Contralorías: ¿por qué tanta demora?

CARLOS HERNÁNDEZ

LA PATRIA | MANIZALES

¿Se ha perdido plata en Aerocafé? ¿Está comprobado que las finanzas de la Industria Licorera de Caldas se pusieron en riesgo por haber regalado entre enero y abril pasados 10 mil 271 botellas como degustación? ¿La crisis por corte de agua en Manizales, el año pasado, implicó un detrimento patrimonial?

Estas son preguntas que deben responder las contralorías, sea la General de la República o las de Caldas y Manizales, encargadas de vigilar que los dineros públicos no se despilfarren. Las anteriores son presuntas irregularidades, entre otras muchas, que esos organismos de control dieron a conocer públicamente a manera de apertura de investigaciones o de llamados de atención. Después de la bulla, sin embargo, poco se ha sabido de definiciones. ¿Qué pasa?

Los reclamos llegan de todas partes. Concejales y diputados piden contundencia, sobre todo cuando estallan escándalos. No ha faltado quien solicite que esos organismos se acaben. El expresidente Álvaro Uribe en el 2003 promovió un referendo que, entre otros puntos, contemplaba la eliminación de las contralorías territoriales, argumentando que se trataba de fortines políticos poco efectivos y que su inexistencia permitiría ahorrar presupuesto e invertirlo en educación. Una propuesta que, a pesar de haber ganado adeptos, no caló.

Lo cierto es que solo este año la Contraloría de Manizales ha hecho hallazgos que ponen en duda la inversión de $1.975 millones que han hecho entidades del municipio. En el caso de Caldas, los hallazgos del ente de control departamental ponen bajo la lupa $8 mil 84 millones. Se trata de cantidades considerables de las cuales, lo ideal, sería tener claridad con prontitud.

Las demoras

El fallo de un proceso de responsabilidad fiscal, con el cual las contralorías determinan si efectivamente hubo detrimentos y quiénes son los culpables, puede demorarse hasta cinco años. De ahí que el contralor de Manizales, Lindon Alberto Chavarriaga, advierta que él, por ejemplo, puede irse del cargo, en diciembre del 2015, sin que aún se conozcan decisiones sobre procesos que abrió este año.

"Estamos en un Estado Social de Derecho en el que la gente tiene derecho a la defensa", indica. "También influyen las estrategias de los abogados". Tratar de acelerar los procesos, agrega, sería imprudente, pues es necesario dejar que la investigación avance en los términos legales.

Un caso diciente es el del exgobernador Mario Aristizábal, quien en septiembre del 2011 dejó anticipadamente el cargo, suspendido por orden de la Contraloría General de la República. El ente de control justificó la decisión en que el entonces mandatario podría entorpecer la investigación que se adelantaba por presuntas irregularidades en la prórroga del contrato de concesión del chance en el 2008. Hoy aún se desconoce el pronunciamiento definitivo, más de un año después del episodio y 11 meses después de que la Procuraduría General destituyó e inhabilitó al exmandatario, pero por faltas disciplinarias.

El contralor de Caldas, Jorge Éber Wheeler, acepta que los términos son demorados, aunque plantea que él y sus colegas deben comprometerse a adoptar decisiones durante los cuatro años que comprende su periodo. Considera que un proceso de responsabilidad fiscal basado en hallazgos bien fundamentados puede definirse en dos años.

De todas formas se queja por la falta de personal, algo que también toca a la Contraloría de Manizales. En esta contaban con 150 funcionarios en el 2001, mientras que hoy solo llegan a los 34, 26 de los cuales se dedican a hacerle auditorías a 82 entidades del municipio. En la departamental llegaron a tener 300 funcionarios, pero ahora cuenta con 60. Lo más dramático es que, según Wheeler, cuatro abogados están a cargo, cada uno, de 50 procesos, situación que necesariamente influye en la demora. Ambos contralores, además, argumentan que falta presupuesto suficiente.

Otros factores

Muy a pesar de que existen dificultades como las descritas, hay quienes han identificado vicios en el proceder de los contralores, entre los que se incluye la influencia política, algo que niegan Chavarriaga y Wheeler.

