LA PATRIA | MANIZALES

Bernardo Franco Ramírez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, y Diego Zuluaga Triviño, exfuncionario de la Registraduría, deberán pagar, de su bolsillo, $177 millones 500 mil, por haber declarado insubsistente, en el 2001, a Alicia Sepúlveda Villa, en ese entonces registradora Especial de Manizales.

Así lo determinó un fallo de acción de repetición, del Tribunal Contencioso de Caldas, emitido esta semana. Ordena que Zuluaga Triviño y Franco Ramírez, que para la época de los hechos eran delegados departamentales, respondan por ese dinero. Se les da un plazo de 30 días, so pena de someterse a cobro coactivo. La acción de repetición la interpuso la Registraduría.

Sepúlveda Villa empezó como registradora Municipal de Estado Civil, en 1984, en Manzanares. Luego fue nombrada registradora especial de la capital de Caldas, el 3 de septiembre de 1996, hasta la fecha que se declaró la insubsistencia, por lo que presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que salió a su favor el 3 de junio del 2004, cuando el mismo Tribunal determinó que Sepúlveda Villa debía ser reintegrada a su cargo, después de que la declararon insubsistente mediante Resolución 5 del 2 de enero de 2001. También, que debían cancelarle todo el dinero que dejó de percibir desde esa fecha, avaluado en esa suma.

No se ha definido si los demandados apelarán de la decisión ante el Consejo de Estado.

El dato

En el fallo del 2004 la parte demandada dejó vencer los términos para apelar. Se ordenó a la Registraduría reintegrar a Alicia Sepúlveda Villa a un cargo igual o superior en categoría y remuneración al que poseía.