COLPRENSA|LA PATRIA
En los primeros cinco meses de 2015 han sido asesinados 20 indígenas en el país, 10 en el departamento del Cauca. Esta cifra, presentada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), ha llevado a las autoridades y a las ONG que analizan el conflicto a preguntarse lo mismo: ¿quién está detrás de los asesinatos?
Uno de los últimos episodios registrados fue el caso de dos muertes violentas: el del padre y el hermano del gobernador indígena del resguardo de San Lorenzo, en Riosucio, Caldas. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic, sostiene que lo que está pasando con los grupos étnicos es “una situación grave e invisible. Fuerzas oscuras están detrás del asesinato de 20 compañeros. Además de los casos en el norte del Cauca y en Caldas han sido asesinados líderes en Caquetá”.
Lo sucedido en los últimos meses tiene que ver, según Arias, con el “interés económico de los grupos paramilitares en el territorio. Las amenazas por parte de las Águilas Negras han ido aumentando, y por eso estamos seguros de que los paramilitares se han fortalecido, por lo menos en el norte del Cauca”.
La versión de la Onic coincide en algunos puntos con lo que ha planteado el Centro de Recursos para el análisis de Conflictos —Cerac—. Un informe reciente de la entidad señala que existen coincidencias tanto en el modus operandi (desaparición por asesinato precedido de tortura) como en las características de los agresores: “hombres con armas largas, vestidos de civil y movilizados en camionetas con vidrios polarizados”.
El Cerac considera que la hipótesis de que los asesinatos son un mecanismo para amedrentar a las comunidades que han mostrado resistencia contra la minería ilegal en municipios como Suárez o Buenos Aires es plausible. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) señaló esta posibilidad. Y es factible “en tanto la columna Miller Perdomo de las Farc -que atacó a los 11 militares el pasado mes de abril-, Los Rastrojos y otros grupos criminales controlan la explotación informal e ilegal de oro en municipios con población afrocolombiana e indígena”.
Otra hipótesis apunta a que los ataques están dirigidos contra miembros de los Nassa involucrados en actividades de narcotráfico. Sobre este punto, Arias sostiene que la comunidad indígena “ha sido muy cuidadosa en mantener la independencia de actores armados o ilegales”.
No son disidentes
En diálogo con EL COLOMBIANO, Pablo Alberto Ortega, investigador del Cerac, explicó que el suceso en el Cauca era hasta cierto punto previsible por el conflicto en la zona: “allí la guerra sigue teniendo una intensidad alta. Pese al cese unilateral allá continúan los combates y las acciones unilaterales de las Farc. Si bien la Miller Perdomo está fuertemente involucrada en la minería ilegal y el narcotráfico, no hay indicios para pensar que pueda ser disidente. Aunque no tiene representantes directos en la mesa como sí lo hace la Gabriel Galvis o la Jacobo Arenas, sí es muy cercana a Pablo Catatumbo, a quien le prestaban seguridad”.
Un factor en común entre la interpretación de la Onic y el Cerac es la injerencia de los grupos “posdesmovilización” en el conflicto armado. Cabe recordar que los paramilitares le disputaron fuertemente esa zona del Alto Naya a las Farc por la droga, sobre todo en esa época.
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