ALEXANDRA SERNA
LA PATRIA | MANIZALES
Tras 10 horas de discusión en el Concejo Municipal se aprobaron ayer en primer debate cinco proyectos de acuerdo del paquete que presentó la Alcaldía de Manizales para las sesiones extraordinarias que concluirán el próximo sábado.
Tres pasaron, sin embargo, condicionados, y la Administración se comprometió a incluir las sugerencias y resolver las dudas para los debates en plenaria, que están previstos para los próximos viernes y sábado.
LA PATRIA presenta detalles de cada proyecto.
Cómo lo votaron: los cinco concejales de la Comisión Primera respaldaron el proyecto.
Discusión: el proyecto de acuerdo crea la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial como un órgano asesor y técnico para los procesos de descentralización y de integración regional, por ejemplo con Armenia y Pereira o con los municipios de la Región Centro-sur de Caldas. La presidirá el alcalde y la formarán el jefe de la Unidad de Desarrollo Rural, el secretario de Planeación, delegados del Agustín Codazzi y Corpocaldas, y cinco expertos.
Francisco Javier González, del partido Verde, reclamó claridad frente a esas funciones para no "pisar los talones" del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y del Consejo Territorial de Planeación. El ponente, César Díaz, del partido Liberal, y José Fernando Olarte, secretario de Planeación, explicaron que el primero ayudará a revisar y reformular el año entrante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y que el otro tuvo su mayor injerencia en el diseño del Plan de Desarrollo, aprobado en mayo pasado, aunque también emitirá conceptos para la actualización del POT. Además, en el Consejo Territorial solo participan representantes gremiales y de la comunidad, mientras que en los otros hay delegados de la Alcaldía.
Cómo lo votaron: de las comisiones Primera y Tercera lo avalaron de manera condicionada siete concejales y no lo apoyaron otros tres.
Discusión: el proyecto autoriza al alcalde Jorge Eduardo Rojas para contratar a través de alianzas público privadas inversiones superiores a los 6 mil salarios mínimos mensuales (unos $3 mil 400 millones ) hasta diciembre de 2015. El tope vigente es hasta los 5 mil salarios, y cuando el monto es mayor el mandatario tiene que pedir el aval del Concejo.
De ahí que la preocupación de la mayoría de concejales fue si con esa autorización perderán la facultad del control político o de supervisar antes de que se celebre el contrato y no luego, como lo hace la Contraloría, especialmente para las inversiones de iniciativa privada. Recordaron casos cuestionados como Manizales Segura.
Juan Carlos Gómez, secretario General, hizo hincapié en que el Concejo "no perderá ese control", pero tampoco quedó claro cómo lo ejercerá, asunto que quedó pendiente para el segundo debate. El ponente, Ignacio Alberto Gómez, conservador sierrista, dijo que "de todas maneras hay que correr riesgos" en la contratación pública, pero que la ley estipula requisitos muy estrictos como la formación de un fondo o patrimonio autónomo.
Víctor Hugo Cortés, del partido Liberal, cuestionó si en las alianzas para la prestación de servicios públicos se recargaría el bolsillo del ciudadano facturándole parte de la inversión, y el secretario General aseguró que ese no sería el mecanismo.
Cómo lo votaron: lo aprobaron las comisiones Primera y Cuarta.
Discusión: el proyecto modifica el Sistema Municipal de Áreas Protegidas al incluir aquellas que sirvan para la conservación de los recursos hídricos que surtan los acueductos de Manizales. El ponente, Francisco Javier González, del partido Verde, explicó que se trata de una nueva categoría diferente a la de suelo de protección (laderas, retiros de cuencas, ecoparques, zonas de infraestructura de servicios públicos y áreas de riesgo) para garantizar el agua de consumo humano.
"Puede haber un bosque, por ejemplo, que no cumpla los requisitos como área de interés ambiental y esté cerca de una microcuenca, que solo está protegida, legalmente, 30 metros a lado y lado de una quebrada. Ese bosque podría incluirse en esa nueva categoría". Aseguró que para hacerlo toca, de todas formas, que lo apruebe el POT. La finca La Marmolera, al frente de la Planta Luis Prieto, sería una candidata para ingresar al Sistema.
César Díaz, liberal, preguntó por qué, en cambio, la finca La Aurora no está como área protegida si linda con la Reserva de Río Blanco, que hace parte del Sistema. En ese predio se prevé desarrollar un proyecto urbanístico. "Cuando se creó el Sistema, en 2004, Río Blanco ya estaba clasificada como área de interés ambiental", que según el POT exige una preservación estricta.
José Fernando Olarte, secretario de Planeación, afirmó que en la actualización del POT en 2003 parte de la finca La Aurora quedó como suelo de expansión urbana y que se distancia hasta mil 500 metros de donde comienza la Reserva. Agregó que la única manera de que sea incluida como área de protección sería en la revisión del POT del año entrante.
Cómo lo votaron: la Comisión Primera lo respaldó de manera condicionada.
Discusión: el proyecto autoriza al alcalde Jorge Eduardo Rojas hasta diciembre de 2015 para que compre bienes inmuebles en cumplimiento de sentencias judiciales, los predios de la finca La Marmolera (al frente de la Planta Luis Prieto) y los que se necesitan para el Macroproyecto San José. Se adopta de esta manera una ley que obliga a la Administración a ir al Concejo para que este avale esas adquisiciones, por mínima que sea la cuantía.
Se votó condicionado para que en el segundo debate se precise en el articulado los predios que se comprarán por fallos de acciones populares, unos serán para ampliar una vía al lado del Restaurante El Peñón y otros para construir cuatro salones en el colegio Geovani Montini, de la vereda Kilómetro 41. También se deberán especificar los predios del Macroproyecto.
Mientras Isabel Cristina Cárdenas, secretaria Jurídica, afirmó que iba a ser muy dispendioso tener que ir al Concejo cada vez que un fallo judicial ordene al Municipio adquirir un bien, el ponente del proyecto, Víctor Hugo Cortés, del partido Liberal, replicó que debía hacerse para supervisar las inversiones.
Cómo lo votaron: la comisión Segunda lo aprobó condicionado.
En qué consiste: el proyecto autoriza al Municipio para que realice un empréstito por $20 mil millones para financiar las obras por derrame de valorización de la Paralela Norte y la pavimentación de las vías en La Linda ($11 mil 500 millones); intervenir la malla vial de la ciudad y la zona rural ($5 mil millones), y mejorar la infraestructura educativa ($3 mil 500 millones).
Parte del debate se centró en por qué no se incluía en el proyecto el número de ciudadanos que tendrán que contribuir a las obras por derrame de valorización y con cuánto, información que se solicitó para la sesión con la plenaria. No obstante, el ponente Luis Gonzalo Valencia, conservador yepista, no estuvo de acuerdo con esa solicitud, pues no la considera pertinente para el objetivo de este proyecto, que es avalar un endeudamiento, "nada más".
Manuel González, del MIRA, propuso además que se aumentara el monto del crédito, hasta $24 mil millones, para invertir más en plantas educativas, pues según el diagnóstico se requieren unos $8 mil millones para adecuarlas en su totalidad. La Secretaría de Hacienda respondió, sin embargo, que había que ser prudentes y no se debía aumentar el valor.
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