LA PATRIA | Manizales
Urna de Cristal es la clave del éxito que tuvo Manizales en el estudio ‘Análisis de la contratación estatal 2014’, que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros, según la Secretaría de Servicios Administrativos de la Alcaldía de la capital de Caldas, Paula Andrea Orozco.
La ciudad se posicionó entre las cinco primeras del país, de 1.122 evaluadas, que recibieron en promedio más de 10 oferentes en las licitaciones públicas. Las demás, en promedio recibieron menos de tres propuestas por proyecto.
En Manizales, el promedio de licitantes es de 78 y sobrepasa las 100 si solo se miran obras civiles.
Ese no es el mismo panorama para los demás 26 municipios de Caldas. Salvo Riosucio y Chinchiná, en casi todas las licitaciones públicas que se investigaron solo se presentó un oferente.
Orozco explicó que la Urna de Cristal de la Alcaldía de Manizales es un programa pionero que les da a los oferentes garantías y que han tratado de vender en otros municipios del país para que lo apliquen.
"Tenemos un comité de trabajo conformado por las secretarías de Servicios Administrativos, Jurídica y Obras, ellas son los que estandarizan los pliegos. Los más complejos son los de infraestructura".
Otra ventaja de la Urna es que los ciudadanos y oferentes pueden vigilar los procesos las 24 horas a través de la página web www.urnadecristalmanizales.com, los cuales son emitidos a través de siete cámaras que permanentemente graban el espacio donde funciona esta oficina y en donde se recolecta la documentación. La página recibe un promedio de 600 visitas mensuales.
Las personas interesadas en asistir a los procesos y que necesiten conocer los horarios pueden comunicarse con la línea #100 de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. "Desde abril del 2013 funciona la Urna y solo dos veedores han participado en los procesos. Ellos quedan registrados".
La funcionaria explicó que al vicepresidente de la República, Germán Vargas, en una visita a la ciudad, le llamó la atención el modelo y está interesado en promoverlo y aplicarlo en la Presidencia.
Caldas
16 oferentes por proceso, en promedio, recibe la Gobernación en infraestructura, según el Secretario Privado, Gustavo Adolfo Castañeda.
"La Gobernación maneja obras independientes de las alcaldías de los municipios. Ellos son autónomos en sus ejecuciones y en sus gastos, y la Contraloría Departamental los vigila. Vale la pena revisar qué pasó, las alcaldías deben ajustar las medidas que propicien la confianza de los participantes", explicó sobre el mal resultado de las administraciones municipales.
Agregó que eso lo deben lograr sin transgredir la calidad de lo que se ejecute, y sin correr el riesgo de que se presente gente no cualificada por la flexibilidad.
Ante estos resultados, la Gobernación piensa implementar para junio la Urna de Cristal en sus licitaciones y así dar garantía a los procesos. "Actualmente los que hacen los términos de referencia para las licitaciones son diferentes a los que los evalúan y manejan. La Secretaría a la que corresponda la licitación es la que elabora los pliegos y requisitos, y un comité conformado por miembros de las secretarías de Planeación y Jurídica son quienes lo revisan. Antes no se tenía esa dinámica y esto permitió tener una estrategia de control preventivo".
Explicó que con la Urna se pretende generar transparencia y confianza en los procesos, por lo que se crearán veedurías ciudadanas. "Sería bueno que los municipios se acerquen a este tipo de instrumentos para que exista pluralidad en los procesos contractuales. Esperamos que a mitad de año tengamos listo el espacio físico para comenzar a operar".
Jorge Eber Wheeler, contralor departamental, aseguró que realiza el análisis del año 2014 en los municipios, pero que el resultado que arrojó el estudio de 2013 dejó en evidencia que el 80% de esas contrataciones se hizo directamente, y que si bien no es ilegal, no es lo más indicado, según la Ley 80 de 1993, estatuto de contratación pública. "La idea es terminar el estudio para determinar, si esos niveles disminuyeron como consecuencia de la función de advertencia que declaró la Contraloría en el 2014".
¿Corrupción?
