MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES
Ocho viviendas, un taller de pintura y láminas, dos parqueaderos y un gallinero hay en carrera 32C #53-37 en el barrio Camilo Torres, predio que la semana pasada la Secretaría de Planeación selló por ser ilegal, y que podría derrumbar.
Según José Fernando Olarte, jefe de ese despacho, el propietario intervino la ladera sin estudios técnicos ni la licencia de una curaduría y le vendió lotes a particulares. "El dueño ha llenado y nivelado los terrenos con escombros".
El señalado ya tenía procesos en la Alcaldía por ocupación y movimientos de tierra. "La disposición de escombros podría tapar la quebrada San Luis y ocasionar un problema mayor, como un deslizamiento", indicó Juan Carlos Barrera, secretario Municipal del Medio Ambiente.
Predio familiar
Gustavo Martínez Arboleda, dueño del predio, aceptó que no solicitó licencias para mover tierras y construir, pero que espera legalizar.
Explicó que hace 10 años compró un acta de posesión del terreno, que hizo parte de una finca, pero que hace tres años empezó a tramitar una escritura, documento que necesita para las licencias.
"No es una urbanización ilegal, cada miembro de la familia tiene su vivienda, eso es distinto a que sean particulares. Aunque es mi terreno puedo venderle a cualquiera para que construya su casa. Para eso lo compré, para mejorarlo", manifestó Martínez.
Indicó que paga impuestos y que cada casa tiene servicios públicos que pagan sus cinco hijos. Añadió que este año ampliaron unas viviendas y levantaron un muro para dividir un lindero.
Sobre el manejo de escombros, aceptó que recibieron material, pero que la arena, tierra y piedras que tiene en el parqueadero son para asentar el terreno y mejorar la vía de acceso.
"No arrojamos residuos a la ladera ni a la quebrada, no queremos poner en peligro a la familia. Incluso ya están naciendo plantas. La entrada la mantenemos con candado", dijo Martínez.
Más procesos
El secretario de Planeación indicó que a Martínez se le abrió un proceso por infracción y sanción, del que le notificaron desde el pasado 27 de marzo, y a inicios de este mes sellaron la entrada y cuatro nuevas construcciones mientras se desarrolla el caso.
"Queremos evitar engaños a las familias y que tengan que responder a sanciones administrativas y civiles, porque serían corresponsales de la urbanización ilegal". (Ver recuadro Para denunciar).
Olarte aseguró que Martínez también podría afrontar demandas civiles y penales por estafa, y advirtió que podría pagar una multa y las ocho viviendas serían derribadas.
Para denunciar
José Fernando Olarte, secretario de Planeación Municipal, indicó que las personas que compraron un lote o una vivienda en el predio del Camilo Torres deben denunciar el hecho en la Inspección de Control Urbano (edificio de la Alcaldía, tercer piso). "Es esencial que lo hagan para que salven responsabilidades y si consideran, instauren las demandas civiles y penales".
Recordó que en ese despacho o en las curadurías urbanas se puede consultar si un particular tiene permiso de construcción.
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