"El paramilitarismo sigue vivo", asegura el sacerdote Javier Giraldo, experto en derechos humanos

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Lo que sería una entrevista con el sacerdote Jesuíta Javier Giraldo Moreno, quizá el que más sabe de derechos humanos en Colombia, se convirtió en una conferencia magistral de realidad social y política. Esto fue el 11 de mayo en la Universidad de Caldas, a donde llegó para dar una conferencia.

Las preguntas que se le formularon resultarían casi obvias frente al conocimiento del conflicto que tiene el padre Javier, que más parece un súper héroe de las comunidades vulneradas; no con músculos, malla, escudo y capa, sino uno de cuerpo menudito, pelo canoso, gafas y ropa oscura propia de su condición sacerdotal.

Es el súper héroe de esa Colombia rural que vivió y vive en medio de la violencia, pues la paz aún no les llega: "Hay unos brazos del Estado clandestinos o semiclandestinos, que son los grupos paramilitares. Hoy día no se tolera que se les siga llamando así, pero yo los sigo llamando paramilitares, porque ese es el término apropiado", asegura.

Génesis

El padre Javier habla de dos versiones, una oficial y otra que él ha investigado.

La primera. El paramilitarismo que nació en los años 80 fruto de la decisión de gremios económicos, que para defenderse de la guerrilla constituyeron ejércitos privados y los financiaron; después llegó el narcotráfico a financiarlos más.

La real e investigada por él: En 1962, siendo presidente Guillermo León Valencia, llegó a Colombia una misión del ejército norteamericano, de una escuela especial de guerra en Carolina del Norte, creada después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la seguridad de los Estados Unidos y su hemisferio. Analizaron la situación de Colombia y dejaron instrucciones secretas, ordenando a los gobiernos colombianos empezar a entrenar grupos mixtos de civiles con militares, e irlos preparando para actividades terroristas paramiliares para combatir a los simpatizantes del comunismo.

Dice que en 1962, en Colombia, no había guerrillas ni grupos armados de oposición, porque las guerrillas liberales ya habían entregado las armas. "El presidente Valencia, un día de Navidad del año 65, expide el Decreto 3398 con el que le cambia el nombre al Ministerio de Guerra por el de Defensa, y autoriza conformar grupos de civiles como auxiliares de la fuerza pública, armados. Ahí nace la base legal del paramilitarismo".

Agrega que empieza a configurarse una doctrina militar que se va plasmando en los llamados Manuales de Contrainsurgencia. El primero como traducción de un manual del ejército de Estados Unidos, publicado en 1963, todos tratan de involucrar a la población civil en la guerra, en contra de todo lo que parezca comunismo. "Estados Unidos entra a dirigir todo el problema de la seguridad en Colombia y sus organismos, con permiso de permanencia, primero de 400 oficiales del ejército norteamericano. Hoy son por lo menos 800. Ese paramilitarismo que se creó en esa época, con todo ese piso legal, se ha vuelto a reafirmar. Aunque el Gobierno no lo quería aceptar en los diálogos en La Habana, pero les tocó aceptar y redactar un capítulo nuevo en el punto tres del acuerdo de paz, de lucha contra este fenómeno que ellos llamaban grupos criminales, algunos sucesores del paramilitarismo, pero no paramilitares".

Certezas

"Para la muestra un botón: en la comunidad de paz de San José de Apartadó (Chocó), hace tres semanas coincidieron paramilitares y militares en la aldea Luis Eduardo Guerra, de la vereda Mulatos. Hace pocos días un muchacho, que habían acusado de falsos delitos y estuvo unos tres años en la cárcel, contaba que llegaron los militares por las denuncias de la comunidad a preguntarle: ¿por aquí han pasado civiles armados? Él respondió: no, pero por ahí andan, y si ustedes no se cuidan los van a atacar también. Entonces ellos -militares- respondieron que cómo se atrevía a decir eso si son muy amigos. Esa relación de militares y paramilitares, que en muchas zonas del país ha sido tan evidente y comprobada, continúa lo mismo".

El padre Javier insiste en que bacrim es una palabra que se inventó el Gobierno para borrar el título de paramilitares porque las formas y los lenguajes los siguen utilizando, idénticos a los del pasado; defendiendo las políticas oficiales, las acciones militares, la ideología anticomunista y proliberal, atacando y estigmatizando a los movimientos sociales sean sindicales, campesinos y hasta las acciones comunales. "Están amenazando de muerte o matan a los que protestan o a los que están organizando una consulta popular o a los que se oponen a una minera. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el pasado? No veo ninguna".