El profesor Manuel Alberto Restrepo Medina, titular en la Universidad del Rosario y coautor de un libro sobre control fiscal territorial, critica también la tendencia a mostrar hallazgos, producto de auditorías, que implican supuestos daños al patrimonio público, pero que a la hora de confrontarlos con pruebas y con la defensa de los presuntos responsables se caen porque tienen poco peso. Esto hace que la alharaca de un comienzo termine en una desinflada total y, lo peor, después de varios años.

Más allá del afán, esa situación puede tener razones de más fondo. Un informe de los investigadores Edilberto Peña y David Aldana, también del Rosario, determinó que "el nivel de profesionalismo en promedio es muy bajo" en las contralorías municipales y departamentales, lo que influye, indican, en la eficacia del control.

Otro punto del profesor Restrepo Medina es el siguiente: "la presión mediática por resultados ha llevado a las contralorías a creer que multiplicando los hallazgos de daño al patrimonio público muestran una gestión eficaz, dejando de lado lo verdaderamente importante, que es la evaluación del desempeño de las entidades que auditan".

Chavarriaga, el contralor de Manizales, muestra con orgullo que este año, hasta noviembre, su despacho había realizado 218 auditorías, y agrega: "son nuestra función principal. Lo que hacemos son hallazgos, y bien hechos, además de funciones de advertencia". En otra línea, Wheeler, su homólogo en Caldas, aunque también saca pecho por su trabajo, afirma que le interesa más la calidad que la cantidad, y hasta la semana pasada ajustaba 105 auditorías.

Ambos, eso sí, coinciden con el profesor en que su función primordial debería ser, por encima de la detección de detrimentos patrimoniales, la prevención y la posibilidad de contribuir con el desempeño de las instituciones que evalúan, sobre todo si exigen el cumplimiento que estas presentan después de cada auditoría.

Peros mayores

Lo cierto es que las contralorías tienen que cumplir con esas dos funciones: evaluar y castigar. El docente Restrepo Medina afirma, por eso, que están mal concebidas, pues en su concepto solo deberían dedicarse a lo primero. "Establecer las responsabilidades patrimoniales de las entidades que previamente han evaluado debería ser una tarea propia de la actividad judicial", puntualiza.

Otro pero mayor es que, como lo dice el contralor de Caldas, "la Contraloría siempre llega después, y da resultados más tarde". Esto no es capricho, pues la Constitución del 91 estableció que estos entes de control deben hacer un control posterior, y no previo, a la inversión de los recursos públicos.

Hay mecanismos que se han buscado para tratar de ser efectivos a pesar de estas condiciones. El contralor de Manizales es amigo de las auditorías exprés, es decir, evaluaciones que se hacen casi inmediatamente se conoce una denuncia. Este año ha adelantado 42.

En cambio, su colega Wheeler dice no ser amigo de estas, por considerar que carecen de profundidad, y ve posibilidades de celeridad en los procesos orales, "que pueden durar entre ocho meses y un año" y quiere implementar desde el 2013.

Sea cual sea el mecanismo que los lleve a ser más eficaces, está claro que es necesario hacer reformas. Unas son de fondo y se salen de las manos de los contralores locales, pero otras tienen que ver directamente con la forma como ellos perfilen su gestión, algo que requiere de una enorme voluntad.

Pendientes

Contraloría General de la República

*Presunto detrimento patrimonial en Aerocafé por $17 mil 281 millones por inversión en terraplenes y en obras que “no han resultado efectivas para corregir las inestabilidades presentadas". Enero del 2011.

*Irregularidades en la reforma a la concesión del chance en Caldas en el 2008, que redujo en $9 mil 231 millones las transferencias a salud. Abril del 2011.

Contraloría de Caldas

*56 procesos de responsabilidad del 2012 y 186 que quedaron del 2011. Los hallazgos hechos este año comprometen $8 mil 84 millones.

Contraloría de Manizales

*39 procesos de responsabilidad fiscal vigentes, que ascienden a $14 mil 723 millones. Las instituciones más comprometidas son la Empresa de Renovación Urbana ($12 mil 233 millones) y la Caja de la Vivienda Popular ($633 millones).

*26 indagaciones preliminares.