LA PATRIA | MANIZALES

El escándalo de corrupción que estalló en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por la supuesta manipulación de las licitaciones públicas se cobra al principal implicado en el presunto amaño de los contratos, el secretario general de esa entidad, Jonathan Ramírez Nieves, quien fue apartado de su cargo luego de que se filtraran unos audios en los que el funcionario le estaría pidiendo a un particular adulterar las licitaciones.

Los audios que comprometen a Ramírez Nieves fueron obtenidos por la revista Semana y en ellos se escucha al funcionario hablar con un hombre identificado como Eduardo Sosa. En los audios se escucha como el funcionario le explica al particular que desde un computador (con la dirección IP) los empresarios pueden ingresar al sistema y modificar los pliegos de las licitaciones.

“–¿Yo qué necesito? Y esta petición no se como cerrarla. Necesito que en la licitación haya harta gente, harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos”(sic). –Pide Ramírez Nieves.

“–Somos 14 empresas, yo te zampo 7”.

“–Y cinco cumplen. Entonces ahí ya hay pluralidad de oferentes”.

Con esta estrategia, el funcionario garantizaría, supuestamente, que los empresarios ingresaran a los pliegos de las licitaciones, modificaran las exigencias y, después, fuera un mismo conglomerado de empresas el que se postulara para garantizar que fuera una organización aliada la que terminara por llevarse el contrato.

El DPS a través de un comunicado notificó que el funcionario salpicado había sido apartado del cargo.

"En 1998, Josep Borrell era candidato por el Partido Socialista Español a la Presidencia del Gobierno. Renunció porque dos funcionarios suyos siendo él ministro, incurrieron en actos de corrupción. Aquí la directora del DPS nombra un corrupto y no responde por nada", escribió ayer en su cuenta de Twitter el senador caldense Guido Echeverri.

¿Qué es el DPS?

El DPS es una oficina adscrita al Gobierno nacional que se encarga de construir políticas públicas, planes y programas asistenciales para las víctimas del conflicto y a los grupos sociales más vulnerables para ayudarles en su reintegración económica y social.