MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En fallo de segunda instancia, la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior confirmó el jaque a los propietarios de 10 casas del conjunto cerrado Santa María del Camino, en Manizales.

Si el ingeniero que las construyó no corrige en 30 días hábiles la falta, al sobrepasar 3 metros del lindero con el conjunto Arboletes, la Secretaría de Obras Públicas las tendrá que demoler.

El alcalde, José Octavio Cardona, convocó ayer a una reunión con los afectados y sus abogados. "Tengo el deber de informarles del fallo, no puedo llegar con retroexcavadoras a tumbar las casas. Si consideran que tienen acciones de tipo constitucional, para que sus derechos no se les afecten de esa manera, miren qué van a hacer. Mientras un juez no me dé una orden contraria, tengo que cumplir la sentencia".

Completas

El Tribunal confirma la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito, que ordenó en octubre del año pasado las demoliciones (ver recuadro El proceso). El ingeniero constructor es Gustavo Castaño Loaiza, a quien no han podido ubicar los afectados ni sus abogados, ni la Alcaldía. El Tribunal le impone además una multa de $160 millones.

Él deberá eliminar lo que edificó sobre terrenos de Arboletes, de lo contrario la Alcaldía demolerá las 10 casas completas, no los pedazos de patios, explicó el mandatario.

En este caso hay varios puntos en contra de los afectados. Pensar que ellos tumben el exceso de construcción les obliga a tener una licencia de reconocimiento expedida por una curaduría urbana, y para hacerlo deben buscar que un juez los declare infractores y les dé un plazo para acogerse a lo que ordena la sentencia.

Contemplar que el constructor pague la multa lo ven difícil, porque no le han encontrado recursos para que responda. El fallo lo notificaron el pasado lunes a la Alcaldía, pero se tiene que notificar a todas las partes, y desde ahí se contarán los 30 días hábiles.

Fotos | Archivo | LA PATRIA

Entradas de los conjuntos Arboletes y Santa María del Camino.

Presuntos fallos

El abogado Óscar Tabares, representante de una propietaria, señala que los fallos violaron el debido proceso al no aceptar que una afectada fue vinculada. Acudirá con otros defensores a un juez constitucional porque consideran que se viola el derecho a una vivienda digna. "Mi representada no fue la responsable de una licencia de construcción. La Administración fue pasiva, debieron haber parado las obras en su momento y evitar que las vendieran. Pediremos la suspensión de la ejecución de la sentencia".

El proceso

* 22 de febrero del 2011. La Curaduría Primera dio licencia de construcción a Gustavo Castaño Loaiza para la tercera y última etapa de Santa María del Camino: 10 viviendas unifamiliares, salón comunal y portería. 1.229,6 m2 de área construida.

* 23 de septiembre del 2011. Castaño Loaiza indicó a Planeación que demolió voladizo realizado sin aprobación en la licencia, abrió los garajes y demolió muros de patios.

* 7 de mayo del 2014. La Inspección de Control Urbano de la Secretaría de Planeación multó con $110 millones 764 mil 936 a Castaño Loaiza por no respetar el retiro del predio vecino y ordenó demoler las obras ilegales.

* Diciembre del 2015. El entonces administrador de Arboletes, Giovany Murcia, solicitó visita de Planeación.

* 8 de enero del 2016. El secretario de Obras Públicas, César Alberto Gutiérrez, dijo que su despacho no cuenta con presupuesto para demoler.

* 30 de junio del 2016. La administradora de Arboletes solicitó cumplir las resoluciones. Planeación le responde que el 30 de octubre del 2014 ofició a la Tesorería Municipal para que cobre la sanción, y el 5 de enero de ese año solicitó a Obras Públicas la demolición. Tesorería dijo que adelanta cobro coactivo contra Castaño Loaiza.

* 26 de julio del 2016. Arboletes presentó acción de cumplimiento contra la Alcaldía para que ordene demoler las obras.

* 4 de octubre del 2016. El Juzgado Segundo Civil del Circuito ordenó ejecutar las demoliciones e imponer multa.

* 6 de octubre del 2016. El Municipio decide no apelar.

* 26 de octubre del 2016. El Juzgado recibe recurso de apelación y el caso pasa al Tribunal Superior Sala Civil.

* Enero del 2017 el Tribunal confirma la decisión del Juzgado Segundo.