No hubo acuerdo entre Socobuses, las alcaldías de Manizales y de Villamaría y las empresas de transporte público colectivo que operan en estos municipios. Por ello la acción popular que interpuso Socobuses seguirá su curso en el Juzgado Sexto Administrativo, para fallo de primera instancia.

Beatriz Eugenia Orrego, de la oficina de abogados que representa a Socobuses, explicó que buscan protección a derechos colectivos de los usuarios; por el buen servicio, la moralidad administrativa y la libre competencia.

Afirmó que reiteradamente la Alcaldía de Manizales ha otorgado rutas de manera provisional, sin pasar por una licitación pública, las que también operan en el municipio de Villamaría.

"La ley permite que se haga de manera transitoria, en circunstancias particulares y con estudios pertinentes, por cinco o máximo 10 años, pero hay rutas que llevan más de 10 años de manera provisional. Además, se ha aumentado la capacidad transportadora en la ciudad, cuando la norma también lo prohíbe".

Diferencias

Jorge Iván López, de la misma oficina de abogados, agregó que al no haber llegado a un acuerdo, la demanda sigue a práctica de pruebas y posterior fallo del juez. "Hay 27 rutas que operan con el esquema de entrega directa, que se hizo después de la reestructuración. Socobuses ha insistido en que se deben realizar procesos de selección objetiva para todas las rutas, incluyendo las dos provisionales que opera. El que se beneficia es solo el usuario".

Carlos Alberto Gaviria, secretario de Tránsito de Manizales, manifestó que la Alcaldía, amparada en normas nacionales, reestructuró las rutas en el 2015 y por lo tanto ya no hay provisionales. "Desde el año pasado se han dado dos o tres permisos, de acuerdo a la necesidad del servicio de transporte. Llegamos a donde nos diga la norma técnica, si no nos da, no lo hacemos. Las actuales son rutas asignadas".

La Alcaldía de Villamaría y las empresas Unitrans, Autolegal, Sideral, Gran Caldas y Flota Metropolitana que fueron vinculadas al proceso, se unieron al planteamiento de la Alcaldía de Manizales de no tener ánimo conciliatorio ni propuesta de pacto de cumplimiento en esta acción popular. Sostuvieron que la asignación de rutas se ajustó a las normas y consideraron que no se vulneran derechos colectivos sino que se busca es defender derechos particulares.

El ministerio público

Iván Darío Botero, representante de la Defensoría del Pueblo, dijo que en aras de garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos y con base en la selección de contratistas, este tipo de transporte es un servicio público. "Desde esa óptica la entrega de rutas, como lo señala la ley, debe estar precedida de una modalidad de selección, que es la licitación pública. Pero será resorte del Juzgado establecer si se violó un derecho colectivo, si la forma en que se entregaron los permisos es correcta y deben es participar todos los actores del servicio".