El dato se convierte en una nueva y clara alerta sobre las posibilidades de corrupción o desgreño administrativo que atentan contra los recursos del Estado. El análisis hecho por la Sociedad Colombiana de Ingenieros indica que ese fenómeno puede explicarse en que la mayoría de las licitaciones que abren las gobernaciones y las alcaldías se hacen con pliegos tan complicados, dirigidos o, incluso, amañados, que apenas una o dos firmas de particulares pueden participar en la competencia.
El estudio, dirigido por el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández, incluyó las tres modalidades de contratación posible por los entes territoriales: licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos abierto, teniendo en cuenta los registros de cierre de las licitaciones y sin incluir a Bogotá. Una investigación similar, en la que sí contaba la capital, la adelanta la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Bien parados
La tendencia es la misma cuando se analizan las cifras de los departamentos (gobernaciones). Antioquia, Caldas, Nariño y Risaralda muestran promedios que tranquilizan (por tener los más de diez oferentes promedio deseados), pero entre 24 y 29 departamentos apenas recibieron tres o menos oferentes para sus procesos en los tres tipos de contratación posibles.
Procesos amañados
La presidenta de la SCI cree que tras conocer estos resultados el Gobierno debe trazarse como objetivo un ajuste reglamentario para garantizar la transparencia en la adjudicación de los recursos, aunque advierte que el problema no está tanto en las leyes vigentes, sino en la gente que las aplica.
“Se trata de eso, de la construcción de pliegos que terminan dirigidos para que participe una sola firma o dos y del uso de otros recursos, como cuando se hace selección abreviada, para la que se cumple el requisito de que haya multitud de empresas que dicen estar interesadas en participar (a veces hasta 60, entre las que la ley pide escoger una decena por una rifa), pero al final solo uno o dos de los elegidos entregan papeles; la explicación tiene que ser que ese listado inicial está confeccionado por bases de datos manejadas por terceros, con firmas que no existen, que son de partes lejanas del país o, incluso, que son sumadas al proceso sin que ellas lo sepan”.
La ingeniera Espinosa Bula dice que el principio mal entendido y mal manejado de la autonomía territorial está generando una situación muy grave en la contratación pública. “No de otra manera se explica que con las mismas normas, haya sitios en que todo opera muy bien. Ahí está el caso de Manizales, en donde el promedio de licitantes es de 78 y más de cien si solo miramos obras civiles, o el de Nariño, donde el promedio es de 48 en algunos casos”.
Cita el principio de autonomía porque la Sociedad de Ingenieros cree que la solución puede estar en tomar más acciones desde el Gobierno Nacional, como obligar a usar pliegos unificados cuando se entregan recursos para obras similares o plantear la creación de un ministerio de infraestructura, con entidades descentralizadas a través de las cuales se gestionen buena parte de los recursos.
El fenómeno lo alerta también la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su presidente Juan Martín Caicedo Ferrer lo dice claro: “Esta es una mafia que se enquistó en el territorio nacional”. El dirigente asegura que la única manera de frenar ese flagelo es implementando pliegos ‘Tipo’, un mecanismo que unifique las reglas del juego a la hora de contratar.
El Estado estudia la situación
La Presidencia de la República recibió las investigaciones, pero el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, se limitó a decirle a Colprensa: “Celebramos la contribución de ambos estudios a la compresión de los desafíos y riesgos de la contratación pública. Estudiaremos con detalle sus conclusiones y recomendaciones en una mesa de trabajo con Colombia Compra Eficiente”.
Agregó un llamado a otras entidades del sector privado y a la ciudadanía en general para multiplicar este tipo de aportes, que considera útiles para mejorar la política pública de transparencia.
CIFRA
Lo que costó la urna
La urna de cristal necesitó de una inversión inicial de $100 millones para adecuar el sitio con siete cámaras, computadores, y anualmente para su sostenimiento se invierten $80 millones para costos de administración como internet, administración de la página web.
Quienes vigilan y analizan a los oferentes
Los procesos de menor cuantía son asistidos por dos abogados, 2 verificadores de matemáticas y 2 ingenieros.
A las licitaciones asisten 4 verificadores de matemáticas, 6 ingenieros y 4 abogados.
Modalidades
1. Mínima cuantía hasta $41 millones 888 mil 750.
2. Selección abreviada desde $41 millones 888 mil 750 a $418 millones 827 mil 500.
3. Licitación desde $418 millones 827 mil 500 en adelante.
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