33 empresas, vinculadas con despojo de tierras

Efe | LA PATRIA | Bogotá

Al menos 33 empresas, entre ellas Argos (Fiducor S.A.), Bancolombia, y Ecopetrol, adquirieron tierras, obtuvieron concesión de títulos mineros o hipotecas sobre predios de víctimas del conflicto armado.

Así lo aseguran dos informes entregados a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por la Fundación Forjando Futuros, que presta apoyo jurídico a reclamantes de tierras en Colombia.

En los informes "Desplazamiento, Abandono Forzado y Despojo de Tierras en Colombia" y "Empresas, Desplazamiento y Despojo de tierras en Colombia" se desgranan los patrones que se presentaron en 9 departamentos de los 32 que conforman el país.

El director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, dijo que el elemento común de las 46 sentencias que relacionan a estas empresas es el desplazamiento forzado, denunciado por las víctimas y reconocido por los jueces.

En estas "se prueba que en los lugares que esas 33 compañías desarrollaban sus "actividades comerciales había desplazamiento, masacres, homicidios, secuestros y, de manera simultánea o posterior a ello, la transferencia de los bienes a esas empresas".

En su contra

Señaló por ejemplo, que Argos tiene en su contra cinco sentencias en casos ocurridos en los Montes de María, mientras que Bancolombia "prestaba dinero a quienes compraban tierras que fueron violentadas".

Las sentencias contra Bancolombia son dos por casos ocurridos en las poblaciones de Valencia y Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba.

Vega añadió que en el caso de Ecopetrol, la compañía, "sin el cuidado suficiente, hacía acuerdos para pagarles regalías" a quienes ocupaban las tierras luego de que sus propietarios eran despojados.

"Eso ocurrió en Acacías (/Meta)", detalló Vega.

Explicó que en los informes que entregó a la JEP para que investiguen los hechos en los que aparecen nombres como el del exsenador Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht en Colombia.

También aparecen otros nombres como los de algunos familiares del asesinado líder paramilitar Carlos Castaño.

"Para nosotros la JEP significa una esperanza de recuperar la legitimidad de la justicia y por eso estamos aquí para que haya justicia", concluyó Vega

La JEP

es un mecanismo de justicia transitoria que se creó exclusivamente para conocer y juzgar las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho humanitario perpetradas por las Farc y agentes del Estado durante el conflicto armado.

Este sistema, que funcionará durante 15 años como mínimo, se considera una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla, y prioriza reconocer la verdad y restaurar a las víctimas.