Avanzan las construcciones en invasión de Bajo Cervantes

Una mujer de 59 años fue la primera en invadir, hace dos meses, una ladera de protección ambiental de Bajo Cervantes, donde la Policía estuvo el pasado domingo intentando desalojar algunas estructuras de esterilla, cartón, tapetes y plásticos. "Vivía de arrimada por allí cerquita y decidí armar la casita. Me la pasé cargando madera del frente (escombrera de Villahermosa)", relató Aracelly Betancur.
Tras ella, otros residentes del sector iniciaron la construcción de sus nuevas viviendas y aseguran que luego las revocarán, pues quieren que sean "dignas". La idea es levantar 52 estructuras para 162 niños, adultos y ancianos. Aunque son conscientes de que invaden un terreno del Municipio, niegan que haya riesgo, pese a que el Plan de Ordenamiento Territorial declara la zona con amenaza de deslizamiento y se observan cerca tres pantallas de concreto, una de ellas por un derrumbe de hace 16 años, según la comunidad.
"Aquí había casas hace 25 años, pero a esas familias las reubicaron en El Paraíso. Además, todo lo que usted ve alrededor son invasiones, que se han ido legalizando pues les instalan los servicios públicos", sostuvo Jorge Alberto Meza, líder del sector. Agregó que la ladera hacía parte de un terreno que consiguieron unos políticos para la construcción de viviendas, pero la Alcaldía insistió en que hoy el sitio no es habitable.

Habrá desalojo

Las banderas de Colombia que hay en cada estructura, por lo menos 12 habitadas, asemejan la invasión a una conquista. También se ven banderas de papel bond pintadas con corazones y la palabra "paz". Por eso los invasores niegan que el pasado domingo hayan cargado piedras, palas y picas para amedrentar a la Policía. "Somos gente pacífica, lo único que queremos es que venga el alcalde para hallar soluciones", aseguró Lina Uribe.
Ella, madre cabeza de hogar, justificó que la falta de empleo, los atrasos en los pagos de arrendamiento y la convivencia de hasta cuatro familias en una sola casa llevaron a que la comunidad se tomara el terreno. Incluso hay una anciana proveniente de Aguadas que se sienta a diario a tejer sombreros de paja en el lote donde quedaría su vivienda.
La falta de servicios públicos y que haya canalizaciones de aguas residuales tampoco son obstáculos para acomodarse. Cada estructura les cuesta entre $500 mil y $600 mil, e incluso hay quienes gastaron el dinero de los subsidios de sus hijos en los materiales. Otros, como César Jaramillo, aún no han terminado la estructura, pero aún así ya la habitan.
Los invasores advirtieron, además, que si ayer la Alcaldía no los visitaba, continuarían construyendo. "Acordamos con la Policía que parábamos y que  hoy (ayer) venía alguien para escucharnos".
Paula Andrea Sánchez, secretaria de Gobierno, negó que se hayan comprometido a ir y aseguró que continuará el operativo de desalojo, pero no dio la fecha por razones de seguridad. Frente a las primeras invasiones, pues hay otras cercanas (en el Bajo Andes), dijo que no podía responder pues apenas se posesionó el pasado 21 de septiembre.