MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

"Tenemos que cumplir la sentencia del juez: demoler", dijo el secretario de Obras Públicas de Manizales, César Alberto Gutiérrez.

Se refiere a la demanda contra las 10 casas del conjunto cerrado Santa María del Camino, vecino del conjunto cerrado Arboletes y del Bosque Popular El Prado, cuyo constructor infringió normas urbanísticas (ver recuadro).

"Lo que le estamos pidiendo ahora a Planeación es que verifique, desde el 2014 a la fecha, qué se adecuó a la norma, y lo que no, nos toca tumbarlo. Es lo que nos está diciendo el juez. Creemos que las fachadas y las partes laterales e internas de las casas, ya cumplieron, pero nos lo tiene que decir Planeación, ente que finalmente hizo la resolución. Y que también nos diga que la parte de atrás (los patios), objeto de toda esta polémica, es lo que hay que demoler porque no cumple", agregó el secretario.

A punto

Para tumbar estos patios, la Alcaldía ya tiene un levantamiento previo donde da un promedio de 3 metros de infracción.

Ingenieros estructurales de la Alcaldía y propietarios han indicado que estas casas las construyeron bajo el sistema de mampostería confinada, lo que quiere decir que si se retira un ladrillo sufre toda la estructura. Diferente a la mampostería aporticada, en la que hay columnas que permiten tumbar sectores sin que afecte toda la construcción.

"En ese orden de ideas deberíamos tocar solo los patios. Hasta ahí medimos y le presentaremos al juez la acción que hicimos", señaló Gutiérrez.

El pasado martes se cumplieron los 30 días que concedió el Tribunal Superior para que el urbanizador de Santa María del Camino corrigiera la falta, si no lo hacía, como ocurrió, la Alcaldía debe entrar a demoler. Obras solicitó a Planeación reunirse para definir la logística del proceso, que consiste en hacer un llamado a la Secretaría de Gobierno, la Policía y la Unidad de Gestión del Riesgo.

"La fecha del proceso la debe dar Planeación, nosotros somos ejecutores", aseguró el secretario de Obras.

No obstante la secretaria de Planeación, María del Pilar Pérez, dijo: "Me extraña, porque los tiempos están indicados a partir de lo que haga la Secretaría de Obras, que ya tiene el contrato suscrito para la demolición en Santa María del Camino. Nosotros ponemos unos recursos, pero la competencia está en Obras. Ya es definir cómo se coordina para hacerlo de la mejor forma".

¿Y las tutelas?

Los propietarios de las 10 casas interpusieron tutelas ante la Corte Suprema de Justicia, invocando derechos fundamentales y de los menores de edad que las habitan. Esperan resultados entre esta semana y la entrante.

No obstante, el secretario de Obras mostró ayer siete notificaciones de la Corte donde indica que admiten las tutelas, pero no acepta la medida cautelar solicitada por los propietarios para parar provisionalmente las demoliciones.

Para Gutiérrez, si la Corte falla a favor de los propietarios, estos deben demandar. "Debo seguir adelante con el fallo del Tribunal Superior".

Fechas y datos clave

* 22 de febrero del 2011. La Curaduría Urbana Primera dio licencia de construcción a Gustavo Castaño Loaiza para la tercera y última etapa del conjunto cerrado Santa María del Camino: 10 viviendas unifamiliares, salón comunal y portería. 1.229,6 m2 de área construida.

* 23 de septiembre del 2011. Castaño Loaiza indicó a Planeación que demolió voladizo realizado sin aprobación en la licencia, abrió los garajes y demolió muros de patios.

* 7 de mayo del 2014. La Inspección de Control Urbano de la Secretaría de Planeación multó con $110 millones 764 mil 936 al constructor y ordenó demoler las obras ilegales.

* Martín Alfredo Duarte, propietario de una de las 10 casas, interpuso recurso de reposición, resuelto el 7 de julio del 2014 en su contra. El argumento: no se respetó el retiro del predio vecino (tres metros del lindero con Arboletes).

* Diciembre del 2015. El entonces administrador de Arboletes, Giovany Murcia, solicitó visita de Planeación.

* 8 de enero del 2016. El secretario de Obras, César Alberto Gutiérrez, dijo no contar con recursos para demoler.

* 30 de junio del 2016. La administradora de Arboletes, Adriana Patricia Arboleda, solicitó cumplir las resoluciones.

* Planeación le responde que el acto administrativo está en firme. Que el 30 de octubre del 2014 ofició a la Tesorería Municipal para que cobre la sanción, y el 5 de enero de este año solicitó a Obras la demolición. Tesorería dijo que adelanta el cobro coactivo contra Gustavo Castaño Loaiza.

* 26 de julio del 2016. Arboletes presentó acción de cumplimiento contra el Municipio para que ordene la demolición inmediata de las obras ilegales.

* 4 de octubre del 2016. El Juzgado Segundo Civil del Circuito ordena ejecutar las demoliciones e imponer la multa.

* 6 de octubre del 2016. El Municipio decide no apelar.

* 26 de octubre del 2016. El Juzgado recibe recurso de apelación.

* Enero del 2017. El Tribunal Superior Sala Civil confirma la decisión del Juzgado Segundo.

* 13 de febrero del 2017. El siquiatra Germán Andrés Valencia, propietario de una casa, le pide a través de la plataforma change.org al alcalde de Manizales no demoler su casa. La solicitud la apoyan 9 mil 230 firmas. Los propietarios, a través de sus abogados, presentan tutelas ante la Corte Suprema de Justicia invocando el respeto de derechos fundamentales y piden como medida cautelar frenar las demoliciones de las casas.

* 13 de marzo del 2017. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admite las tutelas, pero niega la medida cautelar, lo que significa que la Alcaldía debe continuar con la orden de demolición.