntos, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, celebró que la plenaria aprobara el proyecto de ley para que la JEP tenga unas normas de procedimiento y pueda funcionar con el pleno de sus competencias.

"Hemos logrado ganar el último partido de la paz, nos metieron un par de goles ilegales, la extradición y la comparecencia de los militares, pero será el VAR, que es la Corte Constitucional, el que los va a corregir", indicó Barreras.

La estrategia del CD

La sesión cerró con el anuncio de la senadora Paloma Valencia de cómo será la estrategia legislativa y jurídica que tendrá el CD para reformar, desde el 20 de julio, el acuerdo de paz con las Farc.

Lo primero que buscan, según Valencia, es que “los miembros activos y de la reserva de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que sean llevados ante la JEP sean juzgados en una sala especial, diferente y distinta a aquellas destinadas a las Farc y los terceros”.

Agregó que para el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Militares se enfatizará en la presunción de inocencia. “Por lo tanto, el procedimiento no favorecerá la confesión con el incentivo de la libertad y permitirá la defensa del honor y el buen nombre”, indicó.

También dijo que los magistrados de la sala especial deberán tener amplio conocimiento sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas, y deberán ser elegidos con un procedimiento trasparente que asegure su imparcialidad.

Se buscará que exista un espacio procesal para la defensa institucional del Ejército y la Policía, las penas impuestas darán lugar a la libertad condicional cumplidos los cinco años de detención en centros especiales para las Fuerzas Armadas, se fijarán los compromisos que deberán cumplirse y se mantendrán los beneficios y garantías de libertad establecidos por la normatividad que desarrolla la JEP.

Un punto que generará controversia es el que señala que el cumplimiento de la condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es incompatible con el ejercicio de cargos políticos, el objetivo es impedir que los líderes de las Farc ocupen las curules que les fueron otorgadas en el Senado y la Cámara, podrán enviar otros nombres para sustituirlos mientras cumplen con las penas impuestas por la JEP y reparan las víctimas, según la propuesta que ya tiene lista el CD.

Indica además que las víctimas deben ser el centro del proceso, de manera que puedan tener oportunidad de cuestionar a los responsables, recibir completa verdad y reparación. “En el Congreso deberán asignarse unas curules para las víctimas y los miembros retirados de la Fuerza Pública que hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”, plantean.

Finalmente, la senadora resumió las reformas de esta manera: “Se requerirán modificaciones de distintos actos legislativos del fast track (vía rápida) y la ley estatutaria de la JEP, y será necesario el desarrollo de leyes que realicen el anhelo de no hacer trizas los acuerdos, pero avanzar en las modificaciones necesarias para honrar los compromisos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición que tienen los colombianos”.

Esta madrugada se votaba la conciliación de la ley que fija el reglamento de operación de la JEP en las plenarias de Cámara y Senado, para permitir su paso a la sanción presidencial.