Dos proyectos con visos de ilegalidad

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Se les advirtió, es la frase popular que puede aplicar el concejal Manuel Correa, del Partido de la U, sobre los argumentos que dio el 1 de julio para que aplazaran el proyecto de reestructuración de la planta de personal de esa corporación.

La iniciativa pasó con 10 votos de las nuevas mayorías: Francisco Javier González, del Partido Verde; los conservadores yepistas Luis Gonzalo Valencia, Lucelia Yepes y Óscar Andrés Gómez; los liberales Víctor Hugo Cortés, Óscar Alonso Vargas y Hernando Marín; de la U Herman Loaiza; del MIO Gladys Galeano, y de Cambio Radical Orlando Quiceno.

No obstante, el pasado 10 de julio el alcalde Jorge Eduardo Rojas lo objetó en derecho y no lo sancionó para que se convirtiera en acuerdo municipal. La objeción firmada por el mandatario indica, entre otros aspectos, que el proyecto viola la Ley de Garantías, le faltan certificados de disponibilidad presupuestal para las indemnizaciones de empleados de carrera administrativa que ocupan puestos que se suprimirán, y no se ven los requisitos legales para acceder a los cargos de carrera administrativa.

No citan

La reestructuración plantea pasar de 16 cargos a 26, suprimiendo 5 y creando áreas Jurídica, de Talento Humano, de Atención al Ciudadano, de Gestión y Administración de los recursos físicos y el cargo de director de Archivo. Busca pasar de cargos de libre nombramiento y remoción a carrera administrativa, en un 95%.

El escrito de objeción del alcalde lo recibió el Concejo el 13 de julio, ya han pasado 16 días y no se pone a consideración de la plenaria. “Reclamamos a la Presidencia darle el trámite de ley, debe ser inmediato. La ley dice que si no estamos sesionando se debe citar a extras para estudiarlo. Explican que están haciendo un estudio jurídico, pero la decisión es de la plenaria para que cada concejal vote”, asegura Correa.

Si la plenaria aprueba las objeciones, se corrige el proyecto y se devuelve al alcalde para que lo sancione. Si el Concejo no acepta, vuelve al alcalde paraque, en un término de 10 días, lo envíe al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que dirá quién tiene la razón.

El presidente del Concejo, Francisco Javier González, dice que no es cierta la inmediatez para someterlo a la plenaria, que es una interpretación de Correa. “Tocará tramitarla en octubre, no ahora, porque hay mucha presión política. También nos queremos tomar el tiempo necesario para que nos quede bien hecho el documento”.

A las carreras

La posición del concejal Correa, es la misma de Hernán Alberto Bedoya, Juan Carlos Arbeláez y Juan Sebastián Gómez por el Partido de la U; Jhon Hemayr Yepes, del Partido Verde; César Augusto Díaz, del Partido Liberal, y los conservadores sierristas Ignacio Alberto Gómez y Julián Eliécer Fonseca.

Correa afirma que está bien el ejercicio de las mayorías, “quienes las hemos tenido son para tomar decisiones, pero hay que blindar jurídicamente las cosas para que no flaqueen. Ha faltado estudiar más a fondo los proyectos, los han hecho a las carreras”.

Esto porque el pasado lunes aprobaron en primer debate otro proyecto presentado por los 10 concejales de las nuevas mayorías, que busca que el Concejo recupere las facultades, hoy en el Invama, para decidir sobre obras que por valorización se vayan a realizar en la ciudad, y que según las minorías también sería ilegal (ver recuadro).

Uno más

Francisco Javier González, presidente del Concejo, explica que según la Constitución es función de los concejos determinar qué obras van por derrame de valorización, y que el de Manizales la debió recuperar hace mucho tiempo. “Cuando pasó al Invama debió haber sido temporalmente. Queremos dotar de fortaleza institucional al Concejo, pues la responsabilidad política está recayendo sobre nosotros, pero las decisiones las está tomando el Invama. Queremos democratizar la Junta del Invama, que es hecha a la medida de un alcalde. La propuesta es que sea con cuatro funcionarios de la Alcaldía, dos personas de la comunidad designadas por el Concejo, el Personero y un delegado de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos.

El concejal Manuel Correa votó en contra de esta iniciativa por razones de legalidad. Asegura que hay proyectos que son de iniciativa exclusiva de la Alcaldía, como contempla la Constitución y la Ley 136, o pueden ser de iniciativa de los concejales, pero con la anuencia de la Administración. “Este proyecto no cumple. Los acuerdos que modifiquen las funciones del Invama en sus competencias o estructura orgánica deben ser iniciativa del ejecutivo”.

Agrega que los concejos no pueden tener familiares o terceras personas participando en juntas directivas porque viola el principio de la división de poderes. “Estamos para hacer control político y si nos metemos a designar a otras personas estamos coadministrando. Pedimos a los ponentes que retiren la proposición”.

Andrés Sierra, del MIRA, sostiene que el Concejo debe tener las funciones constitucionales y legales de definir las obras por valorización, pero teme que alregresar al Concejo se presenten malos entendidos. “La comunidad podría pensar que haya corrupción de los concejales para definir una obra, como se ha presentado en algunas ciudades del país”.

El secretario general de la Alcaldía, Carlos Arturo Agudelo, dice que el proyecto tiene problemas en su estructura. Carlos Alberto Ospina, gerente del Invama, explica que estas funciones las asumió este Instituto desde 1987, refrendadas en 1995, y que como está, la iniciativa no cumple.

Fotos | Archivo | LA PATRIA

Francisco Javier González, presidente del Concejo.

Manuel Correa, concejal del Partido de la U.