Alcaldes apoyaron iniciativa para derogar ley de garantías

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Federación Colombiana de Municipios respaldó el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de presentar un proyecto al Congreso de la República para eliminar la ley de garantías y permitir así que los alcaldes y gobernadores puedan contratar en época de elecciones. 

De acuerdo con el presidente, la iniciativa, que tendría un mensaje de urgencia, busca que los mandatarios locales puedan destrabar proyectos y ejecutar obras en los nueve meses que les quedan, especialmente aquellos que se financian con recursos de regalías. 

Para el alcalde de Barrancabermeja y presidente de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Elkin David Bueno Altahona, dicha ley "se ha convertido en una talanquera para el desarrollo de los municipios y no hay razón válida para que las administraciones municipales se paralicen a causa de una ley incoherente como esta". 

A su turno, Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación, explicó que la Ley de Garantías se estableció para proteger los comicios electorales en momentos en que la reelección presidencial está en el proceso de desaparecer, por lo que no deben ponerse 'trabas' a la ejecución de los recursos. 

"No podemos seguir paralizando la gestión municipal, más en un momento tan importante como el que está viviendo el país”, dijo Toro Giraldo, refiriéndose al proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Farc en Cuba. 

La infraestructura y los proyectos de vivienda son los que más preocupan a los mandatarios locales, pues aseguran que son fundamentales para el desarrollo regional y la articulación nacional. 

Finalmente, reiteraron la disposición de los alcaldes para trabajar de manera conjunta con la Contraloría, la Procuraduría y el Gobierno Nacional, para garantizar la adecuada utilización de los recursos en los municipios. 

Sin embargo, la propuesta ha despertado críticas desde todos los sectores, especialmente en el uribismo, en donde aseguran que se trata de una trampa "para poder asegurar victorias fraudulentas y tramposas", obligando a alcaldes y gobernadores a gastar recursos antes del cierre de su mandato.