Mientras LA PATRIA realizaba el martes en la mañana una entrevista cerca a la terminal de buses de San Sebastián, hasta allí llegaron por lo menos 45 personas y pidieron ser escuchadas. Se identificaron como invasores de un lote en este barrio, de donde la Alcaldía y la Personería los desalojó el viernes.

Todos querían decir algo: que el desalojo no fue legal; que los sacaron a la fuerza; que era mentira que alguien les estuvieran vendiendo esos lotes, como indicó el alcalde, José Octavio Cardona; que ninguno había pagado por los lotes, y que necesitan vivienda.

Se les pidió nombrar dos voceros, y delegaron a quienes se identificaron como Martha Yaneth Cano y Duver Giraldo.

Lo que dijo el alcalde

El viernes, el alcalde explicó a LA PATRIA que recibieron información de que dos profesionales estaban incitando a la gente a que se tomara el sector, y estaban vendiendo los lotes. "Ya teníamos por lo menos 40 cambuches o ranchos ocupados, y nos dijeron que nos iban a construir 200 adicionales. No podemos dejar de garantizar el derecho a la propiedad, que en este caso es de Infimanizales y la Caja de la Vivienda, un lote que está para la venta por 11 mil millones de pesos".

También dijo que la idea es judicializar a los promotores, por el delito de incitación a la urbanización ilegal, en la que estaban engañando a la gente diciéndole que les compraran los lotes, a $2 millones y $3 millones, y que la Alcaldía regalaría los materiales.

Con los voceros

"Queremos decir que los abogados no tienen qué ver en lo que hicimos, que fue porque somos padres y madres cabeza de hogar, mujeres embazadas, desplazados. Tomamos el riesgo de meternos allá porque necesitamos las viviendas. En ningún momento los abogados nos están vendiendo lotes", sostuvo Cano.

Agregó que los abogados, de la firma Delta, llegaron a San Sebastián porque los quieren asesorar si pueden conseguir vivienda.

Giraldo, el otro vocero, señaló que por decisión propia se tomaron el terreno. "Lo hicimos para levantar la mano y decir que necesitamos una vivienda. Al alcalde le decimos: por qué no nos da la cara y nos dice qué debemos hacer quienes necesitamos una vivienda. No tenemos empleo. Si comemos no tenemos para pagar arriendo".

Les responde el alcalde

"Lo que informé el viernes fue lo que nos dijeron, me llegaron los audios. Ya denunciamos penalmente, el caso está en la Fiscalía. No puedo señalar, pero nos dijeron que era una señora de uno de los edificios y dos abogados, con nombres propios. Me limito a lo que la gente nos dijo: que estaban vendiendo lotes en esa propiedad de Infimanizales y de la Caja de la Vivienda".

En cuanto a la petición de las familias, el alcalde manifestó que no puede hacer nada. "Tengo una lista de posibles beneficiarios de programas de vivienda, y no puede ser que quien haga una invasión quede adelante en la lista. Sería un perverso mensaje decirle a todo el mundo que invada, que el alcalde por quitarse un problema sale a entregar vivienda".

Desde la Personería

La personera de Manizales, Tulia Hernández, a través de su oficina de Medios dijo que el caso no ha avanzado. El viernes, Alejandro Ramírez, personero delegado del área de medio ambiente, que participó en el desalojo con otras autoridades, sostuvo que el proceso siguió el conducto regular y que a los invasores los habían notificado días antes de la diligencia; además, que no hubo oposición. El desalojo, explicó ese día, fue parte de un incidente de desacato a una Acción Popular, que interpuso un ciudadano para que un juez solicitara a la Alcaldía desalojar a estas personas.