Pruebas

"El caserio de San José de Apartadó está supermilitarizado, a pesar de las sentencias de la Corte que prohíben que en medio de la población civil se pongan estaciones de policía y bases militares. Desde el presidente Uribe, en un extremo pusieron el búnker de la Policía y en el otro la base militar, encima del colegio de los niños. La comunidad salió de allí el 1 de abril del 2005, cuando entraron Policía y Ejército, y se fueron para una finca, y desde ese momento la zona empezó a repoblarse, y el primer repoblamiento es con paramiliares, luego fue llegando más gente.

"Un famosísimo paramilitar de Apartadó se instaló allí, y policía y ejército se pasan charlando en un granero que puso. Últimamente el caserío se ha ido llenando de jóvenes paramilitares y la han emprendido contra la comunidad. El 22 de diciembre pasado un paramilitar le comentó a un miembro de la comunidad que tenían un plan para atacarlos y que iban a matar al coordinador general, pero que la orden era que ese hecho tuviera carácter de un atraco.

"La comunidad denunció esto por redes sociales el 22 de diciembre, y el 29 llegaron a ejecutarlo. Un primer paramilitar llega a mirar a qué hora ingresa el coordinador a una compra de cacao, y cuando se hace presente coge el celular y avisa. Llegan otros cuatro en moto, armados, y empiezan a empujar a varios de los que estaban cerca a que se metieran en la oficinita del cacao para poder buscar plata y robar algo.

"Unos niños que estaban cerca vieron la cosa muy sospechosa y empezaron a gritar que estaban entrando los paramilitares. Vinieron otros y uno alcanzó a disparar, pero los de la comunidad le agarraron el brazo y el tiro se fue al suelo. Vinieron otros de la comunidad y empezaron a desarmarlos y a inmovilizarlos. Lo lograron con dos. Los demás vieron eso difícil, cogieron sus motos y salieron volados. Quedaron varios heridos porque cuando vieron que les quitaron el revólver sacaron un machete y en el forcejeo se cortaron varios dedos.

"Subió la Policía a que se los entregáramos, yo estaba ahí, y la gente dijo no, ustedes son los que nos han matado a todo el mundo. Llegó la Defensoría y la Procuraduría, tampoco se les quiso entregar. Llamó el vicepresidente y el ministro del Interior y dijimos que los entregábamos a un alto funcionario. Toda esa tarde la pasamos en negociaciones, al otro día llegó el viceministro del Interior, se hizo una ceremonia y se les entregó con un acta.

Se les trató muy bien, se les dio comida, se les curaron las heridas, pero al otro día ya estaban libres y todo el mundo los vio en las calles de Apartadó. Lo peor es que empezaron a amenazar, pusieron una denuncia contra la comunidad por secuestro, expediente que está activo. Dicen que les violaron los derechos humanos porque los amarraron. Esa es la justicia que tenemos".

Su propuesta: al corazón

Lo que sugiere el padre Javier es tocar el corazón del paramilitarismo, y esto es tocar la relación entre el Ejército, la Policía y estos grupos, que es lo que los protege y les da seguridad.

"La experiencia de San José nos muestra que cuando ocurren todas estas atrocidades (masacres, desapariciones, bombardeos, destrucciones de viviendas y de cultivos) se hace la denuncia, pero todo es inútil. Jamás pude ver que los investigadores fueran a asomarse a la brigada a preguntar quiénes estaban en esos sitios prestando servicio. Durante muchos años pedí esas informaciones al Ministerio de Defensa, jamás me las quisieron dar. Acudí a la Corte Constitucional y ordenó que me los dieran, pero durante 10 años han desacatado las órdenes de la Corte con excusas como que es información de reserva o que va contra el debido proceso.

"La Corte saca otro auto diciendo que ningún argumento de esos es válido y que han desacatado, pero tampoco cumplieron. Unos paramilitares se han acogido a la Ley de Justicia y Paz y a sentencia anticipada, les han acomodado todos los crímenes, pero no son paramilitares importantes, las cabezas siguen ahí. El corazón se tocaría si cuando hay un crimen, inmediatamente se suspende al jefe de la unidad más cercana y se hace una investigación rápida para saber hasta dónde fue la complicidad, activa o pasiva, de esa unidad. Y si en una semana se comprueba que fue una complicidad, viene el segundo paso que es la destitución, pero eso lo rechazaron de plano en La Habana".